Una década perdida en materia de transparencia

La negativa del gobierno a dar a conocer los haberes de funcionarios es una constante de la gestión kirchnerista.

Una vez más el gobierno nacional ha reafirmado su decisión política de no brindar información de interés público. Esta vez, frente a un pedido del equipo de LA NACION Data, se negó a informar el sueldo que perciben la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los ministros de su gabinete aduciendo que se trata de datos «personales y de carácter sensible». De esa forma, desconoce el derecho de todos los habitantes de acceder a información pública.

Si bien la Presidenta rápidamente dio marcha atrás una vez que el tema tomó estado público, su proceder sigue siendo irregular, consolidando así la estética de opacidad que ha caracterizado a su gobierno. En primer lugar, la práctica de primero negarse a responder y luego hacerlo sin respetar los canales previstos por el decreto 1172/03, no hace sino debilitar el ejercicio del derecho a acceder a información pública. Frente a un pedido formal, el gobierno debe responder de la misma manera, respetando el plazo legal, por escrito, y acompañando la documentación correspondiente (en este caso, copia del recibo de sueldo). Su proceder deslegitima nuestro derecho a pedirle información al estado, ya que la táctica de responder vía comunicados de prensa tiene el efecto simbólico de que la Presidenta responde cuando quiere y como quiere, desconociendo así tanto el marco legal vigente como el derecho del ciudadano peticionario.

En segundo lugar, en términos jurídicos la discusión es anacrónica. Vale recordar que en 2012 la Corte Suprema de Justicia reconoció en un fallo histórico que el acceso a información pública es un derecho protegido por nuestra Constitución. En esa oportunidad, obligó al PAMI a brindar información sobre su gasto en pauta publicitaria. De esa forma, el tribunal zanjó la discusión de manera terminante (una decisión unánime) y consolidó la posición sostenida por diversos tribunales inferiores.

En tercer lugar, en 2009 ya había ocurrido un hecho similar. Frente al pedido de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de acceder a la copia de su recibo de sueldo, la Presidenta había negado esa información por considerarla datos personales de carácter sensible. Sin embargo, una vez que había comenzado a tramitar el amparo judicial por incumplimiento de su deber de brindar dicha información, Cristina Fernández de Kirchner distribuyó copia de su recibo de sueldo durante el brindis de fin de año con los periodistas acreditados en Casa Rosada. De esa forma, eludió proporcionar una respuesta de manera formal y acorde con el marco legal, dejando como precedente el desatinado Dictamen 37/08 de la Dirección Nacional de Datos Personales que considera que los salarios de funcionarios públicos es información sensible de carácter personal. Su negativa a brindar información sobre su salario se contrapone con la de otros presidentes de la región, que brindan esos datos de manera proactiva publicándolos en las páginas de sus respectivos gobiernos en Internet. De hecho, en paralelo a este caso, la citada ONG le solicitó por mail los recibos de sueldo al Presidente de México (por entonces Felipe Calderón), quien los envió en el curso de unos pocos días.

Por último, la falta de un órgano de aplicación independiente e idóneo sigue siendo un grave obstáculo para el ejercicio del derecho al acceso a información pública. Hoy en día la agencia responsable del tema es la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia (funciona en la Jefatura de Gabinete). En los últimos años su trabajo ha sido escaso e inefectivo. Esto se podría remediar mediante la sanción de una ley de acceso a información pública, algo que es sistemáticamente rechazado por el oficialismo en el Congreso.

 Con excepción del Decreto 1172/03, no sería erróneo referirnos a una década perdida en materia de acceso a información pública y transparencia. Mientras casi todos los países del continente avanzan hacia legislaciones modernas y adoptan los principios del paradigma de gobierno abierto, Argentina se aferra a un modelo de gestión pública incompatible con el ejercicio de un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Posiciones como la demostrada por la Presidenta de la Nación en nada ayudan a garantizar un derecho que es también una herramienta fundamental para el goce de otros derechos humanos (derecho a la salud, al medio ambiente, a la educación, a la salud sexual y reproductiva, entre otros). Acceso a información pública es mucho más que transparencia y rendición de cuentas, es el camino para ejercer los derechos reconocidos por nuestra Constitución. Debemos avanzar hacia un nuevo tipo de ciudadanía y hacia nuevos modelos de protección de los derechos fundamentales, pero ello no es posible si mantenemos estilos de gobierno aferrados al pasado.

*El autor es PhD en Ciencia Política (University of Oxford).