Por Guido Turdera
Se dice que a finales del siglo XV, con el denominado “descubrimiento de América”, los colonizadores europeos solían trocar espejitos de colores por objetos de gran valor a los nativos del continente. A comienzos del siglo XXI, conviene indagar si la historia se repite.
Posturas enemistadas sobre minería a cielo abierto
Si uno se preguntara “¿qué es la minería a cielo abierto?” se encontraría con una respuesta sencilla, ya que nadie objetaría su definición como el proceso de explotación minera llevado a cabo en la superficie terrestre -a diferencia de la de socavón, realizada por lo subterráneo. Asimismo, otra pregunta que uno se puede realizar es “¿cómo funciona la minería a cielo abierto?” y aquí daría con una respuesta plagada de ingredientes técnicos relacionados con la actividad extractiva: la minería a cielo abierto remueve la capa superficial de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral.
Los modernos equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran maquinaria permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de un gramo de oro por tonelada de material removido. De este modo, se forman cráteres que pueden llegar a cubrir 150 hectáreas de extensión con profundidades que rondan los 200 metros, adornados por caminos espirales donde se transportan los camiones que recogen el mineral del fondo del yacimiento. En gran cantidad de casos, este tipo de actividad utiliza para el proceso de lixiviación grandes cantidades de cianuro, sustancia altamente venenosa, que permite recuperar los metales del resto del material removido.
La actividad minera a cielo abierto debe ser pensada no sólo por “cuánto dinero deja” o “cuánto trabajo trae” en el presente sino que es necesario fijarse en cómo afecta a la naturaleza y a la sociedad de cara al futuro.
Es así que se erige, por un lado, la postura pro-minera que sostiene que este tipo de actividad es fundamental para el desarrollo de un país o de una provincia, ya que genera numerosos puestos de trabajo para los ciudadanos de la región como así también permite el crecimiento de las economías locales.
Por su parte, los movimientos anti-minería sostienen que la minería a cielo abierto genera resultados nefastos en diversos aspectos: destruye el medioambiente regional, empobrece numerosas poblaciones locales mediante el uso indiscriminado del recurso no renovable del agua, explota grandes extensiones de tierras y niega el derecho a la autodeterminación de los pueblos sobre su territorio. A la vez, este tipo de actividad industrial es concebida como una “industria o economía de enclave”, es decir, no aporta riqueza a la región donde se desarrolla ni permite crecer económicamente a las poblaciones aledañas, sino todo lo contrario: los metales son procesados y comercializados en el exterior una vez extraídos, y al tener una vida hábil promedio de 10 a 15 años -como consecuencia del desgastamiento de la tierra- las minas cierran y se van del país dejando a la larga ríos contaminados con sustancias tóxicas, montañas pulverizadas, comunidades sin trabajo y ningún tipo de remuneración económica a las localidades, mas allá de los bolsillos de los gobernantes de turno.
Antecedentes, legislaciones y consecuencias en el mundo
La primera explotación minera a cielo abierto se llevó a cabo en el año 1979 en el estado de Montana, Estados Unidos. Habiendo pasado menos de 35 años de su implementación, el especialista Nicolás Gutman sostuvo en la TV Pública que aún no podemos conocer con exactitud el impacto ambiental que puede tener la actividad minera hoy en día.
Actualmente, es en Latinoamérica donde las mineras transnacionales más importantes han comenzado a instalar sus mega proyectos extractivos. Entre ellas se pueden enumerar Barrick Gold Corporation, Newmont Mining Corporation, GoldGroup, Yamagold, entre muchas otras. Al respecto, el periodismo mexicano señala que “es en América Latina principalmente donde ésta -por GoldGroup- y otras mineras de Canadá y del llamado ‘primer mundo’ están operando minas a cielo abierto. Cabe mencionar que biólogos e investigadores de la UNAM han declarado que en México ‘la ley es permisiva’, cosa que no ocurre en países precisamente como Canadá.”
En este sentido, la minería a cielo abierto ha sido prohibida en los países mas desarrollados a causa de su peligrosidad de contaminación e impacto ambiental y social. Entre ellos se encuentran Turquía (1997), República Checa (2000), Australia (2000), Alemania (2002), Costa Rica (2002) y numerosos estados de Estados Unidos. Pero recién en el año 2010 la Unión Europea prohibió mediante una «Resolución de su Parlamento» la extracción de minerales a cielo abierto mediante el uso de cianuro: “considerando que la minería que utiliza cianuro crea poco empleo y solo por un periodo de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son compensados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o ir a la quiebra, sino por el Estado afectado, es decir, por los contribuyentes (…) pide a la Comisión que imponga una prohibición total del uso de tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de que finalice 2011, puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas frente a la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras”.
