Salta tiene una superficie de 155.488km2, cuenta con 1.215.207 habitantes y su presupuesto para 2010 fue de $5.139 millones. La provincia sufre una crisis sanitaria y los más afectados son los aborígenes: tan solo este año murieron cinco chicos por desnutrición. Por su parte, el gobernador atribuyó el problema a “factores culturales”.
Históricamente alineado con el sector justicialista, el gobernador del Frente para la Victoria desde 2007, se desempeñó en dos oportunidades como diputado nacional.
El ex Ministro del Interior menemisma, Julio Mera Figueroa fue quien introdujo a Urtubey en política. Sus primeros empleos estatales como secretario de Gobierno, secretario de Prensa, coordinador de la Unidad Ejecutora Familia Propietaria y diputado nacional, fueron de la mano del ex caudillo, Juan Carlos Romero, compañero de fórmula presidencial de Carlos Menem en 2003. Durante su cargo como diputado tejió lazos con el kirchnerismo y fue electo como candidato a disputar la gobernación a Romero. Su tibia actitud durante el conflicto con el campo le valió su favoritismo dentro de las filas K.
El 2008 elevó a la Legislatura un nuevo proyecto de Ley de Educación, que mantiene una norma, dictada durante la última dictadura, referida a la obligación de la educación religiosa en la escuela primaria.
Durante 2008 la empresa del diputado Alfredo Olmedo, Ecodesarrollo, vendió terrenos que habían sido obtenidos por un contrato de concesión con el Estado, de tierras de Salta Forestal y Tolloche para un desarrollo productivo, desatendiendo a la prohibición de venta o arrendamiento. El gobierno provincial revocó la adjudicación de las tierras.
Urtubey levantó la medida que prohibía la deforestación en el norte de la provincia, oponiéndose a las denuncias de ambientalistas que advieron sobre los problemas que la actividad conlleva: durante 2007 se talaron 435,399 hectáreas. Una de las causas del alud en Tartagal, estuvo relacionada a la tala indiscriminada de árboles.
El gobernador fue denunciado penalmente por el desvió de donaciones para los damnificados del alud en Tartagal. El concejal del Frente para la Victoria, Hugo Torina fue uno de los responsables: una investigación periodística reveló que el funcionario tenía varias de las donaciones en su casa. Además, el gobierno provincial no cumplió con el compromiso de construcción y entrega de las 627 casas a los damnificados y se detectaron irregularidades en el trabajo de reparación de las casas que habían sido otorgadas a empresas y cooperativas del lugar.
En cuanto a libertad de expresión, Salta es una de las provincias que mayor número de ataques y hostigamiento a periodistas registra.