El modelo minero canadiense: saqueo e impunidad institucionalizados

14/03/2011 – Por William Sacher

En este artículo, describimos al Canadá como potencia minera. A nivel doméstico, las leyes que rigen esta actividad son sumamente permisivas y las autoridades políticas proveen apoyos múltiples al sector. Por ello, calificamos a la jurisdicción canadiense de Mineralo-Estado, es decir un Estado que permite el enriquecimiento de una oligarquía minera poniendo el aparato estatal a su servicio.

Por William Sacher

En este artículo, describimos al Canadá como potencia minera. A nivel doméstico, las leyes que rigen esta actividad son sumamente permisivas y las autoridades políticas proveen apoyos múltiples al sector. Por ello, calificamos a la jurisdicción canadiense de Mineralo-Estado, es decir un Estado que permite el enriquecimiento de una oligarquía minera poniendo el aparato estatal a su servicio.

Canadá, líder internacional del sector minero, busca difundir su modelo más allá de sus fronteras. En la Bolsa de Valores de Toronto, centenas de multinacionales encuentran una plataforma ideal para monitorear proyectos mineros que se realizan alrededor del Mundo. Un gran número de estos proyectos causan impunemente externalidades socio-económicas de gran magnitud. Estas multinacionales cuentan con un apoyo político, financiero y moral sostenido por parte del gobierno canadiense. Por todo ello, consideramos al Canadá un verdadero paraíso judicial para las empresas mineras.


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Canadá no es tan buen tipo

12/03/2011 – El libro Noir Canada: un caso de censura en Quebec y Ontario

Las empresas mineras Barrick Gold y Banro Corp. siguen juicios por 11 millones de dólares a los autores y su editorial.

El libro Noir Canada: un caso de censura en Quebec y Ontario

Las empresas mineras Barrick Gold y Banro Corp. siguen juicios por 11 millones de dólares a los autores y su editorial.

 

El libro Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique* (Negro Canada. Saqueo, corrupción y criminalidad en África) de Alain Deneault, Delphine Abadie y William Sacher, fue publicado en Quebec en abril de 2008. Los autores recopilaron y analizaron cientos de documentos e informes publicados por organizaciones y autores de reconocido prestigio, reportando casos de abusos por parte de empresas canadienses en África, en particular del sector minero.

Desde abril de 2008, tanto los autores como su editorial Ecosociété son víctimas de dos juicios por difamación.  En la provincia de Quebec son acusados por la Barrick Gold, el primer productor mundial de oro, y en la provincia de Ontario por la Banro Corp, por un total de 11 millones de dólares.

Noir Canada: “un libro necesario”

Las denuncias sobre los abusos cometidos por empresas canadienses en África y recogidas en el libro Noir Canada son de suma gravedad: destrucción ambiental, envenenamiento de poblaciones enteras, corrupción, mafias económicas, expropiación brutal, financiamiento a señores de la guerra. Estos alegatos provienen de numerosas fuentes independientes, tales como informes de la ONU, documentos oficiales emitidos por  distintos gobiernos, informes de ONGs reconocidas internacionalmente, artículos de prensa nacional e internacional, libros, documentales, investigadores académicos y africanistas de prestigio.  Sería absurdo acusar a todas estas fuentes de conspiración contra el establishment canadiense.

Noir Canada cuestiona la reputación de “buen tipo”, que tiene el Canadá dentro y fuera de sus fronteras, una reputación de país respetuoso del ambiente y de los derechos humanos. Los autores revelan que cientos de empresas, cuyo capital no siempre es Canadiense, encuentran en Canadá una plataforma perfecta para saquear riquezas naturales en todo el planeta.

En primer lugar, la ausencia de rendición de cuentas, ha llevado a una impunidad de hecho tal, que aparentemente las empresas registradas en Canadá pueden cometer cualquier tipo de abuso en aras de maximizar sus ganancias;  éstas nunca serán importunadas por la jurisdicción canadiense, ni en Canadá.

Así mismo, el Gobierno Canadiense confiere un apoyo multiforme a su industria a través de significativas exenciones fiscales, préstamos, garantías de financiamiento, apoyo diplomático y logístico clave en el extranjero;

Todo esto hace del Canadá un paraíso judicial y financiero para las empresas del sector extractivo.  Explica por qué la Bolsa de Valores de Toronto (TMX), la cual favorece la especulación, se ha vuelto la capital mundial de la inversión minera, pues acoge alrededor del 60% de las empresas mineras del mundo.

Durante los últimos 15 años, en África, América Latina y otros continentes, miles de voces se han levantado contra empresas del sector extractivo que aprovechan de la plataforma ideal que ofrece Canadá, para pilotar sus proyectos al extranjero. Durante este período, Canadá ha exportado a otros continentes su depredadora experiencia y conocimiento, construidos sobre décadas de explotación obrera, destrucción ambiental, expropiación de tierras, y genocidio de los pueblos indígenas.

 

Los autores y la editorial luchan contra dos SLAPP


El 29 de abril de 2008, el primer productor mundial de oro, la minera canadiense Barrick Gold, planteó un juicio por un total de 6 millones de dólares por daños y perjuicios contra los tres autores de Noir Canada y la editorial Écosociété ante la Corte Superior provincial de Quebec.

La Barrick pretende que el contenido del libro es difamatorio y afectó su reputación. Según la transnacional, los argumentos esgrimidos por las fuentes citadas en el libro, son falsos. La empresa también acusa a los autores de organizar una campaña mediática internacional para manchar su buen nombre.

