Base Riarte: la Palestina de Alperovich

Con las comunicaciones virtualmente cortadas, la provisión de agua disminuida y la permanente presencia policial; la Comunidad Indio Colalao en Base Riarte sobrevive al aislamiento, ya a las balas.

Llegar a la Base Riarte no es fácil. La ruta se bifurca porfiada infinidad de veces hasta convertirse en un sendero que hay que andar a pie. Queda en el norte tucumano pero para llegar, hay que cruzar el límite con Salta y volver a ingresar a la Provincia. No hay una sola señal que anuncie que uno ha llegado: sólo la presencia de los comuneros que, fieles a su cultura solidaria, siempre reciben al visitante con un mate dulce.

La Base Riarte está marcada a fuego por dos circunstancias: por un lado es el hogar ancestral de la Comunidad Indio Colalao, perteneciente a la Nación Diaguita; y por el otro, es tierra fértil para el cultivo de la soja. Y es por ello que terratenientes, organismos estatales, fuerzas de seguridad y medios de comunicación oficiales parecen coincidir en la necesidad de que el asentamiento desaparezca.

“Acá están enterrados nuestros ancestros, nuestros lugares de culto, nuestras casas y nuestra historia”, explica una de las comuneras. “Por eso es que hemos resistido el desalojo, porque hemos vivido siempre en armonía con la naturaleza, solidariamente, y si ellos logran corrernos, las generaciones futuras nunca van a saber que acá hubo habitantes originarios que mantuvieron una cultura milenaria de respeto y amor a la Pachamama”

El desalojo del que habla comenzó en la década del 90, pero tuvo su episodio de violencia más cruel en julio de este año, cuando cerca de 300 policías ingresaron al lugar para expulsar cerca de 50 personas desarmadas.

“Llegaron el 4 de julio con una orden de desalojo. Vinieron con armas, a caballo, en colectivos y camionetas. Durante todo el día tratamos de negociar para que no nos corran, incluso firmamos un acta donde se establecía el compromiso de no reprimir. Pero cuando comenzó a caer la noche, y los medios de prensa se fueron, comenzó la violencia. Entraron a caballo haciendo disparos con balas de plomo, persiguiendo a cualquiera, sin importarles que sean niños o ancianos. Aprovecharon la falta de luz, la ausencia de periodistas, hicieron lo que quisieron. Acá no hay señal de celular, pero una compañera se llegó hasta una lomada y logró relatar para una radio lo que estaba pasando. Cuando todo terminó, las familias que resistieron quedaron cercadas por la Policía. Las otras debieron irse por ahí, a buscar dónde vivir”, recuerda la comunera.

El aislamiento

La Base Riarte es parte de un territorio de unas 19 mil hectáreas que la comunidad Indio Colalao habitó desde épocas precolombinas, según se estima. Hallazgos arqueológicos del lugar, que permanecen en poder de los comuneros, hablan de una civilización que ya cultivaba la tierra por lo menos entre los siglos XII y XIV.

Los ancianos de la comunidad recuerdan viejas épocas, en las que la convivencia con la familia Prat Gay, antiguos terratenientes del lugar, era bastante harmónica: “Nos permitían tener nuestros cultivos, realizar nuestros ritos y enterrar a nuestros muertos. También algunos trabajábamos en sus campos” relata un anciano de la comunidad.

Sin embargo Jorge Prat Gay había contraído numerosos créditos, por los cuales había puesto en garantía las tierras de Base Riarte. En 2003 el Banco Central, presidido por Alfonso Prat Gay, ejecutó esa garantía y cedió el territorio a los empresarios Freddy Moreno Núñez Vela (titular de la empresa Zanja Honda) que, junto a Jorge Posse (dueño de Agro Avance) ya había comenzado a tomar posesión de la zona hacia finales de los 90.  “Fue un negociado para encubrir el vaciamiento del Banco de Crédito Rural. Nosotros, los habitantes indígenas, formamos parte del traspaso junto a las acequias, la laguna, los animales y el monte”, explica el anciano.

