El “caso Suárez” llegó al Congreso

Fuerte apoyo de legisladores y periodistas al editor de Última Hora, a quien se le aplicó la ley anti-terrorista

audiencia abierta 2

El martes 20 de mayo fue un día negro para la democracia argentina.

En una audiencia preliminar, el kirchnerismo avanzó en el jury de enjuiciamiento con el que intentará desplazar definitivamente al suspendido fiscal federal José María Campagnoli, por investigar una denuncia penal contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

En la misma jornada, el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Capdevila, testigo clave en la causa Ciccone, en la que se investiga a Amado Boudou, se fue del país por sentirse amenazado y no contar con las condiciones de seguridad para declarar contra el vicepresidente de la  Nación.

Mientras eso ocurría, en el Congreso de la Nación un grupo de legisladores de oposición recibió en reunión abierta a Juan Pablo Suárez, el primer periodista al que la justicia federal aplicó la “ley antiterrorista” sancionada por el oficialismo a fines de 2011, tras la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

El supuesto delito de Suárez fue filmar en Santiago del Estero, el 9 de diciembre del año pasado, durante las protestas policiales en reclamo de mejoras salariales, la violenta detención del policía Nelson Villagrán, e intentar difundir las imágenes en el sitio digital Ultima Hora, del que es director.

Suárez fue arrestado por la justicia provincial y estuvo preso durante 10 días, acusado de “sedición”. Fue liberado el 19 de diciembre, pero la investigación continuó y el fiscal federal de Santiago del Estero, en línea con directivas de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recaratuló la causa aplicando la infausta ley 26.734, acusando a Súarez de “terrorista”, por lo que podrían corresponderle de seis a doce años de prisión.

Suárez fue recibido en una reunión convocada por la senadora nacional Norma Morandini (FAP) y las diputadas Gabriela Michetti y Laura Alonso (Unión Pro) y a la que asistió un amplio arco opositor. Del Senado fueron Elisa Carrió y Ernesto Sanz, y de Diputados, Graciela Camaño y Mirta Tundis (Frente Renovador), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Cornelia Schmidt-Lierman (Pro), Patricia de Ferrari (UCR, Córdoba), Fernando Sánchez (FA-Unen) y Néstor Pitrola (PO, Frente de Izquierda). También asistió la ex titular de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados y ahora directora de la Fundación LED, Silvana Giúdice, el director de  plazademayo.com, Gabriel Levinas, el secretario de Redacción de La Nación, Héctor D’Amico, el director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Andrés D’Alessandro,  y el director del área de Acceso a la Información Pública de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Ramiro Álvarez Ugarte, además de un representante de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

El periodista santiagueño relató que tras filmar la violenta detención de Villagrán fue él mismo arrestado y pasó diez días encerrado junto a otras cinco personas en una celda de 2 x 2,5 metros.

“No creo en la justicia a la cual me voy a someter”, dijo, y recordó que el fiscal federal  Pedro Simón, el que lo acusa de “terrorista”, fue acusado a su vez por su rol en la apropiación ilegal de tierras en la provincia, y que el juez de la causa es pariente de la familia que gobierna la provincia.

De hecho, al día siguiente de su detención Suárez gozó de unas horas de libertad para asistir a la asunción de la actual gobernadora, Claudia Ledesma Abdala, esposa del ex gobernador, Gerardo Zamora, actual presidente interino del Senado de la Nación y tercero en la línea de sucesión del Ejecutivo nacional, detrás de CFK y su vice, Amado Boudou.

“En la vida hay que elegir”, dijo Suárez, en paradójico parafraseo del slogan de la campaña presidencial de Cristina en 2011. “Si tengo que sufrir prisión efectiva lo voy a hacer, pero no voy a entregar mis fuentes periodísticas; prefiero doce años de prisión a la vida de rodillas”.

Todos los legisladores coincidieron en condenar la persecución a Suárez y en solicitar la derogación de la ley antiterrorista. Tanto Laura Alonso (Pro), como De Ferraris (UCR) anunciaron la presentación de proyectos en ese sentido. “Faltan algunos votos”, señaló Bullrich, quien notó que a diferencia de los debates de 2011, cuando el kirchnerismo impuso su mayoría para sancionar la ley antiterrorista,  ahora se trata “ de su aplicación concreta en una provincia feudalizada”.

Carrió apuntó directamente a la responsabilidad de Zamora, verdadero “amo del feudo” santiagueño y actual presidente interino del Senado de la Nación, De Ferraris dijo que la de Suárez es una “causa inventada” y un “atropello institucional” y recordó que él y Félix Díaz, cacique de la comunidad Qom La Primavera, en Formosa, son las dos primeras personas a las que el gobierno nacional aplicó la ley “antiterrorista”, Sanz subrayó que el caso Suárez “no es lejano ni menor”, sino, de hecho, “la aplicación de una ley aberrante”, Schmidt-Lierman elogió la “valentía” de Suárez, y Pitrola relacionó la persecución a Suárez con antecedentes como el “Proyecto X”, de espionaje oficial a activistas y militantes sociales y sindicales, y la designación del general César Milani, sospechado por su rol en graves hechos de represión durante la dictadura, como comandante en jefe del Ejército.

Levinas dijo sentir “vergüenza” por la lenta reacción de las organizaciones de prensa al caso Suárez, recordó lo difícil que es hacer periodismo en las provincias y subrayó que, con la aplicación de la ley antiterrorista, el gobierno busca “disciplinar” a la prensa. “Esto es de una desproporcionada ilegalidad”, reforzó D’Amico, quien lo relacionó con otros intentos de disciplinamiento, como el cepo publicitario a medios opositores  y los ataques de la presidenta y sus ministros a periodistas y medios.

La sorpresa vino cuando, a través de una llamada que recibió su esposa, Suárez se enteró que el juez de la causa, que lo había citado a declaración indagatoria para el jueves 22, adelantó la convocatoria al miércoles 21. Así, al término de la reunión, mientras los legisladores buscaban alguna forma eficaz para defender a Suárez y derogar la ley antiterrorista, el periodista y su esposa evaluaban qué hacer ante el adelantamiento de la convocatoria judicial, que los encontró a casi 1.000 kilómetros de la capital santiagueña.

Algunos observadores especulaban que, ante la desmesura de la acusación, el juez podría intentar adelantarse a la sesión del jueves, en que la oposición intentará llevar al caso Suárez y la “ley antiterrorista” al recinto del Congreso, para cerrarlo con una medida que no deseche la extravagante acusación del fiscal federal, aunque de hecho la diluya.

Pero en el kirchnergarten nada está garantizado. ¿Acaso era esperable que un periodista fuera acusado de terrorista por filmar e intentar difundir algo sucedido en la vía pública?