Dos meses más tarde, el 10 de junio de 2008, otra empresa canadiense, la Banro Corp. -propietaria de proyectos de exploración minera en el Congo, donde una guerra civil desangra a la población desde hace 15 años-, acusó ante la Corte de Ontario a los autores y la editorial, por 5 millones de dólares. Cabe mencionar que en esta provincia canadiense, rige el “Common law”, un sistema de ley completamente distinto al “Code civil” de la Provincia de Québec; adicionalmente, Ontario es una provincia anglófona a diferencia de Québec, en donde la mayoría de la población es francófona. Todo ello implica costos exorbitantes para los acusados en términos de abogados, peritos, traducciones, movilización, etc.

Según numerosos expertos jurídicos, las acciones emprendidas por las dos empresas en contra de los autores y su editorial no pueden ser calificadas de otra cosa que un “SLAPP”,  por sus siglas en inglés: Strategic lawsuit against public participation. En español quiere decir juicio estratégico contra la participación pública.  Los SLAPP toman generalmente forma de juicios civiles contra un individuo o una organización que expresa su opinión sobre una temática pública.  En general, el denunciante usa como primera estrategia la amenaza de entablar un juicio con una demanda por cantidades exorbitantes para intimidar al acusado. Si la amenaza no tiene efecto, el acusador recurrirá efectivamente al juicio. Es así como un problema de interés público se transforma en un litigio privado.

El SLAPP es una forma moderna de censura. Su éxito radica no solo en ganar el juicio ante una Corte, sino que a lo largo de todo el proceso se logra intimidar al acusado y llevarlo a una situación financiera crítica que lo fuerza a callarse. El acusado se verá obligado a utilizar todos sus recursos (energía, tiempo, dinero) para su defensa legal, obstaculizando su capacidad de promover la causa por la cual comenzó su lucha.

Este tipo de litigios representa una amenaza grave para la libertad de expresión de académicos, periodistas y autores en Canadá. La lucha de los tres autores, Alain Deneault, Delphine Abadie y William Sacher y la de su editorial Ecosociété, se une a la de las comunidades afectadas por la explotación minera en todo el mundo. Las mismas empresas que usan la ley para legitimar la expropiación de las tierras o para criminalizar la oposición a los proyectos mineros, ahora usan juicios y procesos legales en Canadá para amordazar a las voces que se atreven a denunciarlos.

 

Un toque de Kafka


Varios hechos absurdos revelan el abuso de los procedimientos emprendidos por las dos empresas. Los acusados experimentan día a día su peso abrumador.

Como parte del proceso previo al juicio, los autores y los representantes de la editorial, fueron obligados a divulgar documentos personales, como correspondencia, conversaciones personales, nombres de personas cercanas que nada tienen que ver con este proceso, entre otros. Adicionalmente tuvieron que preparar una voluminosa defensa para probar su inocencia, su credibilidad como autores y la buena fe de sus investigaciones. En enero del 2009, Barrick depositó un nuevo juicio modificado, lo que significó realizar una nueva defensa.

Durante el otoño del 2008, los acusados pasaron un total de 20 días de interrogatorios fuera de la Corte, conducidos por los abogados de Barrick Gold, es decir sin la presencia de un Juez, ni de otros testigos que no fueran su abogado defensor o los otros acusados.

En marzo de 2009, Barrick obtuvo de la Corte Superior de Quebec autorización para interrogar a una documentalista, amiga personal de uno de los autores, por el solo hecho de haber filmado una de sus conferencias.

En el transcurso del año 2010, se decidió que el juicio empezaría en Septiembre del 2011. Barrick obtuvo de la Corte Superior la posibilidad de realizar 40 días de audiencia en un juicio que promete ser maratónico.

En cuanto al juicio de Banro en Ontario, los acusados pidieron transferirle a la provincia de Quebec aduciendo que ya existe otro juicio de la misma índole en esta provincia y que los autores y la editorial son francófonos. Pese a todos estos argumentos, en febrero del 2009 la corte de Ontario se declaró competente para tratar el caso, pidiendo alrededor de 25.000 dólares para gastos judiciales. Los acusados apelaron la decisión, pero ésta fue confirmada por la Corte de Toronto el 4 de junio de 2010. Los acusados prevén llevar el caso en la Corte Suprema de Canadá.

¿Qué tipo de persona tiene el tiempo y la energía de enfrentar estos procedimientos Kafkianos?

Cada uno de éstos requiere más tiempo, energía y dinero de parte de los acusados y en consecuencia cada objeción a las aplicaciones de estos procedimientos se vuelve en su contra. Esta situación evidencia la enorme diferencia de acceso a la justicia que existe entre las empresas multimillonarias y los ciudadanos, en un país que se hace llamar del primer mundo como es Canadá. Se trata claramente de la ley de los más ricos. Hasta el día de hoy, los autores han podido defenderse gracias a la generosidad de sus abogados que los defienden sin remuneración.

 

En Quebec: una ley alentadora


El problema más grande de la ley actual en Canada es el peso que tiene el “derecho a la reputación” sobre el derecho a la libertad de expresión. Pierre Trudel, profesor de leyes de la Universidad de Montreal en Quebec, declaró que el derecho a la reputación es una “vaca sagrada” en las jurisdicciones canadienses. La predominancia de este derecho está llevando a la censura y la auto-censura, además del efecto “refrigerante” que tienen este tipo de juicios sobre otros autores que tuvieren la intención de publicar obras sobre las actividades de grupos de interés poderosos.

