Los genocidas caminan por el norte patagónico

Más de siete meses, alrededor de doscientos testigos, treinta y nueve víctimas, veintiún imputados. La “Casa de las Madres” Alto Valle baleada. Ocho absueltos y trece penas en su mayoría muy inferiores a las solicitadas por las querellas fueron el resultado de la justicia ante la extensa lucha presentada desde diversos sectores vinculados a los Derechos Humanos en Río Negro y Neuquén.

 

Tras algunas postergaciones que más que trabas burocráticas parecían burlas, el juzgamiento de los veinticuatro genocidas que terminaron siendo veintiuno por el apartamiento de tres de ellos, respaldado en sus estados de salud comenzó a fines de marzo y finalizó la semana pasada. Se trató del segundo tramo de los juicios por la causa conocida como “Escuelita” que refiere a los delitos de lesa humanidad ejercidos en el área del Alto Valle de Río Negro y Neuquén subzona 5.2 durante la última dictadura cívico militar.

En el año 2008 se llevó a cabo el primer tramo de este juicio contra ocho militares imputados también en el que concluyó hoy por el secuestro, tortura, desaparición y muerte de diecisiete víctimas, resultando condenados con penas que van desde los siete hasta los veinticinco años de prisión. En esta segunda etapa ya no se juzgó solo a militares, sino también a personal de gendarmería, de la policía de Río Negro y a civiles involucrados por los delitos de lesa humanidad cometidos sobre treinta y nueve personas, de las cuales seis se encuentran desaparecidas.

Para este tramo de los juicios fueron reconocidos como centros clandestinos de detención, además de la famosa “Escuelita” ubicada tras el Batallón 181, las comisarías de Cipolletti y Cutral Co, la sede de la Policía Federal en Neuquén capital y la Unidad Penitenciaria N°9.

El tribunal estuvo conformado por los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom, Mariano Lozano y Norberto Ferrando y se presentaron como querellantes la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el abogado Marcelo Hertzriken Velazco como apoderado de una de las víctimas.

Las víctimas por las cuales se juzgó a los genocidas en esta etapa fueron Orlando Santiago Balbo, Carlos José Kristensen, Norberto Blanco, Silvia Noemí Barco de Blanco y sus dos hijos menores de edad, Raúl Sotto, Oscar Dionisio Contreras, Ricardo Novero, Pedro Justo Rodríguez, Virginia Rita Recchia, Francisco Tomasevich, Octavio Omar Méndez, Miguel Angel Pincheira, Pedro Daniel Maidana, Juan Carlos Maidana, Sergio Roberto Méndez, Luis Guillermo Almarza Arancibia, Emiliano del Carmen Cantillana Marchant, José Delineo Méndez, Orlando Cancio, Javier Octavio Seminario Ramos, José Francisco Pichulman, Celestino Aigo, Rubén Ríos, Hugo Obed Inostroza Arroyo, Luis Alfredo Genga, Jorge Amércio Villafañe, María Cristina Bottinelli, Silvia Beatriz Bottinelli, Roberto Liberatore, Juan Isidro López, José Luis Cáceres, José Antonio Giménez, Raúl Esteban Radonich, Jorge Mario Berstein, Clorinda Georgina Barreto, Carlos Eli de Filippis, José Luis Albanessi, Ernesto Joubert y Roberto Mario Coppolecchia.

 

Primera etapa, testimonial

Alrededor de doscientos hombres y mujeres prestaron su declaración ante el tribunal oral federal de Neuquén, muchos y muchas de ellas víctimas directas de secuestros y torturas en los diferentes centros clandestinos de detención que funcionaron en la llamada subzona 5.2. Otros, cómplices del horror, buscando favorecer con el silencio y la tergiversación de los hechos a los genocidas.

