“Malvinas Argentinas es un claro ejemplo de racismo ambiental”

Monsanto busca instalarse en una ciudad con pobreza estructural. La falta de información y participación ciudadana juegan un rol clave, según un estudio de la UNC.

 malvinas argentinas

 

*Desde Córdoba. La ciudad de Malvinas Argentinas emerge como “un claro ejemplo de racismo ambiental”. Según un informe de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en esta localidad, donde Monsanto busca instalar un acopio de semillas transgénicas sin precedentes, “la población no sólo no ha sido consultada” sino que “tampoco ha sido informada correctamente sobre el funcionamiento” del proyecto. El trabajo indaga en los discursos que han circulado en la comunidad acerca de este emprendimiento y encuentra similitudes con otras experiencias del extractivismo. Promesas de desarrollo económico y escasas explicaciones sobre los impactos ambientales irrumpen en ciudades con pobreza estructural. La contracara a estos reveces fueron dos logros acontecidos en el último mes. Por un lado, un fallo judicial frenó la construcción de la obra hasta tanto se cumpla con la Ley General de Ambiente. Mientras que la semana pasada la Provincia rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía de agronegocios.

 

 

Discursos silenciados

 

La investigación “Ciudad de Malvinas Argentinas: Participación y Medio Ambiente” cuenta con 32 carillas en las que se abordan los mecanismos de información que estuvieron disponibles para los ciudadanos, los datos circularon en torno al impacto ambiental del emprendimiento de Monsanto y los responsables de esa información. Para cumplir este objetivo se entrevistaron a ocho referentes comunitarios de la localidad, ubicada a veinte minutos por ruta hacia el noreste de la capital cordobesa. Se hicieron reportes con la presidenta del Concejo Deliberante, y con responsables de centros educativos y de salud. Dos entrevistas, con el subcomisario y una médica, fueron anuladas a pedido de esas fuentes. Mientras que no se pudieron concretar encuentros con responsables de la cooperativa de servicios públicos y del centro vecinal.

Coordinada por las docentes Patricia Acevedo, Gabriela Rotondi, Andrea Milesi y Susana Andrada, la investigación resalta que en los discursos predomina la valoración del emprendimiento como sinónimo de desarrollo económico, por sobre los posibles impactos sanitarios negativos. Dentro de este marco se abre “una disputa cultural y de valores: el trabajo cueste lo que cueste versus la salud de la población parecieran ser los dos polos antagónicos de esta disputa”.

A través de diversos canales, la trasnacional estadounidense aseguró que emplearía a 400 personas. Sin embargo, en el aviso de proyecto que la corporación entregó a la Provincia ese dato varía: en su etapa de funcionamiento completo empleará a 215 trabajadores y 19 empleados tercerizados.

Hubo otra cifra que gozó de menos difusión. Ante Ambiente de la Provincia Monsanto reportó que utilizará 350.000 litros de agrotóxicos cada año, cuando la empresa opere sólo al 20 por ciento de su capacidad. En su etapa final la planta contará 116 silos con capacidad para 137 toneladas cada uno. Allí se almacenarán las semillas de maíz transgénico. Hace un año, desde la Facultad de Ciencias Médicas advirtieron sobre el “riesgo” sanitario que implica vivir alrededor de este tipo de acopios.

Es frente a estos impactos que la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida apeló al Ejecutivo provincial y al Poder Judicial para poder frenar el proyecto. La falta de respuesta favorable del Estado llevó a que este colectivo iniciara un bloqueo en la entrada del predio de Monsanto, ubicado sobre la ruta A88. La medida ya lleva cinco meses, a pesar de haber sufrido cuatro represiones, a manos de la Policía de Córdoba y patotas de la Uocra.

Recién el 8 de enero la sala segunda de la Cámara del Trabajo resolvió frenar las obras civiles de Monsanto hasta tanto no se cumpla con la Ley General de Ambiente (25.675), que insta a realizar una evaluación de impacto ambiental y una consulta ciudadana antes de avanzar con un emprendimiento de esta magnitud. Así se hizo lugar a una presentación de la asamblea, realizada hace más de un año.

Otro punto a favor fue el reciente dictamen de la Secretaría de Ambiente de Córdoba que rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto. La cartera gubernamental enumeró los aspectos que generan impactos ambientales negativos, como la gestión de residuos peligrosos y de efluentes líquidos, para los que “no se brindaron las respuestas idóneas”. La Asamblea tomó con cautela esta resolución, ya que la empresa presentará un nuevo estudio.

 

 

Ciudades pobres, zonas de sacrificio

 

Al tomar la categoría de “racismo ambiental”, el equipo de la Escuela de Trabajo Social emparenta el caso Malvinas con aquellos en los que el modelo extractivo avanza haciendo de las paupérrimas condiciones sociales un factor clave para obtener consenso. El trabajo recuerda los ejemplos de la mega-minería y de la expansión sojera en zonas con necesidades básicas insatisfechas. Monsanto buscó como objetivo a la ciudad de más de 10.000 habitantes con mayor pobreza estructural de la provincia, según el censo 2008.

Para que se haga efectivo este “racismo” es clave el rol de los agentes públicos. A partir de las entrevistas, se detectó que el acceso a la información sobre la planta de procesamiento de semillas se dio principalmente a través de mecanismos previstos por la Municipalidad, como por ejemplo reuniones en casas, otras con comerciantes y empleados públicos, además de viajes a la planta de Monsanto en Rojas, provincia de Buenos Aires. Un dato que llamó la atención de las investigadoras es que dentro de esos espacios de comunicación se detecta “la presencia activa de la empresa, que tiene intereses específicos”.

Concluye el trabajo que la falta de información y la nula participación ciudadana evidencia el incumplimiento de la Ley General del Ambiente. Esta norma insta a las autoridades a “fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión” e informar sobre posibles efectos en el ambiente que “las actividades antrópicas actuales y proyectadas” pueden causar.