En la provincia de Quebec, gracias a la fuerte movilización de la sociedad civil en la cual el caso de Noir Canada tuvo un peso considerable, una nueva ley contra los SLAPPs fue aprobada el 3 de junio de 2009 por el parlamento de Quebec. Dicho proyecto posibilita a los acusados el declarar a un juicio como abusivo. En diciembre del 2010, los autores y la editorial presentaron una demanda en la Corte Superior de Quebec refiriéndose en esta nueva Ley, pidiendo a la Corte calificar la demanda de Barrick de SLAPP y de rechazarla. La fecha de las audiencias están por definirse.

Sin embargo, esta ley no contempla un elemento esencial: la protección del debate público. Es decir, no proporciona que la libertad de expresión debería prevalecer claramente sobre el derecho a la reputación en los debates de interés público. Hoy por hoy, una empresa que estima que su reputación ha sido afectada, puede llevar un debate de interés público a una Corte de justicia, que no es necesariamente el mejor foro para llevar tal debate a cabo. Pues, en una Corte de Justicia Canadiense, el ciudadano normal no tiene ni las competencias ni los recursos para expresarse libremente.

 

Un debate legítimo y urgente


La explotación canadiense de los recursos naturales es altamente controvertida. En enero del 2009, el fondo de pensión del gobierno Noruego retiró sus inversiones de la empresa Barrick Gold después de haber concluido que su gestión ambiental en Papúa-Nueva-Guinea es catastrófica. En su informe, el gobierno Noruego reporta los alegatos de expropiación brutal de mineros artesanales en Tanzania, que al parecer fueron enterrados vivos en agosto del 1996. Estos son los mismos argumentos reportados por los autores de Noir Canada, y que Barrick ha declarado difamantes.

El debate que Noir Canada trata de hacer público es legitimo ya que, además del apoyo gubernamental que reciben las empresas, la población canadiense tiene inversiones en estas empresas a través de sus fondos públicos y privados de jubilación, sus inversiones personales, etc. Apoyándose en el financiamiento proporcionado por los ciudadanos canadienses, las empresas del sector extractivo y sus mega-proyectos pueden saquear los recursos naturales alrededor del mundo, contaminando, expropiando, corrompiendo, y desestabilizando regiones enteras haciendo negocios inclusive con los llamados war lords o señores de la guerra.

En Canadá, los medios de comunicación, la educación, la propaganda gubernamental, el filantropismo ostentoso de los magnates mineros venden una imagen idealizada de la minería. Este contexto invita a los canadienses a pensar en sus planes de jubilación y sus inversiones personales, sin cuestionarse sobre el alto precio que las comunidades tienen que pagar en el terreno para que suban las acciones de la empresas en la Bolsa de Valores. El libro Noir Canada hace un llamado a una reacción urgente de todos los canadienses, como potencia minera mundial. Propone el establecimiento de investigaciones independientes para elucidar a los casos de abuso por los cuales empresas canadienses han sido acusadas.

 

Apoyos


Varias organizaciones han dado su apoyo oficial a los autores de Noir Canada y su editorial: personalidades públicas, sindicatos, casas editoriales, profesores de universidad, asociaciones de escritores, colectivo de jurista etc. Entre ellos los autores Noam Chomsky y Naomi Klein. Medios internacionales tal como Le Monde diplomatique, Le Monde, Le Devoir, y France Culture han declarado a Noir Canada un libro necesario. En Quebec, Noir Canada recibió el premio literario Richard Arès el 10 de junio 2009.

En diciembre del 2010, un colectivo de más de 30 profesores de derecho de seis universidades canadienses firmaron una carta, alertando a la opinión pública sobre las nefastas consecuencias que tendría un juicio en contra de la libertad de expresión y las condiciones de vida de la democracia en el Canadá.

Otra solicitud académica, lanzada en diciembre de 2010, denunciaba las amenazas que este tipo de juicio representan para la libertad académica. Esta petición ha recibido el apoyo formal de 452 profesores de Canadá, México, Argentina, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Italia, Nigeria, Noruega, Inglaterra, y Turquía.

 

Si desea conocer más sobre esta causa y firmar la carta de apoyo a los 3 autores y la editorial, diríjase al sitio: http://slapp.ecosociete.org/es/

“Todo el aparato público está sometido a la lucha política en Argentina”

Entrevista a Horacio González

El director de la Biblioteca Nacional analiza la relación entre intelectuales y políticos, habla sobre la polémica con Vargas Llosa y cuestiona algunas políticas del Gobierno Nacional

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“Botnia no sería autorizada en Finlandia, su país de origen”

Entrevista al científico italiano Marcelo Enrique Conti

Conti polemiza contra la decisión de la Corte de la Haya en el caso Botnia y sostiene que es necesario contar con una corte penal ambiental, para que los crímenes ambientales sean considerados como de lesa humanidad.

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Sarlo:“El peronismo siempre pide primero una declaración de lealtad.”

Entrevista a Beatriz Sarlo

Ignorancia política, autoritarismo y debilidad en las instituciones son, según Sarlo, algunas de las características del panorama político actual.

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“La ley de medios está hecha por los que nunca tuvieron que ver con la industria”

Entrevista a Julio Bárbaro por Gabriel Levinas.

Con una mirada revisionista sobre la Ley de Servicios Audiovisuales, el ex titular del COMFER considera los avances, pero afirma que los principales objetivos no fueron alcanzados: “la Argentina necesita que haya televisión gratuita”.

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Parrilli “Macri hizo una licitación a la medida de Mapfre”

Denuncia contra el titular del ejecutivo porteño, en un negocio de 400 millones de pesos anuales.

