Periodismo: la escucha y el castigo

Procesan a periodista y allanan medio por difundir escuchas judiciales de Juan Suris. Quiénes son el fiscal y el juez de la causa. Libertad de prensa y fuentes.

Germán Sasso, periodista de LaBrújula24.com, procesado por difundir escuchas.

Germán Sasso, periodista de LaBrújula24.com, procesado por difundir escuchas.

 

 

“Es un atropello, un intento de restringir la libertad de prensa -explica Germán Sasso, director de la radio y el portal La Brújula, de Bahía Blanca, medio que fue allanado por la Justicia cuando Sasso se negó a revelar una fuente en un caso de resonancias políticas-. Lo peor es sentirse amenazado de ese modo por el Estado, pero como siempre vamos a seguir trabajando”. Así se expresó el periodista, quien pasó por Buenos Aires para contar su caso, que constituye un obturamiento por parte de la justicia para ejercer el derecho a la información. El oficio periodístico cuenta entre sus garantías constitucionales el derecho a resguardar las fuentes. Sasso fue procesado por el juez Santiago Ulpiano Martínez con la figura de “encubrimiento agravado”. La causa se inició por la difusión de escuchas judiciales que determinaron el encarcelamiento de Juan Suris bajo la sospecha de narcotráfico y que involucraron a Lázaro Báez, el empresario cercano al matrimonio Kirchner, y a Leonardo Fariña, quien se autoproclamó como valijero de Báez. Las escuchas también revelaron cómo la policía ayudó a Suris a fugarse ante la orden de detención, delito por el que no hay ningún agente detenido.

 

Más escuchas de Suris con el policía

 

El fiscal de la causa que impulsó el allanamiento de la radio y el procesamiento de Sasso es Antonio Castaño, del riñón de la procuradora general Gils Carbó. Su actuación se produjo en tándem con la del juez Santiago Ulpiano Martínez, que fue criticado por fallos favorables a represores acusados de genocidio y crímenes sexuales, además de haberse negado a extraditar al genocida Alfredo Astiz. Ambos determinaron una actuación judicial que no respeta el derecho a reservar la identidad de las fuentes de información. Sasso se amparó en ese derecho constitucional y la Cámara de Apelaciones debe decidir su situación.

 

Un delincuente le recomienda a Suris declarar con el fiscal Antonio Castaño, “amigo personal” suyo.  

 

Llama la atención que otros periodistas de Bahía Blanca colaboraran, según fuentes cercanas a  la causa misma, en el otorgamiento al juez Martínez de argumentos de raigambre periodística para justificar el procesamiento por “encubrimiento”, sin embargo, no hace a la ética periodística la revelación de las fuentes ni la colaboración con el Estado para cercenar la libertad de prensa.

 

En los próximos días la Cámara se debe expedir sobre la cuestión de Sasso y sobre este atentado a la libertad de prensa. Tal decisión implicará mucho más que el derecho individual de Sasso a ejercer libremente el periodismo.