Entonces comenzaron los problemas. Los empresarios comenzaron a exigir el desalojo de las tierras para ampliar los cultivos de soja. En 2001, cerraron la escuela de la comunidad. Desde entonces, los niños deben asistir a clases a otra que queda a 14 kilómetros, en la provincia de Salta. Para llegar, deben cruzar el Río Anta utilizando dos cables suspendidos: caminan sobre uno y se sostienen con el otro para no perder el equilibrio.

Más tarde, el empresario Moreno puso un portón con candado y custodia ocasional armada al único camino que permite la comunicación vehicular de la zona. Desde entonces, Base Riarte quedó virtualmente aislada, y no pueden ingresar ambulancias ni camiones con mercaderías. Además, la ruta clausurada era la única que permitía el contacto con San Miguel de Tucumán, por eso para llegar al lugar, hay que ingresar desde Salta. Y a pie: para llegar a la Base, la caminata es de más o menos una hora y cuarto.

Además, “El Terrateniente”, como lo llaman los comuneros, “desvió el curso de la acequia que nos traía agua para consumo y riego. Apenas nos llega agua, nos alcanza para tomar, pero ya no podemos cultivar. Lo mismo, desde antes ya nos mataban los animales y nos incendiaban la tierra para desmontar y plantar soja”

El censo 2010 no se pudo realizar en el lugar: el Terrateniente impidió el paso de la censista indígena por el portón con candado. El relevamiento finalmente fue realizado por una escribana, bajo la vigilancia de Sebastián Moreno, hijo de Freddy Moreno, el Terrateniente. Según los comuneros, no se entrevistó a todas las familias y se omitieron datos, especialmente los que los definían como Pueblo Originario.

 

El problema de la posesión ancestral

Todo el problema radica en el reconocimiento de los habitantes como pueblo preexistente: de lograr probar la posesión ancestral, la comunidad quedaría amparada bajo la Ley 26.160 de protección de las tierras pertenecientes a los pueblos originarios.

La cacica María Lilia Delgado explica que todas estas circunstancias fueron denunciadas ante la Justicia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el INADI, la Defensoría del Pueblo y la mismísima presidenta Cristina Fernández: “El INAI propone eternas mesas de diálogo para negociar el problema. Pero nosotros no podemos negociar la tierra que habitamos, nosotros somos poseedores ancestrales, y no tenemos dónde vivir”

 Prensa Libre Pueblos Originarios

El INAI todavía no realizó el relevamiento definitivo para probar la preexistencia de la comunidad: “Hicieron uno en 2009, pero fue rechazado por ser meramente catastral. Volvieron hace tres semanas. Por la mañana, el Terrateniente había visitado las casas amenazando a los vecinos para que no se reconocieran como indígenas. Cuando llegaron los del INAI, les avisamos de las amenazas, pero aparentemente no les importó. Más tarde, varias personas comentaron que terminaron festejando el cumpleaños del hijo de Moreno con un asado. Desconozco el resultado del relevamiento, si es que se hizo finalmente, porque no estuvimos con ellos. Nosotros informamos por carta documento que no avalamos ninguna conclusión que se haya hecho en ausencia de los habitantes supuestamente relevados”.

Miembros del INAI Tucumán sostienen que no pueden hablar con la prensa en nombre del organismo, aunque off the record informan que mantienen asambleas semanales con la gente del lugar y que la relación es fluida y amistosa.

“Es una absoluta mentira” explica la cacica. “Los vemos muy de vez en cuando por el lugar, a pesar de haber presentado petitorios y denuncias por las persecuciones. Por toda respuesta nos ofrecen una Mesa Interistitucional para negociar el problema y dilatarlo, mientras nuestra gente es acosada a diario. El problema con Riarte es que nosotros no renunciamos a nuestro derecho de autodeterminación: no aceptamos a cambio del reconocimiento como pueblo preexistente planes ni programas que nos quieran imponer.”