Pasaron ya tres meses desde que Mauricio Macri y su ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, fueran denunciados penalmente por la contratación de la aseguradora de capitales españoles Mapfre para otorgar pólizas de ART a los 116.000 empleados del gobierno de la Ciudad. A pesar de que la licitación fue parada por la Justicia, la denuncia contra Macri no registra un solo avance.

Marcelo Parrilli, legislador porteño por el MST y autor de la demanda, aseguró que la licitación que ganó Mapfre había sido diseñada a la medida de la aseguradora, ya que uno de los requisitos era que a junio de 2009 el candidado reuniera al menos 300.000 pólizas sólo en Capital.

La licitación fue parada por orden de la jueza porteña Elena Liberatori y la denuncia penal de Parrilli por presuntacomisión de los delitos de “cohecho y violación de los deberes de funcionario público”, quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 45, a cargo de la María Fontbona de Pombo.

Según Parrilli, la única que podía cumplir con esa exigencia era Mapfre. Así lo confirmó el legislador en diálogo con plazademayo.com.

“Denunciamos penalmente al gobierno de Macri por haber hecho una licitación pública a la medida exacta de la aseguradora Mapfre para que se quede con el seguro de ART de todos los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires”, dijo Parrilli. “Se establecen una serie de condiciones que sólo Mapfre puede reunir, como por ejemplo, que la aseguradora tenga más 300.000 asegurados en la ciudad de Buenos Aires a junio de 2009”.

–¿Había más de una aseguradora que cumpliera ese requisito?

–La única que tenía esa cantidad de asegurados en la ciudad de Buenos Aires era Mapfre, que precisamente ya venía actuando como ART del Gobierno de la Ciudad. De manera que otras aseguradores mucho más grandes que Mapfre, que tienen muchos más asegurados en todo el resto del país, han quedado afuera.
–¿De qué dimensión es el negocio licitado?

–Es un negocio de unos cuatrocientos millones de pesos. Estamos esperando que avance la investigación. Nosotros hicimos un pedido de informe al Gobierno de la Ciudad que nunca salió, esta durmiendo en la comisión de Presupuesto.

–¿Pero el pedido de informes de un legislador no debería ser proporcionado en forma obligatoria?

–En realidad lo tiene que tratar la comisión de Presupuesto y eventualmente aprobarlo o rechazarlo o someterlo a votación en el recinto. Nunca fue tratado. Nosotros no tenemos diputados en la Comisión de presupuestos, que preside el Diputado Alvaro Gonzalez, del PRO, para que lo trate. Como no trataban nuestro pedido de informe y nosotros teníamos elementos que evidentemente indicaban que acá hay un negociado, hicimos la denuncia penal, que está en curso.

–¿En qué consiste la denuncia?

–Pedimos la suspensión de la licitación que en su momento fue otorgada y estamos esperando que esto se resuelva.

–¿Qué otros elementos te indican de que esto fue hecho “a medida”, además de las 300.000 pólizas? ¿Hay algunos otros elementos?

–Sí, por ejemplo, se suprimieron algunas exigencias que estaban, inicialmente, en el pliego para adaptarla a la situación particular de los directivos de Mapfre. El pliego original establecía que no podía intervenir ninguna aseguradora que tuviese funcionarios desempañando cargos en la administración pública nacional o de la Ciudad. Resultó que Mapfre tenía un director, de apellido Bescos, que estaba ocupando un cargo a nivel nacional. Entonces se eliminó la cláusula de exclusión de funcionario nacional y se la dejo limitada solamente al ámbito de la Ciudad.

–¿Y las otras compañías hicieron algún reclamo?

–Las otras compañías han hecho algunas manifestaciones públicas de queja, porque evidentemente advierten también esto pero han quedado, literalmente, fuera de la licitación. La licitación igual ha sido paralizada.

–Mientras tanto, ¿la gente tiene igual la cobertura? ¿Cómo es?

–Tiene la cobertura por la conducción del seguro anterior, es decir, que no esta sin ART. Lo que nosotros tratamos de evitar es que se convalide esta maniobra.

–¿Qué chance tiene esta causa de seguir adelante y funcionar?

MP: Y es un tema, obviamente, político. Nosotros creemos que el entrar en un año electoral le va a dificultar al PRO seguir adelante con la licitación. Pero bueno, hoy por hoy, esta paralizada, simplemente.

La respuesta de Macri.

En off, fuentes del gobierno de la Ciudad habían refutado algunos de los argumentos de Parrilli cuando el legislador presentó su denuncia. En particular, los argumentos de los voceros de Mauricio Macri apuntaban a refutar la supuesta exclusividad de Mapfre como única destinataria del pliego licitatorio: en el oficialismo macrista aseguran que otras dos empresas, La Caja ART y Consolidar ART, también cumplían con el requisito de 300.000 pólizas dentro de la Ciudad hacia junio de 2009.. Además, habían dicho que “la oferta de Mapfre fue de 71 millones por año y de Consolidar, de 75, con lo cual estaríamos hablando de aproximadamente 210 millones de pesos en tres años y no de 400 millones”.

Pero aunque en apareciencia contarían con todos los argumentos para refutar públicamente la denuncia de Parrilli, ésta sigue sin ser tratada en la comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, donde manda el PRO.

 

Bits contra las balas

La revolución en Libia. 

En un país donde 60% de la población tiene menos de 30 años, las redes sociales jugaron un rol social para cohesionar una protesta que ya ocupa la mayor parte del territorio libio. Pero Gaddafi, en el poder hace 42 ya ha dado sobradas muestras de que no le tiembla la mano a la hora de reprimir. Las claves de un movimiento revolucionario que atraviesa las autocracias árabes y que no cree en el fundamentalismo religioso.

