Daniel Santoro: “Mi procesamiento no tiene fundamentos y es una amenaza a la libertad de prensa”

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El periodista Daniel Santoro fue procesado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, como partícipe necesario de una organización vinculada a los servicios de inteligencia y que estaría conducida por Marcelo D’Alessio, un supuesto abogado, ex funcionario kirchnerista y autopresentado como director regional de la DEA.
Este personaje se hizo famoso cuando apareció en una fotografía conversando en Pinamar con el fiscal Carlos Stornelli y el intendente de Salta, Gustavo Sáenz. La foto fue tomada y presentada por el productor agropecuario Pedro Etchebest, también vinculado al kirchnerismo, y se publicó en la página digital del creador de Carta Abierta, Horacio Verbitsky.
Allí se acusaba a D’Alessio de extorsionar en nombre del fiscal Stornelli y se involucraba también a Sáenz. En su momento, el falso agente dijo a El Tribuno que él utilizaba los nombres de otras personas para lograr que aquellos a los que investigaba hicieran o dijeran determinadas cosas. Un fabulador con influencias.
D’Alessio brindó algunas informaciones a Santoro. Actualmente, el juez pidió a las telefónicas los datos de todas las comunicaciones del periodista en los últimos tres años, poniendo en riesgo el secreto de las fuentes, que goza de amparo constitucional. Además, prohibió a Santoro salir del país y, inexplicablemente, sostuvo que la función periodística le permitiría alterar el curso de la causa.
Santoro es uno de los periodistas de investigación con mayor reconocimiento en el país. Es autor de las trascendentes investigaciones sobre la venta de armas a Croacia y a Ecuador y sobre La ruta del dinero K, además de una veintena de libros sobre temas de su especialidad.
Su procesamiento es considerado una amenaza grave por la SIP, Adepa y todas las entidades que defienden la libertad de prensa como una columna de la democracia.

¿Cómo vive usted este momento y cuál es su preocupación íntima sobre la imputación del juez Ramos Padilla?

Obviamente, con preocupación. Un procesamiento siempre preocupa. Me sorprendió, eso sí, que el juez haya acelerado su decisión ya que nos había informado que recién en agosto iba a definir mi situación procesal, después de resolver las de dos abogados vinculados a D’Alessio. Sin embargo, lo hizo la semana pasada y sin ejecutar las veinte medidas de prueba que yo le había solicitado para demostrar mi inocencia. Y eso, después de cinco horas de indagatoria, en las que respondí a todo lo que me había dicho, y después de entregarle un documento con cuarenta páginas en las que explico los dos casos en los que se me acusa de haber participado, supuestamente, de una extorsión al empresario kirchnerista Mario Cifuentes y de la supuesta coerción al exdirectivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat.

¿Cuál es la entidad de la acusación?

Es totalmente infundada, pero además me impone una mordaza como periodista. Al final, señala que las causales de prisión preventiva son dos. La primera es la posibilidad de fuga, aunque aclara que en ningún momento dejé de presentarme a cada convocatoria. En la otra, que es la posibilidad de obstruir a la Justicia, sostiene que sí tengo ese poder, porque soy periodista. Es decir, él supone que un artículo periodístico puede obstruir a la Justicia. El juez, además, me embarga en tres millones de pesos, que no tengo ni estoy en condiciones de conseguir. Nada está justificado, tampoco la prohibición que me impone para salir del país sin su permiso.

O sea que si le corresponde salir del país por una cobertura…

Tengo que solicitarle autorización con diez días de anticipación.

El párrafo referido a la posibilidad de obstruir a la Justicia expresa una forma de entender el rol de la prensa y de la Justicia; una noción ideológica que no está en ninguna ley argentina.

El juez debería explicarlo. Yo soy un periodista y no tengo dinero ni poder; por lo tanto, él lo que me está exigiendo es que me autocensure, pero no lo dice. Es una advertencia a mi persona.

Es el pensamiento de Justicia Legítima. Pero, además, induce a pensar que el juez duda sobre la fundamentación de sus propias decisiones…

Pero hay otro punto grave. El pidió a la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires que analice mis artículos y evalúe si hay en ellos operaciones de acción psicológica. Esa comisión ha compilado todos los archivos de la represión ilegal en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una entidad prestigiosa. Pero, las operaciones de acción psicológica son temas de estrategia militar, no de periodismo. Esto es, sí, afín con la doctrina de “law fare”, la guerra jurídica, de la que habla Cristina Kirchner para descalificar las 60 causas de corrupción y los cien funcionarios procesados del kirchnerismo, diciendo que solo son víctimas de operaciones realizadas por periodistas confabulados con figuras satanizadas de Comodoro Py. Es insostenible, por supuesto, porque además de las pruebas, hay testimonios de empresarios arrepentidos. Es por eso que Adepa, Fopea, la Academia Nacional de Periodismo y muchas otras entidades han manifestado preocupación por mi situación y por lo que esto significa para la libertad de prensa.