Es necesario recordar que en el año 2000 en el municipio de Baia Mare, Rumania sucedió una catástrofe ambiental a cargo de la minera de oro Aurul, que llegaría a considerarse la peor tragedia provocada por el hombre luego del caso de Chernobyl en 1986. El accidente consistió en la quebradura de un dique de contención donde se encontraban los residuos de la mina de oro, vertiéndose 100.000 metros cúbicos de cianuro y otros químicos al río Szamos para llegar al río Tisza en Hungría y finalmente al Danubio. Esto generó la muerte de la mayoría de las especies acuáticas de la región y contaminó el abastecimiento de agua de más de 2 millones y medio de húngaros. El caso fue noticia en el mundo entero y puso en tela de juicio la responsabilidad social de este tipo de emprendimientos industriales de gran escala para con las poblaciones linderas y los ecosistemas regionales.
La lista de «accidentes» sigue: el desastre de Aznalcóllar en España, donde en 1998 se derramaron 5 millones de metros cúbicos de barro tóxico y agua ácida al río Guadiamar afectando el Parque Nacional Doñana; o en Papúa Nueva Guinea, donde se desechan diariamente 200.000 toneladas de desechos al río Tedi Ok poniendo en peligro las condiciones de vida de 50.000 personas; el desplazamiento de más de 30.000 personas por operaciones extractivas de oro en el pueblo de Tarwka, Ghana. Ese desplazamiento conllevó la pérdida neta de más de 7.000 puestos de trabajo, puesto que los lugareños ya no disponían de tierras pero tampoco podían trabajar en la mina, por no poseer los conocimientos necesarios.
Estos ejemplos de legislaciones y casos de accidentes naturales demuestran que actualmente, la minería a cielo abierto se presenta como inviable para el desarrollo de los localismos en América Latina. Sino, vale preguntarse ¿por qué es que Europa ha prohibido la actividad minera a tajo abierto, así como también numerosos estados en EEUU o provincias en Latinoamérica? Las grandes transnacionales han mudado sus actividades y maquinarias hacia esta zona del globo sabiendo que las legislaciones nacionales son sumamente flexibles en cuanto a obligaciones impositivas, licencias sociales y que la corrupción de los gobiernos provinciales y nacionales dan vía libre para pisotear los derechos a la salud, a la autodeterminación y a la sana disposición de los recursos naturales por parte de la población.
Conflictos sociales
La supuesta creación de oportunidades económicas y laborales para la población local es un pretexto comúnmente utilizado para apoyar la minería a cielo abierto. De esta manera, las mineras no sólo traen desarrollo y crecimiento económico a la provincia sino que además generan trabajo para sus habitantes. En este punto también existen algunas contradicciones importantes.
Como sostiene la socióloga Maristella Svampa en «Minería, mal desarrollo y democracia», “los proyectos mineros a gran escala generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales, lo cual crea la ilusión de trabajo permanente.” En la mayoría de los casos, los trabajos peor remunerados y en endebles condiciones se destinan a los lugareños, mientras que los puestos más altos y mejor pagos se reservan para los extranjeros.
Por otro lado, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre 1995 y 2000 la tercera parte de los trabajadores mineros en los 25 países de mayor producción de minerales perdieron su trabajo, como consecuencia de las nuevas tecnologías que desplazan la mano de obra humana. La minería industrial metálica da trabajo a 2, 75 millones de personas, representando sólo el 0,09% de los puestos de trabajo a nivel planetario -a diferencia de la minería a pequeña escala que emplea 13 millones.
En Perú, por ejemplo, la minería es la actividad que menos empleo genera: ocupa apenas el 1,5% de la Población Económica Activa, contra un 32,7% de la agricultura y un 26% de los servicios. Lo mismo sucede en Argentina, donde la minería representa menos del 0,7% del total de los asalariados registrados y donde las provincias con actividad minera no han notado mejoras significativas en sus índices de bienestar social.
En la actualidad, no existe país de Latinoamérica con proyectos de megaminería que no posea conflictos sociales relacionados con su actividad extractiva. Entre ellos se encuentran México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Ecuador.
Las mencionadas actividades de minería a cielo abierto, en complicidad con los gobiernos provinciales y nacionales, tienen un alcance que supera la simple devastación de la naturaleza o el empobrecimiento de las comunidades afectadas: su punto de llegada es poner en jaque la posibilidad de la democracia misma, como resultado del avance por sobre el derecho elemental de las poblaciones a su autodeterminación, reprimiendo el derecho básico de la protesta social, criminalizando las manifestaciones y asambleas mediante la confección de listas negras, desconociendo las demandas de los pueblos; desplegando, en suma, un abanico de acciones que ponen en peligro la preservación y el normal desenvolvimiento de los derechos humanos en esta parte del continente. Es por eso que ya no es un deber, sino una obligación, denunciar esta situación, y comprobar que la historia no se repite: en este rincón del planeta, ya nadie cree en espejitos de colores.