Mientras escribo este artículo, la mayor parte de Libia ha caído en las manos de los manifestantes pro-democracia. Internet y otros medios de comunicación han sido bloqueados y sólo algunos periodistas se encuentran en el área.  En YouTube, blogs, Facebook, Twitter y otras redes sociales puede encontrarse información. La mayor parte de ese flujo de información fue captado por celulares y relatos de los testigos. El canal de noticias Al-Jazeera se comunica con la gente (casi todos, jóvenes) que está en el lugar del conflicto. Google y Twitter instalaron un servicio telefónico especial para poder comunicarse a pesar del bloqueo de Internet y los bloggers internacionales están ofreciendo números de teléfono para posibilitar las comunicaciones online. Las redes sociales han aumentado en el mundo árabe y han jugado un papel importante en los levantamientos actuales.

Diez días de levantamiento

Acompañando a Túnez y Egipto, el Movimiento Juvenil de Libia también comenzó a respirar el espíritu de la revolución que fue conducido por el viento a través del mundo árabe e Irán. En conjunto con activistas fuera del territorio, los jóvenes de Libia están cuestionando ahora al coronel Muammar al-Gaddafi y su régimen, quizás el más autocrático de la región.

Gaddafi, quien oficialmente no ocupa ningún puesto en un país sin constitución y abundante en petróleo, ha estado gobernando con mano de hierro durante los últimos 42 años. Es el dictador más longevo del mundo. Su régimen no tolera oposición alguna y es reconocido por su brutalidad.

A fines de enero, en Twitter y otras redes de comunicación social, comenzó la convocatoria para el 17 de febrero “Día de la revuelta” en Libia. El llamado fue originado fuera y dentro de Libia, con la esperanza de seguir el impulso de los levantamientos en Túnez y Egipto.

El 17 de febrero marca un día importante para los libios, especialmente para quienes viven en el este, en la ciudad de Bengasi, la segunda ciudad más importante del país y principal bastión de la oposición. En una entrevista con la cadena de televisión France 24, Hassan al-Djahmi dijo que  esta fecha no fue elegida por casualidad. “Representa un símbolo en demasiados niveles para los residentes de Bengasi “, agrego Djalmi, el blogger señalado como el responsable de generar la cyber-ola de ira en contra de Gaddafi” en Facebook.

El 17 de febrero en 1987 nueve jóvenes fueron ejecutados por los Comités Revolucionarios de al-Gaddafi tras ser declarados culpables de planificar el asesinato de Ahmed al-Musbah Werfalli en agosto de 1986. Werfalli era un conocido miembro de los Comités Revolucionarios, los mismos que hoy son temidos en las calles tras el levantamiento. Seis de los acusados fueron ahorcados públicamente en el estadio deportivo de Bengasi.

En 2006, en la misma fecha, las fuerzas libias de seguridad dispararon a los manifestantes que se encontraban frente al consulado de Italia en Bengasi luego de que el ministro italiano de Reformas Institucionales, Roberto Calderoli, anunciara que iba a aparecer en televisión vistiendo una remera con la caricatura del profeta Mahoma. El dibujo, creado por Kurt Westergaard, había sido publicado en el periódico danés Jylland -Posten a fines de 2005.  Muchos fueron asesinados y  la protesta se transformó en una manifestación anti-Gaddafi.

Tras la reciente movilización, Gaddafi advirtió que responsabilizaría al Movimiento Juvenil de cualquier levantamiento que hubiese en el país.  A pesar de las advertencias, las manifestaciones comenzaron el día 15, tras la detención de un activista de derechos humanos de Libia. Cientos de personas se reunieron en la noche frente a la jefatura de policía en Bengasi.

Durante los días siguientes, levantamientos masivos estallaron alrededor del país. El régimen respondió a las protestas bloqueando el acceso a internet y utilizando francotiradores, helicópteros artillados y tanques contra los manifestantes Se dio a conocer que los mercenarios (principalmente de Chad) fueron contratados por el régimen; al-Gaddafi siempre ha desconfiado y marginado al ejército local. Muchos de los soldados que se negaron a disparar contra los manifestantes pro-democracia han sido ejecutados por los mercenarios. Sin embargo, la creciente violencia solo ha logrado enfurecer más a los manifestantes y dio lugar a que miembros de las tropas cambien de bando.

Como internet fue bloqueado y los medios de comunicación quedaron reducidos, cada ciudad observó como los manifestantes se organizaron de forma separada y el “boca en boca” se convirtió en el medio de comunicación principal. Finalmente, la ciudad de Bengasi se refugió en las manos de los que en ese momento eran decenas de  miles, quizás cientos de miles.

Incluso en Trípoli, la capital, la gente salió a las calles, pero fueron recibidos por los ataques de la fuerza aérea el 21 de febrero. Por televisión nacional, Gaddafi prometió “morir como un mártir” y amenazó con incendiar el país si fuese necesario.

En este momento, más y más tropas se han unido a los manifestantes, al igual que consulados y embajadas alrededor del mundo. Gran parte del país, especialmente el este,  ha sido tomada por el movimiento pro-democracia. A pesar de enfrentarse con la extrema violencia de las fuerzas de Gaddafi, el movimiento libio pro democracia está mostrando determinación y un gran compromiso; los manifestantes no parecen querer volver a sus casas en este contexto.

