Los contratos de la TV pública no son secretos de Estado

 

La Justicia ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que satisfaga la solicitud de una periodista que había requerido copias de los contratos entre el Estado y la empresa que produce el programa “6, 7, 8”, de la Televisión Pública.

La intimación, con un plazo de 10 días para que la Jefatura de Gabinete de Ministros proporcione lo solicitado, corresponde a un fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento.

De esa manera, la magistrada hizo lugar al recurso que Mariel Fitz Patrick, de la revista Noticias y del programa televisivo “Periodismo para todos” había presentado con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

El fiscal Fabián Canda sostuvo que lo peticionado por la periodista se ajustaba a lo previsto por el decreto 1.172/03, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, de acceso a información de interés público en poder de la Casa Rosada.

En su dictamen, también citó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 4 de diciembre del año pasado, por el cual se ordenaba al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados informar a la ADC sobre el presupuesto que destina para publicidad.

“El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona a conocer la manera que gobernantes y funcionarios se desempeñan”, se destacaba en aquella sentencia firmada por todos los jueces del máximo tribunal.

La jueza Sarmiento acogió los argumentos del fiscal Canda e intimó a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que, dentro de los 10 días de notificada del fallo, responda lo requerido por la periodista Fitz Patrick.

La colega había solicitado –por nota del 14 de diciembre de 2012- copias de los contratados celebrados durante 2010, 2011 y 2012 entre Radio y Televisión Argentina S.E. y la empresa Pensado para Televisión.

Pero el 17 de enero siguiente, la Jefatura de Gabinete de Ministros le respondió que debía “demostrar un interés legítimo” para acceder a esa información, razón por la cual la periodista presentó una acción de amparo.

En su recurso judicial, Fitz Patrick destacó que los estándares interamericanos de derechos humanos “sostienen expresamente” que para acceder a información de interés público “no es necesario acreditar ningún interés específico”.

También, que la negativa de la Casa Rosada contravenía el decreto 1.172/03, el cual solo prevé como excepción al acceso a la información pública la calificada como sensible o que pudiera afectar la seguridad del Estado.

José Miguel Onaindia, presidente de la ADC, celebró el fallo de la jueza Sarmiento porque –indicó- “rechaza abiertamente una excusa que el Estado utiliza de manera creciente para negar el derecho que tiene toda la ciudadanía de acceso a información pública”.

La empresa Pensado para Televisión, creada en 1999 por Diego Gvirtz, produce desde hace cuatro años el programa “6, 7, 8” y desde marzo último “Fútbol permitido”, que se transmiten por el canal estatal.

El gobierno nacional apeló recientemente la decisión a favor de Fitz Patrick, por lo que el fallo no está firme. Dicho recurso será resuelto por la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

Fuente: Asociación por los Derechos Civiles.

2 pensamientos en “Los contratos de la TV pública no son secretos de Estado

  1. que rapida la justicia para algunas cosas, para dictaminar por la deuda de la nacion al estado dede hace 10 años x millones de pesos no oara nada, x la ley de medios para que un grupo tenga 300 medios tampoco, pero con un programa (q tambien tiene q rendir cuentas) justicia inmediata !!!!!!!!

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