Cuando se hunde el Relato

Lejos de ser una calamidad imprevisible, las inundaciones han sido históricamente el desastre natural que más población afecta y que más pérdidas económicas produce en la Argentina.

En diciembre de 2006, al aprobar un crédito de 200 millones de dólares para un plan de obras contra las inundaciones por un total de 270 millones en nuestro país, el Banco Mundial señaló expresamente: “Las inundaciones son el mayor riesgo natural de la Argentina y un obstáculo importante para su desarrollo”.
El organismo precisaba, además, que “las llanuras inundables cubren un tercio del país, área que comprende las zonas de mayor desarrollo agrícola e industrial, una extensa red de transporte y dos grandes centrales hidroeléctricas”, y que desde 1957 la Argentina tuvo 11 “grandes inundaciones”, de las cuales 3 causaron pérdidas superiores a los mil millones de dólares: 1982, 1985 y 1998.

De hecho, abundaba el documento, según estadísticas de Swiss-Re, una de las grandes aseguradoras mundiales, la Argentina es el 18vo país del mundo en pérdidas potenciales por inundación y uno de los 14 en que esas pérdidas pueden superar el 1% del PBI. En Sudamérica, concluía el documento, sólo Ecuador tiene un potencial de pérdida relativa superior, aunque muy inferior en valores absolutos.

El plan comprendía obras en Buenos Aires, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones, provincias en que la última gran inundación, precisaba el Banco, había afectado a 1.987.000 personas.

Ese fue el más reciente préstamo multilateral expresamente destinado a obras contra las inundaciones. En julio de 2014 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 230 millones de dólares para “agua y saneamiento” de la cuenca del río Reconquista, cuyos desbordes son muy dañinos y afectan a más de tres millones de personas. Pero no era un plan “anti-inundación”, sino básicamente de provisión de agua potable y alcantarillado, aunque algunos de sus componentes, como el tratamiento de residuos sólidos, ayudarían a reducir el riesgo.

La disponibilidad de fondos no debería ser, en todo caso, un problema para que la Nación y las provincias hagan obras efectivas contra el desastre natural más repetido y previsible de la Argentina. No al cabo de la “década ganada”, en que tanto la recaudación como el gasto públicos alcanzaron niveles históricos. Baste decir que la Nación recauda hoy, por día, más de lo que cuando asumió Néstor Kirchner recaudaba por mes.

Además, en noviembre de 2001, a pocas semanas de ser eyectado de la presidencia, Fernando de la Rúa había firmado el decreto 1381, fijando un cargo específico sobre la venta de nafta, gasoil o GNC, para constituir el “Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica” (FFHI). Desde enero de 2002, cuando empezó a regir, ese Fondo recaudó 10.388 millones de pesos, que se estiraron a casi 16.300 millones con intereses y aportes del Tesoro, precisó el periodista Diego Cabot en La Nación.

Lejos de solucionar las inundaciones, algunos de esos fondos fueron a otros fines, como “la ejecución del contenido y funcionamiento de las actividades a realizar en el stand de la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el parque temático Tecnópolis”, que involucró a su vez la contratación de las Universidades de San Martín y Tres de Febrero, dos de las preferidas por el ministro de Planificación, Julio De Vido, a la hora de canalizar fondos a empresas o personas “amigas” del kirchnerismo.

Por cierto, parte del Fondo de Infrastructura Hídrica se destinó a obras, entre ellas cinco en Buenos Aires: en las localidades de Isidro Casanova y Laferrere, Navarro, General Rodríguez, Carlos Casares y Arroyo del Rey, por poco más de 130 millones de pesos. Pero ninguna en las localidades más afectadas por la actual inundación.

No es que Daniel Scioli ignore la temible cuenca del río Luján. La tiene muy en cuenta para los anuncios. En septiembre de 2014, luego de las inundaciones que asolaron esa zona, el gobernador bonaerense recorrió “obras” junto al intendente de Luján, Oscar Luciani. Minutos después, la oficina de Prensa de la gobernación emitió uno de sus comunicados naranja, destacando que Scioli y su ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, habían notado el “impacto positivo” de las obras de saneamiento del Luján y que gracias a ellas no había habido “ningún evacuado”. El gobernador se alegraba de dar así “seguridad y tranquilidad a las familias”. Fue, vale repetirlo, hace once meses.

