No son 51 muertos

La Plata: Las denuncias realizadas al 911 no fueron tenidas en cuenta para contabilizar las muertes y desapariciones durante la inundación. En los hospitales de la ciudad aparecieron más casos.

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Foto: Perfil

 

Abandono, bronca, tristeza, conmoción. Son algunas de las sensaciones que sacuden las calles de la cuidad de La Plata. El desastre (nada natural) que el pasado martes 2 de abril afectó a 400 mil personas y destruyó total o parcialmente 58.582 edificaciones (casas, comercios, hospitales), todavía sigue arrojando terribles resultados. Toneladas de basura en las veredas, focos infecciosos. Riesgos sanitarios de envergadura, colapso del sistema de salud, contaminación de napas, zonas sin luz, sin gas, sin agua. Se calcula que las pérdidas económicas rondan los 800 millones de dólares (78 mil pesos por familia) y que los evacuados son más de 2000. En una ciudad donde la mitad de la población (según el INDEC) recibe ingresos menores a los 3000 pesos, en los últimos años los problemas habitacionales se han agudizado. Han crecido exponencialmente los asentamientos y las viviendas precarias a los alrededores del casco urbano y del arroyo El Gato, que está mal entubado y se desborda con facilidad. En el año 2008 se alertó a los funcionarios sobre la necesidad de obras y reformas hidráulicas para evitar inundaciones, aun con lluvias “normales”. No hicieron nada. La gestión de Bruera derogó el Código de Planeamiento Urbano y dio rienda suelta al boom inmobiliario, permitió la construcción de edificios en zonas verdes, sustituyendo los jardines por cemento. Este ha sido uno de los factores más influyentes para que se provocara la inundación, ya que se impermeabilizó el suelo y colapsó el sistema de infraestructura. Como en la masacre de Once, vuelve a ponerse en evidencia el entramado de negociados que une a funcionarios con empresas, en este caso de la construcción, en aquel otro del transporte. El convidado de piedra a estos festines millonarios siempre es el pueblo.

 

 

¿Cuántos muertos?

El gobernador Scioli ratificó el lunes pasado que la lista oficial que confeccionó el Ministerio de Seguridad (a cargo de Casal) se cerró en 51 muertos. En esa lista figuran únicamente las muertes denunciadas por los familiares a la justicia penal, no al 911 que se acercan al número de cien. En estos casos la Policía Bonaerense actuó con los mimos métodos de la dictadura, de forma deliberada permitió que los familiares enterraran los cuerpos, incluso que los inhumaran, sin que se haya podido constatar judicialmente las causas de la muerte y sin informar a la justicia como deben hacer cuando se trata de muertes traumáticas. Tampoco figuran en la lista menores de edad, lo que choca con los testimonios de varios vecinos que han visto niños arrastrados por el agua y que están muertos o desaparecidos. No figuran Ada Teresa Rodríguez de Castro, Edgardo Reguera y Nélida Reyes, que si están en la nómina de la Policía Científica. Scioli tuvo que reconocer la existencia de 37 muertos más, pero adjudicó la causa de esas muertes a circunstancias ajenas a la inundación (muertes naturales). Con total impunidad niega la relación que existe entre esas muertes y el temporal. Prometieron asistencia sanitaria, pero hubo personas que murieron esperando atención médica. Hubo muertos en los mismos hospitales afectados por el temporal, paros cardiorrespiratorios producidos por el frío, o por la falta de luz y de gas. En el Hospital Español hubo tres fallecidos entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles, en el Hospital San Roque de Gonnet hubo cinco que tampoco están en la lista oficial. En el Hospital San Martín el número aún no está claro, pero sería más elevado. El sistema de Salud debe informar en detalle las causas de esas muertes y el Ministerio de Seguridad debe actualizar la nómina de muertos. Le caben responsabilidades políticas en este punto.