 

 

La Palestina local

Base Riarte no sólo está aislada, sino dispersa. Durante años de acoso por parte de los terratenientes, unas 50 familias fueron abandonando el lugar, en busca no sólo de seguridad personal sino de fuentes de trabajo. Hacia mediados de 2012 quedaban en la Base unos 15 grupos.

En 2012 fue desalojado de su vivienda el delegado de la Base, Benito Toledo. Más tarde, un comunero no vidente de 90 años fue expulsado, y esa fue la gota que derramó el vaso. El 17 de junio, cerca de 12 familias que se hallaban dispersas retornaron a la base, instalaron carpas, retomaron la posesión del lugar y se declararon en Asamblea Permanente. 17 días más tarde ocurrió el episodio en que centenares de policías atacaron el asentamiento. Todos los comuneros coinciden en que Freddy Moreno, el Terrateniente, comandó la acción in situ.

 Contrapunto

 

“Tentativa de homicidio”

La Base resistió y en el lugar quedaron un puñado de familias. La cacica María Lilia relata lo que ocurrió después: “El hostigamiento se hizo más evidente. La policía nunca dejó de circular por la zona, además de los empleados del terrateniente, alumbrando por las noches las casas de los comuneros y haciendo tiros al aire. Así se vive acá”

El 27 de julio un equipo de unos 150 policías volvió al lugar. Se llevó detenido a Beco Mercado, mientras en San Miguel de Tucumán detenían a Manuel Pastrana. Al mismo tiempo, se dictaba el procesamiento de 23 comuneros más. Los cargos iban desde la usurpación de tierras hasta tentativa de homicidio, todos crímenes presuntamente ocurridos en el episodio en que 300 policías armados intentaron desalojar a unas 50 personas.

Dos semanas estuvieron presos Mercado y Pastrana, mientras los otros 23 imputados esperaban las órdenes de detención. Fueron liberados tras una movilización en San Miguel de Tucumán que duró prácticamente dos días.

 Gonzalo Avila

“Por eso no queremos decir nuestros nombres a la prensa. Muchas de las causas contra nosotros fueron iniciadas con nuestros apodos porque saben nuestros nombres: publicarlos en la prensa puede hacer que nos detengan”, explican los miembros de la comunidad.

 

Vivir bajo la mirada policial

Cuando plazademayo.com llegó a las inmediaciones de la base, uno de los comuneros esperaba en el final del camino vehicular para guiar a pie el resto de la travesía. Allí, en un paraje sembrado hasta el horizonte de tabaco, al comienzo de la senda que lleva exclusivamente al asentamiento, esperaba una camioneta policial con personal armado.

“Tuve que cambiar varias veces el lugar donde los esperaba”, explica el comunero, “Yo no puedo estar así nomás parado en la ruta, porque se me acerca la policía, me pide los documentos, me pregunta qué estoy haciendo. Ahora deben estar acá porque se enteraron que venían periodistas”.

Los comuneros de Indio Colalao reciben asistencia de medios de prensa alternativos, de difusión exclusiva vía internet. “Los medios grandes dejaron de publicar lo que pasa acá. Yo creo que es por la cantidad de plata que mueve el negocio de la soja, y los vínculos de los terratenientes con el Gobierno”.

 

El legislador millonario

En efecto, una de las dos empresas que ostentan la titularidad legal de esas tierras es Agro Avance S.A, propiedad de Jorge Posse, fue desde siempre vinculada a Sisto Terán, uno de los más leales alperovichistas de la Legislatura local. De hecho, la esposa de Terán y su hermana serían las titulares de Agro Avance.