Si las “obras” de Scioli contra las inundaciones son de una ineficacia abrumadora, su insensibilidad e inoportunidad son peores. Durante las inundaciones de 2014, en una de esas noches de agua e intemperie, el gobernador se dio tiempo para ponerse cortos y camiseta naranjas y celebrar los goles de su equipo en un picado de Futsal en su polideportivo de Villa La Ñata. En las de 2015 prefirió irse a Italia; sus laderos arguyeron que fue para hacerse atender su brazo ortopédico (cuidados que en realidad realiza en Francia), pero a su apresurado regreso el mismo Scioli dijo que se había ido para reducir el “estrés” de la reciente campaña electoral.
El gobernador buscó justificar su inoperancia invocando las visicitudes del “cambio climático” y su mensaje de esperanza apuntó a la salida del sol. Pero su gestión tiene demasiado que ver con el padecimiento de los inundados. Un estudio de Noanomics, una consultora especializada en el seguimiento de economías regionales y gestiones provinciales, destaca que, al cabo de 8 años de gestión sciolista, Buenos Aires:
-Es la provincia que menos destina a inversión pública en su presupuesto: 5% promedio desde 2008.
-Es la que hace menos inversión pública por habitante: 245 pesos. En el otro extremo, San Luis invierte $ 5.700 por habitante, 23 veces más.
-Es la de mayor peso de la deuda en relación a los ingresos totales (41%), la que más gasta en intereses en relación al gasto total (3%) y la única en que el gasto en intereses supera al gasto en obras públicas.
-Es la de mayor presión fiscal de la Argentina (6,5%, que debe sumarse a la del gobierno nacional).
Por cierto, Buenos Aires fue castigada en los años K con la dilución del “Fondo del Conurbano”, que antes compensaba la porción que la provincia resignó en el reparto de fondos “coparticipables” de la Nación. En todo caso, Scioli nunca le reclamó a los gobiernos de Néstor y Cristina. El precio de su sumisión lo pagaron los bonaerenses. El beneficio lo embolsó, al fin, el propio Scioli: su candidatura presidencial.

Con todo, no sería justo cargarle a Scioli todos los reclamos por lo que no se hizo. Además de los 16.300 millones de pesos que juntó a través del “Fondo de Infraestructura Hídrica”, cuya rendición nunca realizó, la Nación maneja, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación, que encabeza De Vido, partidas específicas.

Para 2015, esas partidas fueron fijadas en 476 millones de pesos, una décima parte de lo que el gobierno asignó este año para cubrir las pérdidas de Aerolíneas Argentinas. Además, de enero a julio, precisó la investigación de Cabot, destinó a obras apenas el 43% del presupuesto asignado.
Y quizás mejor así, porque gastar al tuntún tampoco serviría.

En 2009, en un informe sobre el funcionamiento del Ministerio de Planificación, la Auditoría General de la Nación (AGN) señaló que la subsecretaría de Recursos Hídricos “no contaba con planificación estratégica para la obra pública que relacionase las acciones realizadas por sus dependencias”. De hecho, la subsecretaría “no tenía “ningún plan rector para la gestión integral de los recursos hídricos, a pesar de la existencia de una Dirección de Planificación. En 2008, el organismo señaló que se había elaborado un Plan Nacional Federal de Recursos Hídricos, pero la AGN no tuvo acceso a él”.

Oculto en la telaraña de “Fondos Fiduciarios” que distorsionan el presupuesto público y facilitan maniobras y desvíos, el Fondo de Obras Hídricas le sirvió al gobierno para solventar, según una resolución de 2013, los gastos que demande implementar la resolución por la que puso en marcha el ducto burocrático para la ejecución de las represas patagónicas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, las dos obras más caras de la era K: 23.000 millones de pesos para celebrar la retirada.
Pero además de números, el gobierno aporta conceptos. El intento de culpar de las inundaciones a las prácticas de “Siembra Directa” (SD) de los productores agrícolas fue el reflejo condicionado que exhibieron, ante las actuales inundaciones, funcionarios de distinto nivel como el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, o el intendente de San Antonio de Areco, el camporista Francisco Durañona y Vedia, quien señaló que la SD “convirtió los campos en asfalto” e impidió (presuntamente) el escurrimiento de agua.

En rigor, es al revés: la SD facilita la “infiltración” del agua en el suelo. Esa fue, precisamente, una de las ventajas por las que fue adoptada. Al respecto, Rodolfo Gil, especialista en suelos del INTA-Castelar, señala que los planteos de Siembra Directa, al acumular los residuos de cosecha en superficie y no remover el suelo, permiten regular mejor el sistema suelo-cultivo-atmósfera.

Las tres mayores inundaciones en la Argentina de los últimos 58 años sucedieron, como dice el informe del Banco Mundial en el último crédito para obras contra la inundación, en 1982, 1985 y 1998. En las dos primeras, la Siembra Directa no existía. En la tercera, se estaba apenas empezando a practicar.
El señalamiento a la proliferación de countries y barrios cerrados, con grandes movimientos de tierra que alteran la topografía de las cuencas fluviales y el escurrimiento de aguas, es más atendible. Pero esos complejos fueron habilitados por los municipios, que controla en su mayoría el kirchnerismo, y la gobernación, que el peronismo ejerce sin interrupciones desde hace 28 años.

Lo que es de verdad impermeable no es el suelo, sino el kirchnerismo a la evidencia. Ante un problema, tiene dos reflejos: privilegiar el Relato por sobre la realidad y siempre, absolutamente siempre, buscar a quién echarle la culpa.