 

 

 

Los desaparecidos

En un país donde hablar de desaparecidos es hablar del terror, de la persecución, volvemos a enfrentarnos a esta palabra que nos recuerda lo peor que hemos vivido en el último tiempo: la dictadura. Parece mentira que de nuevo haya que recorrer los ministerios, las comisarias para saber algo de un amigo, un hermano.

Según la versión oficial hay un desaparecido. Según los vecinos y las denuncias hechas al 911 hay cerca de veintitrés personas que aún no han sido encontradas. El defensor del Fuero Penal Juvenil, Julián Axat, inició un requerimiento a la justicia para que se aclare la situación. Él mismo recorrió los barrios más afectados, habló con vecinos que aún están buscando familiares. El juez Luis Arias tomó el reclamo, ordenó la inspección de la morgue del cementerio local para identificar los cuerpos, pero negaron el ingreso. Por otro lado constató la veracidad de las denuncias hechas al 911 que desconoce el Ministerio de Seguridad. En el marco de esta investigación, Arias recogió testimonios de vecinos que suman por lo menos 12 nombres más a la lista de muertos.

 

 

¿Por qué ocultar la realidad?

Los gobiernos quieren dar vuelta la página, decir ya está, son 51 muertos y 1 desaparecido y a otra cosa. En un año electoral nadie quiere pagar el costo político de un desastre que puedo haberse evitado, de una ayuda que no llegó. Familias enteras esperaron toda la noche y toda la mañana la asistencia de bomberos o policías que las rescatara del agua y las evacuara. Hubo ineficiencia, abandono, desidia. En esas horas de espanto la única salida fue la autorganización de los vecinos.

Desde todos los niveles del Estado deberían dejar de falsear el asunto y declarar la emergencia nacional, constituir un fondo de crisis, asistir a todas las zonas afectadas, indemnizar íntegramente los daños sufridos, no cobrar impuestos. Así lo exigen las circunstancias, y la legislación vigente en materia de inundaciones del campo (Emergencia Agropecuaria Ley 26.509/2009). Sin embargo Cristina Fernández, Scioli, Macri, Bruera, que deberían construir de forma urgente las obras y desagües necesarios para que esto no vuelva a suceder con la próxima lluvia, se pelean entre ellos (lo que confirma las responsabilidades políticas que tienen) y ofrecen créditos a la gente que perdió todo y que no puede ni piensa en endeudarse. Para recibir los subsidios que anunciaron el viernes, se requieren trámites burocráticos insufribles. Hay que obtener el “certificado de damnificado”, con la certificación de domicilio y DNI, cosas que la mayoría perdió en el temporal. Además hay que hacer largas colas para recuperar documentación del trabajo, justificar ausencias. No hay nadie en los ministerios, gran parte de los trabajadores estatales también están sufriendo las consecuencias del desastre. El retorno a las clases es una ilusión. Muchos colegios han sido inundados y funcionan como centro de asistencia, así como casas particulares de vecinos, centros sociales, facultades. El Estado está desbordado, las ambulancias móviles no llegan a los barrios y la distribución de las donaciones esta desmadrada entre los punteros oficialistas. Algo parece haber explotado. La ayuda que prometieron tiene que ser inmediata, con la sola comprobación del domicilio. Estamos frente a un verdadero desastre social y los gobiernos se muestras incapaces de dar una salida.

Han sido los vecinos y las organizaciones sociales, los que han puesto el pecho, solidarizándose con los damnificados, yendo a los barrios a colaborar en la reconstrucción de las casas, a llevar agua, comida, colchones, abrigos. Saben que eso no es suficiente, que es el Estado el que tiene que ofrecer salidas de fondo. Hay un punto de inflexión en la conciencia colectiva, un fuerte lazo une a la población como paso con Cromañón y la masacre de Once. Hay bronca, mucha bronca, un hartazgo infinito y ganas de esto cambie. No tienen nada que perder.