Sisto Terán incluso fue acusado de enriquecimiento ilícito durante su gestión como vicegobernador, de 1999 a 2003, por el descomunal crecimiento de la empresa, entre otras causas. El juicio no prosperó: en 2003, Terán accedió a una banca en la Legislatura que aún no abandona y, con ella, a fueros parlamentarios. Paradojas de la política local, pasó a presidir la Comisión de Juicio Político y la causa quedó definitivamente archivada.

 

El fiscal en desgracia

No es el único vínculo político que existe en la causa. El fiscal interviniente es Guillermo Herrera, tristemente célebre por ser en Tucumán el único miembro del Poder Judicial que provocó una pueblada. En febrero de este año, cientos de tucumanos tomaron la Plaza Independencia reclamando que Herrera impidió el procesamiento del hijo del Ministro de Economía, Jorge Jiménez, implicado en el asesinato de dos personas durante una presunta picada de autos.

El Fiscal Herrera no rindió concurso para el cargo: fue designado a dedo por Alperovich, junto a más de 100 magistrados. Su reputación se vino a pique cuando además se supo que asistía a Tribunales con un arma en la cintura.  Los rumores en Tribunales sugieren que el desalojo de Base Riarte sería la ofrenda que Herrera estaría haciendo al legislador Terán, a cambio de salvar su carrera.

 

La Cámpora

“Cuando la Presidenta vino a Tucumán por el acto del 9 de Julio, la comunidad decidió que la cacica María Lidia no asista por cuestiones de seguridad. Un grupo de colaboradores que apoyábamos la causa fuimos a la puerta de la Casa Histórica, donde desplegamos carteles de  ‘Riarte resiste el desalojo’”, relata Fátima García, periodista de la Red de Medios Alternativos.

“Cuando apareció Boudou le informamos que estaban reprimiendo a los pueblos originarios en Tucumán, y le pedimos que intervenga. Sonrió y nos dijo ‘Ah ¿Sí? Mirá vos’ mientras se sacaba una foto. Fue entonces cuando la Cámpora comenzó a alejarnos de donde pasaban los funcionarios. Se pusieron delante  de nosotros y taparon nuestros carteles. Entonces la policía comenzó a rodearnos: desalojaron a los turistas y quedamos aislados. Les gritamos a la gente de La Cámpora que nos ayude, pero lo único que recibimos por parte de ellos fueron agresiones verbales”

La cacica María Lilia completa el cuadro “Ellos se definen como nacionales y populares, e incluso están comandando los principales organismos del Estado. Pero en el tema de Riarte hay mucha plata en soja de por medio, y mucho contacto político por defender”

“Nosotros hablamos de genocidio, porque si bien Riarte es uno de los lugares donde la violencia es más evidente, somos muchos los pueblos de la Nación Diaguita que sufrimos desalojos silenciosos para la prensa”, reconoce la cacica.

“Las trabas burocráticas, las amenazas de los terratenientes, los relevamientos mal hechos, el acoso cotidiano a la comunidad, todo apunta a evitar que muchas de nuestras bases, no sólo la de Indio Colalao, no ingresemos a la protección que nos reconoce la Ley 26.160, porque entonces nadie podría expulsarnos del lugar, y ellos se perderían negocios millonarios con la soja”, explica.

 

Cae la noche

La Base Riarte va quedando a oscuras a medida que acaba el día. Desde allí, un cielo impensado en la ciudad muestra la vía láctea en todo su esplendor. Al salir del asentamiento, la vista va encontrando claridad en la noche cerrada y las imágenes de las ofrendas a la Pachamama, los morteros comunitarios, el cultivo solidario y sin alambrados van cobrando una claridad inusual en el recuerdo. El asentamiento va quedando atrás, sin agua, sin escuela, sin comunicación, a merced de las rondas de empleados armados que comienzan a escucharse pasar. Uno se pregunta entonces si el nuevo nombre nacional y popular del 12 de Octubre no será una burla: “Día de la Diversidad Cultural”

La soja, un negocio redondo

La aparición de la soja transgénica y la demanda china son dos de los factores que influyeron en el llamado “Boom de la soja”. Anualmente miles de hectáreas se desmontan para dar origen a nuevas plantaciones. Se estima que, si en el país los cultivos aumentaron un promedio de 75 por ciento en diez años, en el Noroeste argentino el aumento de zonas cultivadas fue de 168 por ciento.