La columna vertebral de la revuelta

Detrás del enojo del Movimiento Juvenil de Libia, se esconde una desesperación compartida con todos los jóvenes de la región. Desde las primeras y pequeñas protestas en Túnez, a los estallidos en Libia, los jóvenes han sido la columna vertebral del levantamiento Casi el 50 % de la población árabe tiene menos de 30 años, esto significa el 60 % en Libia. Esta juventud demográfica choca con el autoritarismo agresivo y con algunas tradiciones con las cuales no puede identificarse. Los diplomas académicos “valen menos que el papel en el cuál fueron impresos”, ya que un título no significa ningún progreso. Los que tienen más suerte pueden escapar a la desocupación trabajando, en un lugar que no elegirían en otra circunstancia, por un salario mediocre. Esta frustración, acumulada durante las últimas décadas, es lo que conecta a los jóvenes de toda la región; la misma frustración que lentamente ha generado el impulso para las recientes rebeliones.

¿Qué pasa con el Islam?

Las autoridades Bareiníes, el Rey Abdullah de Jordania, Mubarak y al-Gaddafi, han culpado al Islam, la Hermandad, Al Qaeda, Hezbollah y a veces a “una mano siniestra”. El oeste ha expresado miedo por el posible surgimiento de los regímenes islámicos después de los levantamientos. Sin embargo, los manifestantes han demostrado la decepción ante el extremismo y el fracaso de los partidarios radicales del Islam. Los acontecimientos de los últimos dos meses fueron laicos, unieron a la gente en una lucha común sobre los derechos fundamentales y la justicia, más allá de cualquier ideal islámico. Esto fue evidente en la reticencia de la Hermandad Musulmana egipcia para reclamar una revolución: percibieron que podían ser acusados de auto adjudicarse los levantamientos y esto provocaría mucho enojo en la población. En ese sentido, La Hermandad se dio cuenta que se trataba de una convocatoria popular. Es más, en Tahrir Square cristianos protegieron a musulmanes de las fuerzas de Mubarak. En Libia, hombres y mujeres de diferentes clases sociales y tribus han salido a las calles a pedir libertad. Un cambio está viniendo a la región. Tal cual lo citó Robert Fisk, “ Por un momento, mantengamos a la religión fuera de esto.”

Why Washington Clings to a Failed Middle East Strategy

Por Gareth Porter

The death throes of the Mubarak regime in Egypt signal a new level of crisis for a U.S. Middle East strategy that has shown itself over and over again in recent years to be based on nothing more than the illusion of power. The incipient loss of the U.S. client regime in Egypt is an obvious moment for a fundamental adjustment in that strategy.

But those moments have been coming with increasing regularity in recent years, and the U.S. national security bureaucracy has shown itself to be remarkably resistant to giving it up. The troubled history of that strategy suggests that it is an expression of some powerful political forces at work in this society, as former NSC official Gary Sick hinted in a commentary on the crisis.

Ever since the Islamic Republic of Iran was established in 1979, every U.S. administration has operated on the assumption that the United States, with Israel and Egypt as key client states, occupies a power position in the Middle East that allows it to pursue an aggressive strategy of unrelenting pressure on all those “rogue” regimes and parties in the region which have resisted dominance by the U.S.-Israeli tandem: Iran, Iraq, Syria, Hezbollah and Hamas.

The Bush administration’s invasion of Iraq was only the most extreme expression of that broader strategic concept. It assumed that the United States and Israel could establish pro-Western regime in Iraq as the base from which it would press for the elimination of resistance from any of their remaining adversaries in the region.

But since that more aggressive version of the strategy was launched, the illusory nature of the regional dominance strategy has been laid bare in one country after another.

* The U.S. invasion and occupation of Iraq merely empowered Shi’a forces to form a regime whose geostrategic interests are far closer to Iran than to the United States;
* The U.S.-encouraged Israeli invasion of Lebanon in 2006 only strengthened the position of Hezbollah as the largest, most popular and most disciplined political-military force in the country, leading ultimately the Hezbollah-backed government now being formed.
* Israeli and U.S. threats to attack Iran, Hezbollah and Syria since 2006 brought an even more massive influx of rockets and missiles into Lebanon and Syria which now appears to deter Israeli aggressiveness toward its adversaries for the first time.
* U.S.-Israeli efforts to create a client Palestinian entity and crush Hamas through the siege of Gaza has backfired, strengthening the Hamas claim to be the only viable Palestinian entity.
* The U.S. insistence on demonstrating the effectiveness of its military power in Afghanistan has only revealed the inability of the U.S. military to master the Afghan insurgency.

And now the Mubarak regime is in its final days. As one talking head after another has pointed out in recent days, it has been the lynchpin of the U.S. strategy. The main function of the U.S. client state relationship with Egypt was to allow Israel to avoid coming to terms with Palestinian demands.

The costs of the illusory quest for dominance in the Middle East have been incalculable. By continuing to support Israeli extremist refusal to seek a peaceful settlement, trying to prop up Arab authoritarian regimes that are friendly with Israel and seeking to project military power in the region through both airbases in the Gulf States and a semi-permanent bases in Iraq and Afghanistan, the strategy has assiduously built up long-term antagonism toward the United States and pushed many throughout the Islamic world to sympathize with Al Qaeda-style jihadism. It has also fed Sunni-Shi’a tensions in the region and created a crisis over Iran’s nuclear program.

Although this is clearly the time to scrap that Middle East strategy, the nature of U.S. national security policymaking poses formidable obstacles to such an adjustment Bureaucrats and bureaucracies always want to hold on to policies and programs that have given them power and prestige, even if those policies and programs have been costly failures. Above all, in fact, they want to avoid having to admit the failure and the costs involved. So they go on defending and pursuing strategies long after the costs and failure have become clear.