La idea de que el periodismo es un arma de guerra está sostenida por los fundamentalismos de izquierda, derecha o de inspiración religiosa.

Es una postura que compromete la libertad de expresión, porque incorpora una auditoría del periodismo para la que convoca a un organismo político de la estructura del Estado provincial. No se trata de una organización neutral. Además de que es un disparate.

¿Cómo ingresa esa comisión en la causa de Dolores? ¿En qué se vincula todo esto con los derechos humanos?

El juez confundió el concepto de “extracción de personas” con “desaparición de personas”; en un chat, D’Alessio dice “me voy a hacer un operativo de extracción de personas a Venezuela”.
El juez me lo preguntó en la indagatoria. Extracción de personas, en la jerga militar, significa “rescate de rehenes” y se aplica al auxilio de la gente en zonas conflictivas. Por eso me parece totalmente forzada la inclusión de esa comisión.
El juez parece estar actuando a contramano con los organismos que defienden la libertad de prensa.

La prensa kirchnerista asegura que el juez no me preguntó sobre mis fuentes. Yo pedí el respeto al secreto profesional amparado por el artículo 43 de la Constitución. Pero el juez pidió un informe a la telefónica de mis llamadas de los últimos tres años. Él tiene una radiografía de todas mis fuentes de información. Esas son personas que han confiado en mi reserva poniendo en juego su trabajo y hasta su integridad física y por eso exigí la destrucción de ese informe. Las fuentes son esenciales a la información seria. La causa esa es un colador de filtraciones y eso ya se vio cuando el juez fue a informar a la comisión de libertad de expresión que preside Leopoldo Moreau. Han difundido mi dirección, la foto de mi esposa, fotos de mi vida privada y personal que no aportan prueba alguna.

¿Usted negó al juez que conociera a D’Alessio?

En ningún momento. Yo conocí a D’Alessio en noviembre de 2016 y él me dio algunas informaciones; algunas, una vez chequeadas, las publiqué. Otras, no. Si él utilizó mi nombre para acciones improcedentes, lo hizo sin que yo lo supiera. Durante bastante tiempo los medios partidarios nos presentaron a Stornelli y a mí como los extorsionadores del productor Pedro Etchebest. Yo nunca conocí a esa persona, y el juez procesa a D’Alessio por ese intento de extorsión, y no a Stornelli ni a mí. Pero Echebest inexplicablemente pide mi indagatoria por el caso de Cifuentes. Etchebest es un desconocido para mí, nunca estuvo en la causa de las coimas y él asume en este caso el rol de agente provocador cuando le hace a D’Alessio una pregunta sobre mi persona y el entonces hace alarde de sus influencias y demás. Pero yo no estoy imputado por el caso Etchebest.
Cuando D’Alessio involucró al intendente Gustavo Sáenz en sus historias, yo hablé con él y me reconoció que usaba ese método “de inteligencia” para forzar a la gente a que hiciera otra cosa. Admitió que a Sáenz acababa de conocerlo pero que a Etchebest le habló del intendente como si fueran amigos. En la causa, además, se informa que él le aseguró que “yo lo hice intendente de Salta y ahora lo voy a hacer gobernador y vamos a hacer buenos negocios”.
Sáenz es el testigo que desmiente que haya estado en la playa de Pinamar hablando de Etchebest. A su vez, Etchebest es el que le saca una foto a ellos tres hablando en una mesa. Y esa foto es lo único que permite mantener la causa en Dolores. Es una maniobra típica de “forus shopping”, elegir el juzgado. ¡La prensa kirchnerista presentaba a Sáenz como el cajero de Stornelli! Eso fue junto con un montón de fantasías. Y todo porque él se presenta como “director regional de la DEA”.

La personalidad de D’Alessio es realmente insólita y eso se nota al hablar con él.

¿Quién puede imaginar a un agente de la DEA presentándose como tal?

En realidad, todo se enrarece. Ramos Padilla fue abogado de Amado Boudou.

Hay que ver cómo se define la investigación de la “operación puff”, una maniobra destinada a sacar al juez Claudio Bonadío y al fiscal Carlos Stornelli de la causa de los cuadernos.
En principio, el operador Eduardo Valdés, junto con los detenidos Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi; diez días antes de que se desencadenara el escándalo en torno de Etchebest, ya hablaban de la causa que se iba a impulsar ante el juez de Dolores. Incluso, en los audios se escucha hablar de tomar contacto con periodistas para que la “informeta” tuviera más repercusión.

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