El avance de las fronteras del agronegocio no sólo ocasiona cambios ambientales, sino la pérdida de la soberanía alimentaria (con la desaparición de pequeños cultivos) y desplazamientos humanos. No existen cifras oficiales, pero organizaciones ambientales calculan que desde el comienzo del avance sojero, unas 160 mil familias ya han sido desplazadas.

El genocidio de los pueblos originarios tiene un importante motor: la fiebre sojera. En Santiago del Estero, la muerte en noviembre de 2011 de Cristian Ferreyra por el avance del agronegocio puso sobre el tapete la cuestión del desplazamiento humano y el surgimiento de verdaderas bandas paramilitares sostenidas por latifundistas, encargadas de la expulsión de los habitantes de zonas cultivables. La tolerancia de los Gobiernos locales y el silencio de los medios oficialistas se ocupan de lo demás.

Comments

  1. Fabian Ariel says:

    Brillante y esclarecedor informe. Ensombrecido por un tìtulo inadecuado, en mi opiniòn. Alperovich es un (sòlo uno) funcionario corrupto, cuya estrella dejarà de brillar y sus negociados alcanzaràn un fin. Su nacionalidad, mal que le pese a la sra Mariana, es argentina. De modo que el sr Alperovich està sujeto a la misma nacionalidad y a la misma legislaciòn que la comunidad Colalao y, hasta condicionado, por la Ley 26.160. Comparar la corrupciòn de Alperovich con el ejercicio de la soberanìa por parte de un Estado, asemeja un exabrupto. Abunda en el conocimiento de la “ancestralidad” de los colalao pero soslaya la “ancestralidad” de las 12 tribus de Israel, que fueron desalojadas a sangre y fuego de su territorio por Tito Flavio Savino Vespasiano, quien decretara, en el año 70 d.c., que esas tierras pasaran a ser llamadas “palestinum”, en abierto desprecio y humillaciòn a los judìos. “Palestinum” se traducìa por “tierra de filisteos”. Aquellas tribus conquistadoras del Mediterraneo que para los tiempos de Tito ya no contaban con ningùn tipo de hegemonìa, ni comunitaria ni cultural, sino que todos sus aportes sociales fueron mas bien absorbidos por las tribus semìticas de la regiòn. ¿Quienes son los palestinos?. ¿Cuando, antes de Theodore Herzl, existiò un intento de conformar algo que se acercara a la concepciòn de un “estado” independiente? Sòlo en la ira de Tito, existiò una “Tierra de Filisteos”. Sòlo en el gran desconocimiento, subyace el odio hacia el pueblo de Israel sin el intento de buscar discursos mesurados, que aporten a la contrucciòn. Es fàcil dividir, soliviantar los resentimientos. Y cuan esforzado es el camino de la construcciòn de puentes que ayuden a encontrar una soluciòn que convoque a la paz. Claro que hay que discutir. Siempre que exista una masa crìtica de individuos que tenga un requerimiento, se impone el diàlogo. Habrà que resignar. Ambos habràn de resignar algunas de sus exigencias. Lanzando misiles todos los dìas seguramente no es el camino mas adecuado. Y luego si, podremos convenir en que las faltas a los “deberes de funcionario pùblico” en que incurre el sr Alperovich es un delito penal. Uno mas que se suma a la larga lista de atropellos a la ley, la ètica y la moral con que conduce su feudo. Que tan lejos se halla de ser una analogìa vàlida con el conflicto que desgraciadamente se produce en el territorio de Israel.