An historical parallel to the present strategy in the Middle East is the Cold War strategy in East Asia, including the policy of surrounding, isolating and pressuring the Communist Chinese regime. As documented in my own history of the U.S. path to war in Vietnam, Perils of Dominance, the national security bureaucracy was so committed to that strategy that it resisted any alternative to war in South Vietnam in 1964-65, because it believed the loss of South Vietnam would mean the end of Cold War strategy, with its military alliances, client regimes and network of military bases surrounding China. It was only during the Nixon administration that the White House wrested control of national security policy from the bureaucracy sufficiently to scrap that Cold War strategy in East Asia and reach an historic accommodation with China.

The present strategic crisis can only be resolved by a similar political decision to reach another historical accommodation – this time with the “resistance bloc” in the Middle East. Despite the demonization of Iran and the rest of the “resistance bloc”, their interests on the primary issue of al Qaeda-like global terrorism have long been more aligned with the objective security interests of the United States than those of some regimes with which the United States has been allied (e.g., Saudi Arabia and Pakistan).

Scrapping the failed strategy in favor of an historic accommodation in the region would:

* reduce the Sunni-Shi’a geopolitical tensions in the region by supporting a new Iran-Egypt relationship;

* force Israel to reconsider its refusal to enter into real negotiations on a Palestinian settlement;
* reduce the level of antagonism toward the United States in the Islamic world and create a new opportunity for agreement between the United States and Iran that could resolve the nuclear issue.

It will be far more difficult, however, for the United States to make this strategic adjustment than it was for Richard Nixon and Henry Kissinger to secretly set in motion their accommodation with China. Unconditional support for Israel, the search for client states and determination to project military power into the Middle East, which are central to the failed strategy, have long reflected the interests of the two most powerful domestic U.S. political power blocs bearing on national security policy: the pro-Israel bloc and the militarist bloc. Whereas Nixon and Kissinger were not immobilized by fealty to any such power bloc, both the pro-Israel and militarist power blocs now dominate both parties in the White House as well as in Congress. One looks in vain for a political force in this country that is free to press for fundamental change in Middle East strategy. And without a push for such a change from outside, we face the distinct possibility of a national security bureaucracy and White House continuing to deny the strategy’s utter failure and disastrous consequences.

Gareth Porter is an investigative historian and journalist on U.S. national security policy who has been independent since a brief period of university teaching in the 1980s. Dr. Porter is the author of four books, the latest of which is Perils of Dominance: Imbalance of Power and the Road to War in Vietnam (University of California Press, 2005). He has written regularly for Inter Press Service on U.S. policy toward Iraq and Iran since 2005.

Desde el Complejo Industrial-Militar al Estado de Guerra Permanente

Por Gareth Porter

Cincuenta años después del discurso del 17 de enero de 1961 de Dwight D. Eisenhower sobre el “complejo industrial-militar”, esa amenaza se ha transformado en una fuerza mucho más poderosa y siniestra que lo que Eisenhower se podría haber imaginado. Se ha convertido en un “Estado de Guerra Permanente”, con el poder de mantener los Estados Unidos continuamente en guerra por un indefinido futuro.
Sin embargo, a pesar de su aparente invulnerabilidad, los intereses creados detrás del militarismo de U.S. han sido sacudidos seriamente dos veces en las últimas cuatro décadas. Esto se debe la combinación de un fuerte rechazo público contra una guerra de gran magnitud, oposición a los altos gastos militares, seria preocupación por el déficit del presupuesto y un cambio en la percepción de las amenazas externas. Hoy, el Estado de Guerra Permanente enfrenta los tres primeros de estos desafíos a su poder simultáneamente – y en el amplificado contexto de la peor crisis económica desde la gran depresión.
Cuando Eisenhower advirtió en este discurso de despedida sobre el “potencial” del “desastroso incremento de un inapropiado poder”, se estaba refiriendo al peligro de que los intereses militares consiguieran controlar la política de seguridad nacional de los países. La única razón por la que esto no sucedió en su gestión es que Ike dejó plantados a los militares y sus aliados.
La Fuerza Aérea y la Armada estaban tan disgustadas con su política militar “New Look” que solventaron campañas políticas en su contra. La Armada reclamó que Ike revirtiera los recortes presupuestarios y aumentara las fuerzas convencionales. La Fuerza Aérea dos veces generó acciones de inteligencia para sostener su afirmación de que la Unión Soviética estaba rápidamente sobrepasando a los Estados Unidos en poder de alcance estratégico – primero en bombarderos, más tarde en misiles balísticos.
Pero Ike desafió a ambos, reduciendo el personal de la Armada en un 44% del total con que contaba en 1953, y negándose a ordenar un intensivo programa para bombarderos o para misiles. También rechazó recomendaciones militares para una guerra en Indochina, ataques con bombas a China y un ultimátum a la Unión Soviética.

Después de Eisenhower se volvió evidente que la alianza de los intereses militares incluía no sólo las fuerzas armadas y sus clientes industriales, sino también oficiales civiles en el Pentágono, la Junta Directiva de Operaciones de la CIA, altos oficiales del Departamento de Estado y el Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Durante las administraciones de Kennedy y Johnson esta alianza militarista fue exitosa en empujar a la Casa Blanca a una guerra en Vietnam, a pesar de la reticencia de ambos presidentes, como está documentado en mi libro Perils of Dominance .