En esta causa se abordaron los casos de seis desaparecidos Miguel Ángel Pincheira, José Desiderio Méndez, Orlando Cancio, Javier Seminario Ramos, Juan Francisco Pichulmán y Celestino Aigo que fueron secuestrados por fuerzas del Estado en localidades de la provincia de Neuquén, trasladados a diferentes centros clandestinos de tortura y de detención y nunca más devueltos. Sus familiares jamás recibieron una respuesta acerca de qué pasó con ellos.

El resto de las 39 víctimas fue liberado. Solo Hugo Inostroza Arroyo pudo escapar del destino que le imponían las fuerzas represivas en su conjunto. Carlos Kristensen, Ricardo Novero, Jorge Villafañe y José Gimenez, también víctimas del terrorismo de Estado mediante el secuestro y la aplicación de torturas, fallecieron antes de conocer qué pasaría con los genocidas que los atormentaron. José Albanessi fue secuestrado y torturado hasta morir, por lo que tampoco pudo relatar por sus propios medios el horror que padeció y acusar a sus verdugos.

Los testimonios más destacados durante los siete meses de proceso judicial fueron los de Orlando “Nano” Balbo, torturado hasta perder el 99% de su audición en la dependencia de la policía federal; el de Pedro Justo “Perico” Rodríguez, quien estuvo tres años en cautiverio y recibiendo torturas; las víctimas sobrevivientes del Operativo Cutral Co, que arrasara en junio del 76 con diecisiete adolescentes y jóvenes de la localidad, y los familiares de las que continúan desaparecidas; el de Dora Seguel, víctima del mencionado operativo y de delitos sexuales durante su cautiverio; el de Rubén Ríos, víctima que intentó suicidarse tras su liberación del cautiverio en el que era sometido a torturas; el de Luis Genga, docente rural y delegado del UNTER secuestrado en dos oportunidades y torturado; el del matrimonio de Silvia Barco y Norberto Blanco, quienes sufrieron los tormentos de las fuerzas conjuntas en Cipolletti junto a sus pequeños hijos y cursando un embarazo; el de Ernesto Joubert, secuestrado en Junín de los Andes y torturado; y el que brindara Hugo Inostroza Arroyo, la única víctima que pudo escapar de la “escuelita”, por videoconferencia desde España.

Muchas fueron las víctimas que pusieron a disposición de la justicia sus dolorosas vivencias. La mayoría de las y los testigos y de los testigos víctimas fueron desacreditados y acosados por los abogados defensores, en muchos casos acusados por los mismos y, como broche de oro, por los jueces durante la lectura de la sentencia. Tal es el caso de Oscar Dionisio Contreras, Ricardo Novero y Raúl Sotto, siendo el testimonio de este último elevado a la fiscalía federal para que se investigue su veracidad.

 

Términos que cambian la historia

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén solicitó durante el debate que las desapariciones de Cancio, Méndez, Pincheira y Seminario sean analizadas como homicidios en vez de como desapariciones forzadas de personas. Este reclamo se basó en la consecuencia lógica de dicha desaparición, pero recibió reclamos desde otros sectores también vinculados a los Derechos Humanos defendiendo la figura del desaparecido como tal, pensando también al delito de desaparición como una tortura para la familia de las víctimas y como un crimen “permanente”. De todas formas, el tribunal no tuvo en cuenta este pedido a la hora de juzgar. Tampoco tuvo en cuenta el pedido del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Neuquén de que los represores sean condenados como coautores del delito de genocidio ni las penas solicitadas por ninguna de las querellas ni de la fiscalía.

 

Pájaros negros

Las y los abogados defensores (particulares y oficiales) de los genocidas juzgados en este tramo de la causa sostuvieron constantemente la teoría de una guerra sucia para justificar el accionar de sus clientes. La excepción a estos fue el abogado de uno de los policías que resultó absuelto en la mañana de hoy, que se reivindicó como nacional y popular y levantó la bandera de los derechos humanos y de los avances en dicha materia en nuestro territorio, pero curiosamente defendía a un torturador y atacaba a los organismos querellantes con descalificaciones sexistas.

