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Durante la era del kirchnerismo, y más aún cuando Kirchner se pelea con el Grupo Clarín y negocia con Diego Gvirtz la llegada a la TV Pública, la estrategia comunicacional del Gobierno fue la de estigmatizar a todos los medios de comunicación masivos que poseen una línea editorial contraria a la gestión y mantener una postura de victimización frente a ellos. A partir de esa táctica es que surge el mal llamado “periodismo militante”. La libertad de expresión, como excusa entre ambos bandos.

 

Está de más decir que lo que acontece en la función pública y lo que llega al ciudadano como información, tiene al medio de comunicación como el distribuidor de esos sucesos. El Gobierno kirchnerista implementó mediante emisoras del Estado o medios de empresas allegadas, la estrategia de restarle credibilidad a todos los mensajes críticos a la administración de Cristina Fernández. Los análisis que realizan los medios de comunicación oficialistas siempre parten de la firme hipótesis de una operación de prensa, poniendo la misma relevancia si la noticia se trata de la compra de una cartera Louis Vuitton de la Presidenta o del trágico accidente de Once que dejó 51 muertos y por el cual están procesados dos  ex funcionarios.

No se sabe, a ciencia exacta, cuánto influyó esta estrategia de desacreditar al emisor de mensajes en el abultado 54 por ciento que logró la actual mandataria en octubre pasado, pero se podría afirmar que los medios allegados al oficialismo mermaron los efectos de los mensajes críticos, que tanto machacan a diario medios opositores. Los medios anti kirchneristas apostaron a una fuerte agenda negativa al Gobierno que no tuvo efecto empírico, al menos en la elección última, aunque sí parece haberlo tenido en este 2012 en algunas protestas, que con el correr del tiempo se convirtieron en masivas.

 El Gobierno tomó a la productora Pensado Para Televisión como aliada para que, desde el  buen uso del archivo, llegue a un público generalmente informado e interesado por la política.  La idea fue y es desmentir constantemente las informaciones de medios opositores que afecten a la gestión peronista y a sus integrantes, dejando siempre al Gobierno nacional como víctima de contenidos periodísticos que puedan perjudicarlo en la opinión pública. Además de los programas de esta productora (678, TVR y Duro de Domar), se sumó la web Diario Registrado, con la misma función que los mencionados programas. También el diario Tiempo Argentino, perteneciente al grupo Veintitrés, nació para desmantelar supuestas operaciones de prensa contrarias al Gobierno.

 Una muestra de cómo repercutió en el receptor esta estrategia de victimización y de desacreditar al emisor que realizó el gobierno nacional mediante sus medios se refleja en las redes sociales o foros de portales de noticias, donde los aficionados a la gestión K aducen como “una opereta de Clarín” los puntos flojos del Gobierno que salen a la luz. Como ejemplo se puede citar  el desprecio que hace el gobernador Gildo Insfrán en Formosa a la comunidad QOM, la ley de ART que los legisladores del Frente Para la Victoria votaron junto al Pro en detrimento de los trabajadores, el impuesto al trabajo sostenido por esta administración y  la ausencia de políticas federales de transporte,   entre otras cosas. El Gobierno, mediante esta táctica comunicacional, logró reafirmar la postura de los que simpatizan con la gestión.

 Aquel 8 de noviembre en el que la periodista Cynthia García entrevistaba a los que protestaban en el cacerolazo, la columnista de 678 sabía de ante mano que indagaba a consumidores de medios con una postura firme contraria al Gobierno. García, con más desprecio que respeto a los entrevistados, los enfrentó haciendo el mismo planteo que dicho programa realiza en cada una de las emisiones.

 

Periodismo ¿militante?

Desde medios opositores han tildado como periodistas “militantes” a aquellos comunicadores defensores de la gestión kirchnerista. ¿Pero un militante no es acaso una persona que realiza actividades en forma desinteresada en algún partido político, organización barrial u ONG? El periodista del medio oficialista, aunque realice un argumento que puede ser válido para defender a la administración K, lo hace cobrando un sueldo pagado por el Estado o por una empresa partidaria al Gobierno.

 En todo caso, al periodismo militante se lo puede encajar dentro de aquellos blogs kirchneristas que defienden a la gestión por pura convicción y no por la incentivación de un salario.

La libertad de expresión como excusa

Desde el inicio del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta el famoso 7D, tanto el Gobierno como Clarín pusieron a la libertad de expresión como bandera a defender. La empresa de medios más importante del país buscó salvar así su gran hegemonía en el mercado mientras quedó en evidencia que el Gobierno trató de no perjudicar a empresas cercanas como Telefónica o Uno Medios en la aplicación de la norma.

 En este escenario de disputa por el mercado de medios, vale la pena citar a Armand Mattelart, reconocido sociólogo experto en estudios sobre la comunicación que en la década del 70 planteaba:  “Ese principio burgués de la defensa de la libertad de prensa, no es en realidad sino la defensa de la propiedad de los medios de comunicación social, por grupos monopolistas que, mientras estigmatizan la inmoralidad de un grupo político, silencia la inmoralidad de la prensa amarilla, representada por la víctima de la agresión”.

 Es innegable que medios como Clarín, TN o la Revista Noticias recurren a elementos ficticios para pretender  desgastar la imagen de la Presidenta pero también es evidente la posición de víctima que ha tomado el Gobierno en cuanto a su posición comunicacional para enfrentar los mensajes críticos. Adquirir consenso en la opinión pública es ganar terreno en el poder político y económico y contar con apoyo popular. Esto es, precisamente, lo que buscan tanto el Gobierno como poderosas empresas periodísticas.