Torciendo derechos

Por Pablo Mauro (@pablo_mauro)

El 18 de julio último el municipio de Quilmes despidió a ocho trabajadores de la Subsecretaria de la niñez (casi el 20% del plantel) por reclamar derechos laborales adquiridos y entregados por ese mismo organismo a fines del 2011.


Habitualmente somos testigos de diferentes campañas institucionales para promocionar la actividad formal. Pero paradòjicamente el trabajo precarizado tiene como primer motor a los diferentes estados. Muchas veces representado en un subtipo de contrato que se renueva por año o semestre, pero con la particularidad de que puede ser desactivado unilateralmente por el empleador. A estas situaciones repetidas le sumamos la lógica del recorte ensayado por Daniel Scioli y rechazado de plano por gremios y organizaciones sociales. Quilmes no parece estar ajeno a esta circunstancia. Y existe la posibilidad del desmantelamiento de la política de niñez del municipio. Ruth Kochen, Subsecretaria de Política Integral de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, le comunicó a los trabajadores del Equipo de Restitución y Promoción de Derechos la baja de un beneficio laboral que ella misma había otorgado en finales del año pasado. Consistía en diez días de descanso sumados a las vacaciones para favorecer el desempeño en el marco de un trabajo difícil. Ante las protestas generadas por el beneficio recortado la respuesta fue la caída de los contratos.

Podemos enmarcar esta situación en el abuso que muchos funcionarios ejercen en relación a un sistema laboral irregular, claramente graficada por un plantel que no alcanza los dos años de antigüedad. Y con el agravante de que se perjudica el seguimiento y confianza amasada entre los profesionales y las familias. Cabe aclarar que fueron despedidos por incapacidad laboral a 15 días de haberles renovado el contrato. En tal caso si descubrieron que el 20% de la plantilla no es eficiente de buenas a primeras ¿quièn sería el incapaz? Estos trabajadores brindan atención directa a niños, niñas y adolescentes que atraviesan diversas situaciones de vulneración de derechos. Se trata del acompañamiento de tres mil familias signadas por la discriminación y el maltrato institucional. La paradoja, en este caso, es que los defensores de esos derechos encuentran los suyos pisoteados.

En diálogo con tres de estos trabajadores encontré vocación de servicio y un apasionamiento claro por revertir estas situaciones sociales dolorosas. La responsable de esta actividad es Valeria Isla, secretaria de desarrollo social. Nos comunicamos con su colaboradora personal, quien nos atendió muy bien, tomando nuestros datos de contacto. Le pedimos conversar para que haga su descargo y nos informe su visión de los hechos. Pero evidentemente no quiso responder. Quizás sea porque se siente en falta. Nunca lo sabremos, ya que fue esquiva a expresarse. Le atribuyen comentar que si el conflicto continùa no tendría reparos en “desarmar el equipo y rearmarlo de nuevo”. Parece necesario aclarar que el intendente es Francisco (el barba) Gutiérrez, adherente a un proyecto nacional que pregona una justicia social visible en algùn caso, pero invisible en otros como este que nos toca relatar.