Además, las y los leguleyos durante todo el proceso hostigaron a las víctimas haciéndoles sentir en falta con la verdad e incluso de los testimonios de muchas de ellas pidieron nulidad e investigaciones por falsedad. En varias oportunidades sugirieron también que las y los sobrevivientes o las y los familiares de personas desaparecidas en la dictadura cívico militar no buscaban justicia, sino un rédito económico.

 

Pacto de silencio

Nuevamente los genocidas hicieron honor a su pacto. Ni una palabra dijeron de qué pasó con las y los desaparecidos. Sostuvieron “no saber”. Se victimizaron. Usaron las palabras para agraviar, para defenderse con argumentos carentes de sentido y para silenciar. Pero no dijeron dónde están.

 

A los verdugos, con cariño

Los genocidas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, pese a ser una de las regiones con más espíritu de lucha del país, paradójicamente o tal vez por eso no fueron condenados como deben serlo autores de delitos de lesa humanidad y, en su mayoría, cumplirán con sus penas en la comodidad de sus hogares. Sin estar presentes en la sala de audiencias, recibieron su sentencia esta mañana pasadas las 7.30.

Osvaldo Antonio Laurella Crippa, teniente coronel a cargo de la jefatura de policía de Neuquén, fue condenado con la pena máxima que se sentenció hoy, a 23 años de prisión; Enrique Braulio Olea, jefe del Batallón de Ingenieros 181, a 22 años de prisión; Oscar Lorenzo Reinhold, jefe de Inteligencia de la VI Brigada, a 21 años de prisión; Sergio Adolfo San Martín y Jorge Eduardo Molina Ezcurra, ambos oficiales de inteligencia, a 19 años de prisión; José Ricardo Luera, coronel y comandante de la sexta brigada, a 16 años de prisión; Raúl Antonio Guglielminetti, personal civil de inteligencia, a 12 años de prisión, Antonio Alberto Camarelli, jefe de la comisaría 24 de Cipolletti a cargo de la subzona represiva 5.2.1.2, a 10 años de prisión; Gustavo Vitón, jefe del área 521 con epicentro en la comisaría de Cipolletti, y Enrique Casagrande, subjefe de inteligenica, a 8 años; Máximo Hubaldo Maldonado, subjefe de inteligencia, a 7 años de prisión; Miguel Ángel Quiñones, personal de inteligencia de la policía de Río Negro, a 6 años de prisión y a Francisco Julio Oviedo, suboficial del destacamento de inteligencia militar 181, a 4 años de prisión. Entretanto, fueron absueltos los policías de Río Negro Saturnino Martínez, Oscar Ignacio del Magro, Gerónimo Emilio Huircaín y Julio Héctor Villalobos, el segundo comandante a cargo de gendarmería de Junín de los Andes Emilio Jorge Sacchitella y el subteniente de la campaña de combate B del Batallón 181 Jorge Osvaldo Gaetani.

 

Bronca y tristeza. Injusticia

Tras la lectura del veredicto, las organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, sociales y sindicales, víctimas, familiares, amigas y amigos de las víctimas se encolumnaron en las afueras del sitio en el que se desarrollaron las audiencias para marchar hacia las instalaciones del Tribunal Oral Federal N°1 exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva para los imputados en la causa conocida como “Escuelita”.

Las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle dijeron que la justicia no es independiente, porque favorece a la clase a la que pertenecen los genocidas. El mensaje, sin embargo, fue que el de seguir luchando por conseguirla, no bajar los brazos, no darles el gusto.

“Coscia, basura, vos sos la dictadura”, se cantó en el lugar en referencia al presidente del TOF.

La justicia no será completa hasta que no estén todos los responsables tras las rejas, se rompa el pacto de silencio, se proteja a las y los testigos y sobrevivientes en vez de a los genocidas, se unifiquen las causas y el gobierno que se dice afín a los derechos humanos ordene abrir los archivos de la dictadura cívico militar que facilitaría este tipo de procesos.