Juicio penal: Movistar y la estafa de los celulares

Adjudicación irregular de 4 mil de líneas, falsificación de documentos y negativa a entregar datos a la justicia. Directivos al banquillo de los acusados.

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Que las compañías de telefonía celular encabezan el ránking de quejas de consumidores es un dato conocido. En general las denuncias y quejas terminan por dirimirse en ámbitos conciliatorios y cuando esto no ocurre, la responsabilidad de los directivos termina diluyéndose en los empleados de la misma.

En la provincia de Tucumán se inició la primera causa penal en la que se imputó al presidente de Movistar, Luis Blasco Bosqued y a otros cinco ejecutivos locales por una presunta maniobra fraudulenta, por medio de la cual se adjudicaron cerca de 4 mil líneas a cinco usuarios, mediante el uso ilegal de sus datos filiatorios. El expediente que tramita en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del Dr. Daniel Bejas, se inició luego de una denuncia conjunta presentada por Marcos Daniel Medina, Teresa Susana Comajuán, Miguel Héctor Aragón, Francisco José Martín y Martín Enrique Nuñez, quienes previamente habían presentado su queja ante la empresa por la utilización ilegal de sus datos personales para la habilitación de miles de líneas a su cargo, pero no obtuvieron ninguna solución.

Según la investigación judicial a cargo del Fiscal General Antonio Gustavo Gómez, “ha quedado demostrado en autos que entre los años 2005 y 2008 la empresa MOVISTAR S.A. transfirió líneas de abono telefónico a nombre de Marcos Daniel Medina -tres mil doscientas noventa y dos líneas-, Martin E. Núñez -con sesenta y siete Iíneas-, Francisco J. Martin -con cincuenta y dos Iíneas- y Miguel Aragón -con treinta y cinco Iíneas-. La imposición de estas líneas telefónicas a los ciudadanos mencionados se hizo subrepticiamente, sin que se les haya requerido consentimiento alguno, y sin que -conforme a la legislación en vigencia- se acredite la voluntad de las personas y sin que haya constancia alguna en el Registro Sistematizado de Datos Personales, Ministerio Público Fiscal y clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles (creado por la Ley 25.891)”.

Para la adjudicación de tales líneas de abono mensual, la empresa habría falsificado por lo menos 700 formularios a nombre de los usuarios y las firmas de los mismos, tal como acreditaron las pericias realizadas. Tales conductas se encuadran dentro del delito de estafa procesal y la violación de la ley de Servicios de Comunicaciones Móviles que prevé penas de hasta 6 años para quien “alterare, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare un número de línea, o de serie electrónico, o de serie mecánico de un equipo terminal o de un Módulo de Identificación Removible del usuario o la tecnología que en el futuro la reemplace, en equipos terminales provistos con este dispositivo, de modo que pueda ocasionar perjuicio al titular o usuario del terminal celular o a terceros”. En la causa se advierte que la maniobra se ejecutó bajo la supervisión de Patricio José Lobos, responsable de Políticas de Activación, Identificación y Comercialización de líneas de telefonía móvil; Luis Blaco Bosqued, Presidente del Directorio; Ernesto Gardeliano, Vicepresidente del Directorio; Eduardo Fernando Caride, Director Titular; Marcelo Gobbi, Director Suplente; y Alejandro Pinedo, Director Suplente. Por tal motivo, todos los directivos han sido llamados a prestar declaración indagatoria.

Es la primera vez que se cita a todo el directorio de una empresa para rendir cuentas de maniobras irregulares en perjuicio de los usuarios de telefonía celular.“Siempre la empresa descargaba esa responsabilidad en sus empleados y las denuncias terminaban diluyéndose. Lo diferente de este caso es que aplicando la teoría del dominio del derecho, sostuve que en realidad lo que están haciendo los empleados es cumplir una orden de la empresa que tienen la obligación de obtener una determinada cantidad de clientes y que eso haya motivado falsificar la titularidad de la líneas como se falsificó. Ante el reclamo del cliente, la empresa no puede insistir en el error, si lo hace, técnicamente hay dolo”, explicó el fiscal Gómez que fue quien firmó el requerimiento de instrucción.

De las más de 4 mil líneas afectadas, la empresa solo giró información a la justicia de 700 de ellas. Estos datos fueron entregados a la Policía Federal para chequear la efectiva activación y destino de los números, pero solo en un caso pudo comprobarse la adjudicación a un usuario en Famaillá. “La empresa se niega a darnos información. Incluso en su momento llegué a plantearme la posibilidad de hacer un allanamiento, pero tampoco sabemos dónde está la documentación porque esa información la maneja exclusivamente la empresa”, concluyó Gómez.