Pero justo cuando el poder de la alianza militarista parecía imparable, en los finales de los ’60, la opinión pública se volvió decisivamente en contra de la Guerra de Vietnam, y comenzó un largo período de presión para reducir los gastos militares. Como resultado, el personal militar fue reducido a niveles inferiores incluso que en la administración Eisenhower.
Por más de una década la alianza de los intereses militaristas estuvo impedida de propugnar por una política militar más agresiva.
Incluso durante la era Reagan, después de un temporario aumento en el gasto militar, el consuetudinario miedo a la Unión Soviética se disipó con la asunción de Gorbachov, de la misma manera en que el floreciente déficit presupuestario federal se convirtió en otra amenaza para el bloque militarista. En tanto comenzó a quedar claro que la Guerra Fría estaba dirigiéndose a su fin, los intereses militaristas enfrentaban la probable pérdida de mucho de su poder y recursos.
Pero a mediado de los ’90 tuvieron un inesperado cambio cuando Saddam Hussein ocupó Kuwait. George H. W. Bush – una figura clave en el complejo militarista como antiguo Director de la CIA – aprovechó la oportunidad para lanzar una guerra que terminaría con el “síndrome de Vietnam”. La administración Bush cambió una popular e indudable victoria militar en la Guerra del Golfo de 1991 en el fundamento para promover el uso de la fuerza militar en Medio Oriente. La estrategia militar para la próxima década de Dick Cheney, Secretario de Defensa en 1992 era “Debemos estar preparados para actuar decididamente en regiones como Medio Oriente, Golfo Pérsico como lo hicimos en la Operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto si nuestros intereses vitales son amenazados otra vez.”
La administración Bush presionó a los Sauditas y a otros regímenes Árabes en el Golfo para permitir bases permanentes para la Fuerza Áerea de E.E.U.U., y en los siguientes ocho años, los aviones norteamericanos volaron un promedio anual de 8.000 misiones en las “no fly zones” que los Estados Unidos habían declarado sobre gran parte del territorio de Irac, utilizando con frecuencia fuego anti-aéreo.

Estados Unidos estaba en un estado de Guerra de facto con Irac incluso antes de la presidencia de George W. Bush.
Los ataques del 9/11 fueron la más grande bendición para la alianza militarista. La administración Bush explotó el clima de miedo para forzar al país a una guerra de agresión contra Irac. La estrategia subyacente, aprobada por la comandancia militar después del 9/11, era usar a Irac como una base desde la cual hacer una campaña de cambio de régimen en una larga lista de países.

Esa fatídica decisión sólo alentó el reclutamiento y un mayor activismo por parte de al Caeda y otros grupos jihadist, que se expandieron en Irac y otros países.

En lugar de revertir el irreflexivo uso de la fuerza militar, la misma coalición de oficiales presionó para una aproximación incluso más militarizada al jihadism. En unos pocos años, ganaron un poder sin precedentes sobre recursos y política, en el ámbito local y más allá, extendiendo su alcance al extranjero:

*Las Fuerzas Especiales de Operaciones, que actúan casi en complete secreto, obtuvieron una autoridad extraordinaria para localizar y matar o capturar sospechosos de pertenecer a Al Qaeda no sólo en Irac o Afganistán, sin en muchos más países.

*La CIA buscó y consiguió libertad virtualmente ilimitada para llevar a cabo ataques con aviones no tripulados en secreto y sin supervisión del Congreso

*El Pentágono adoptó la idea de “long war” – una estrategia prevista para veinte años de despliegue de tropas de U.S. en docenas de países, y la Armada adoptó la idea de “era del enfrentamiento permanente” como su fundamento para más recursos presupuestarios.

*El presupuesto militar se duplicó desde 1998 a 2008 en la más grande explosión de gasto militar desde los primeros años de la década del 50 – y ahora cuenta con el 56 por ciento del gasto discrecional federal.

*La comandancia militar usó su influencia política para asegurar que las fuerzas de E.E.U.U.
continuarían peleando en Afganistán indefinidamente, incluso después de demostrarse que las premisas de su estrategia eran falsas.

Todas estas jugadas completaron el proceso de creación de un “Estado de Guerra Permanente” – un conjunto de instituciones con el poder de sostener guerras secretas en una vasta extensión del globo por un futuro indefinido.

Pero el poder de este nuevo Estado en formación está todavía sujeto a las mismas políticas dinámicas que han amenazado a los intereses militaristas dos veces antes: una masiva antipatía a las grandes guerras, claras demandas para reducir el gasto militar y la necesidad de reducir el déficit y el endeudamiento del presupuesto Federal.

EL porcentaje de Americanos que creen que no vale la pena pelear en Afganistán ha alcanzado ahora el 60 por ciento por primera vez. Y así como la crisis sobre el endeudamiento federal alcanza su climax, la defensa debería sufrir la peor parte del recorte presupuestario.

Ya en 2005, una encuesta del Pew Research Center encontró que, cuando a los encuestados se les daba la oportunidad de expresar sus preferencias para recortes presupuestarios según grandes tópicos, optaban por reducir loas gastos militares en un 31 por ciento. En otra encuesta también hecha por el Pew Center un año atrás, el 76 por ciento de los encuestados, frustrados por las fallas continuas de la economía de E.E.U.U., quería que el Estado ponga prioridad en sus problemas domésticos.

La única cosa que se pierde en esta fotografía es la fundación de un movimiento político organizado específicamente para demandar un fin al Estado de Guerra Permanente. Un movimiento tal podría establecer firmes restricciones legales de las instituciones que amenazan otras instituciones Democráticas Americanas por medio de un esfuerzo masivo tanto educativo como de “lobby”. Este es el momento histórico correcto para arrear el sentimiento latente de anti-militarismo en el país hacia una conciencia estratégica para un cambio político.