Un millón de dólares a la deriva

Un lujoso yate atribuido a Ricardo Jaime está varado en el puerto uruguayo de Piriápolis. La justicia ordenó su traslado a Argentina como prueba en la causa por enriquecimiento ilícito.

El lujoso yate atribuido al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y sospechado de ser parte de su presunto enriquecimiento ilícito descansa literalmente abandonado, pero interdictado por la Justicia, en el dique seco del puerto de la localidad balnearia uruguaya de Piriápolis, muy cerquita de Punta del Este. Lo curioso es que vale un millón de dólares –o eso valió al momento de su compra, hace casi cinco años- y nadie reclama por él ante los tribunales uruguayos o argentinos. Podría hablarse, entonces, cual novela hollywoodense norteamericana, de un millón de dólares casi a la deriva.

El barco fue detectado por la Justicia argentina en Piriápolis en diciembre pasado, luego de un dato llegado a los tribunales federales de Comodoro Py casi de casualidad a través de una fuente del mercado náutico conocida de un funcionario judicial. Desde Tribunales pidieron a Interpol chequear el asunto y los policías, sottovoce, descubrieron que se trataba del yate buscado al correr una lona que tapaba su matrícula en la parte trasera: DL2153AC. Su nombre, Capricornio, había sido borrado. En el puerto habían registrado su ingreso, en marzo del año pasado, con el nombre de “Alta”, por la empresa fabricante.

Confirmado el dato de la matrícula, el fiscal Carlos Rívolo le pidió al juez Sebastián Casanello que ordenara la interdicción de la embarcación y su envío a la Argentina como prueba de la principal causa que tiene Jaime en su contra y por la que seguramente será procesado en los próximos meses por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Al ex funcionario kirchnerista le esperan este año otros tres juicios orales: dos por el delito de dádivas (viajes en avión y ocupación de departamentos pagos por empresarios a los que debía controlar) y otro por el calamitoso estado del parque ferroviario que derivó en la “tragedia de Once”, el accidente que le costó la vida a 51 personas hace casi dos años, cuando ya estaba fuera del poder.

Casanello accedió a ordenar que nadie retire el barco de donde está, lo que Interpol Uruguay notificó al Ministerio de Transporte y éste a las autoridades del puerto de Piriápolis, pero no aceptó traerlo a la Argentina con el argumento de que no se sabe si es de Jaime. Para todo ese trámite interviene el juez de Maldonado Gerardo Fogliacco, pero hasta ahora, según fuentes judiciales argentinas, el magistrado uruguayo no pudo determinar a quién pertenece la embarcación. Es más, nadie se presentó a reclamar por su “liberación”. Y los planes de sus dueños eran devolverlo a las aguas antes de las Fiestas de fin de año. El yate estaba en Piriápolis para supuestos arreglos menores de pintura en su casco. En Tribunales creen que era para esconderlo.

De acuerdo con los papeles en poder de la Justicia, el yate fue adquirido a la firma Altamar por una sociedad radicada de Delaware, Estados Unidos, llamada Dalia Ventures y de socios con acciones al portador, como también se detectó en el caso del avión de cuatro millones de dólares asimismo atribuido al ex secretario de Transporte. El problema para Jaime es que quien figuraba como autorizado a retirar el yate del astillero, según esos papeles, era el abogado Manuel Vázquez, ex asesor del ex funcionario kirchnerista y poseedor de miles de e-mails comprometedores para su jefe pero anulados como prueba por la Justicia por la “impericia” del anterior juez a cargo de la causa, Norberto Oyarbide: no se había resguardado la “cadena de custodia” de la prueba, según el  planteo de su defensa aceptado por la sala I de la Cámara Federal penal porteña en un fallo redactado por Casanello cuando era secretario de ese tribunal antes de ser ascendido a magistrado.

Dalia Ventures, la supuesta dueña del yate, habría sido creada por el contador uruguayo Angel Vicente José Campiotti. Su nombre fue incorporado a la causa contra Jaime en noviembre pasado por Carlos Lluch en su declaración indagatoria. Campiotti había fallecido un mes antes, el 13 de octubre, y su hijo, Marcelo, al ver su apellido en los diarios, se contactó con la Justicia y los involucrados para aclarar que él ni su padre tenían algo que ver con los supuestos actos corruptos de Jaime. Datos extraños: el hijo de Campiotti se dedica al mundo de las finanzas y reside entre Punta del Este y Rosario, curiosamente la sede esta última de la empresa fabricante del yate, retirado de su filial de San Fernando.

Lo divertido –si cabe el término, bien podría hablarse de patético- de todo este asunto es que Campiotti hijo está pensando en hacer un juicio de sucesión en Uruguay para reclamar para sí el barco abandonado de casi 20 metros de eslora que Lluch atribuyó a su fallecido padre. Para ello debería demostrar que él figura de alguna manera en la creación de Dalia Ventures o en una sociedad uruguaya cuyo nombre desconoce la Justicia argentina. Pero si esto es así, Campiotti hijo podría retirar el yate de Piriápolis una vez que venza la interdicción ordenada por la Justicia argentina, venderlo y disfrutar de un millón de dólares que se presumen producto de la corrupción en la Argentina, hasta hoy abandonados a la deriva.