Los vínculos con la provincia de Insfrán revelados por la agenda de Vandenbroele y la radiografía de una millonaria funcionaria acusada de corrupción en la provincia más pobre del país.
Muchas veces, los críticos literarios actúan como detectives salvajes y buscan –en las pequeñas marcas textuales que ofrece una obra– claves que ayuden a entender una literatura. Ese método debe estar siendo usado ahora mismo por los investigadores de las conexiones non sanctas del vicepresidente Amado Boudou con grandes negociados ilegales a partir de la entrega de una agenda perteneciente a Alejandro Vandenbroele, ofrecida a la Justicia por su ex esposa Laura Muñoz. Entre teléfonos, tareas y anotaciones, resalta una pregunta al lado de unas iniciales.
“JM ¿Formosa?”, reza la inscripción. Según Muñoz, “JM” significa “José María”, tal es el nombre de Núñez Carmona, socio de Boudou, según admitió el vicepresidente. Muñoz señaló que Formosa era una provincia en la que Vandenbroele tenía grandes intereses. Muñoz contó en el programa “Argentina para armar”: “(Alejandro) siempre recordaba que había una señora con el poder de una gobernadora o intendenta, que le causaba gracia y que estaba implicada en los negociados por montos millonarios en pesos y dólares. El dinero a quedarse era enorme. ‘Si nosotros nos quedamos con esto, te imaginás con la que se quedarán los de arriba’”.
En la provincia gobernada por el kirchnerista Gildo Insfrán un nombre resuena a la hora de especular sobre la identidad de la mentada señora. “Es ella, no hay otra”, especula el abogado Eduardo Davis: “Stella Maris Manzur”. Manzur es la titular de la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP), ente provincial que se ocupa de otorgar licitaciones de obra pública en Formosa. “Hemos presentado una denuncia por los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, lavado de activos, encubrimiento, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito, todos en concurso real”, explica Davis, representante del Centro Mandela en la provincia. “Manzur es la encargada de adjudicar las obras y lo ha hecho repetidamente con empresas que tiene su marido y su hijo. Ella es una ingeniera forestal que al llegar la democracia tenía una boutique y hoy es una empresaria multimillonaria”, asegura Davis.
La denuncia judicial efectuada por Davis señala que Eduardo Víctor Solsona, esposo de Manzur y jefe de Inspectores de Obra de la UCAP, es a la vez socio de Edifikar S.R.L e Inteleq, empresas que fueron beneficiadas con numerosos contratos de obra pública. Solsona también es dueño de Emporo SRL, empresa que cobra contratos millonarios por la limpieza de los equipos de refrigeración en la provincia. Davis señala que Manzur sería socia de Moisés Salón, propietario de Covasa S.R.L., también adjudicataria de obras. El abogado esgrime que el domicilio de esas empresas no es otro que el de un edificio que ocupara en el pasado Manzur junto a su anterior esposo, fallecido, Vicente Covone. La demanda judicial agrega que Jorge Pablo Covone, hijo de Manzur, fue miembro del Tribunal de Cuentas de la provincia, organismo que debía controlar a la UCAP y que, por lo tanto, debe ser investigado como miembro necesario de la asociación ilícita. El abogado Davis indica que los principales proyectos de obra pública fueron adjudicados a las empresas relacionadas con Manzur y cita la instalación de la estructura de fibra óptica en Formosa, la refuncionalización del sistema de refrigeración y electricidad de la Casa de Gobierno y la remodelación de la costanera del Río Paraguay, entre otros.
“Nada de lo que sucede se hace a espaldas de Insfrán”, agrega el abogado. En la provincia más pobre del país -donde los qom reclaman por el derecho a tener agua potable y un DNI que asegure que son argentinos-, funcionarios como Manzur habitan enormes mansiones y vacacionan en paradisíacas propiedades como la que la titular de la UCAP tiene en Jureré, una exclusiva playa en las afueras de Florianópolis. Manzur, de todas maneras, no dejó de invertir en el barrio kirchnerista por excelencia, Puerto Madero, en esta capital. Sitio de millonarias torres donde el vicepresidente Boudou también decidió apostar a los ladrillos, haciendo caso a la sugerencia de la presidenta Cristina Fernández, que tiene amplia y redituable experiencia en los grandes negocios inmobiliarios.