La era de la comunicación móvil, que podríamos apreciar como la etapa que cambió la comunicación radicalmente y brindó una nueva manera a los individuos de comunicarse en cualquier parte del mundo, ya sea en forma oral o es escrita, además de la gran variedad de aplicaciones con la que contamos para el ocio, las relaciones sociales, el acceso a la información o el trabajo, no permite ser mirada en forma positiva ya que esta comunicación móvil se ve estropeada por la inoperancia y la especulación de las compañías operadoras del mercado en Argentina.
Una encuesta publicada por Infobae a final del 2013 revelaba que al menos el 54 por ciento de los usuarios de telefonía móvil no está conforme con el servicio en Argentina. Entre los factores de esta disconformidad, se encontraban las llamadas que se cortan, las tarifas elevadas y la escasa señal. A esto le podemos sumar el penoso servicio de Internet móvil en la modalidad de 3G, en el cual hay un rechazo general entre los usuarios.
Entre los factores técnicos a mencionar como agentes del mal funcionamiento del servicio en general, podemos citar el espectro radioeléctrico disponible, la falta de antenas y la necesidad de una reconversión tecnológica. Al parecer, la gran inversión de las operadoras va destinado al marketing publicitario, esa herramienta en la que las empresas seducen y engañan a los consumidores mediante la vía psicológica.
¿Y qué papel juega el Estado?
Ante este atropello de las corporaciones operadoras a los usuarios, el Estado no juega el papel del intermediador y su ausencia beneficia a las empresas. Sólo ha aplicado multas esporádicas a las compañías, que son insignificantes para los ingresos que las mismas generan, y que además no han servido para que brinden un servicio acorde a lo que los usuarios pagan todos los meses.
Además, se había anunciado que el Estado crearía una empresa con el 100 por ciento de participación estatal con el objetivo, supuestamente, de equilibrar el mercado. De este modo, los usuarios elegirían entre las tres empresas privadas o la pública, que estaría representada por cooperativas. ¿Quién garantiza que la compañía estatal ofrezca un servicio diferente a las privadas y que no se convierta en una operadora en la que el Estado pretenda lucrar y aumentar las arcas? Y no podemos dejar de mencionar que fue el mismo Gobierno el que les ha autorizado en repetidas oportunidades los aumentos a las compañías operadoras, en la que se generó un mayor desfasaje entre el abono pagado y el servicio brindado.
En Argentina, la telefonía móvil es como la fija, ya que si uno se mueve deja de funcionar. Quizá suene cómico, pero en la realidad no lo es. Esa frase pertenece a Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones que además informó que el país es el segundo más caro en telefonía móvil y el segundo en conexión más lenta de Internet.
Así como en el mundo del trabajo hay una clase oprimida y una clase opresora, en el mundo de los servicios hay una clase opresora, dueña de los medios de producción, y una clase oprimida que está obligada por la vía legal a pagar la factura del servicio. Las operadoras no están, a simple vista, obligadas a brindar un servicio eficiente tal como pagan los consumidores. Esa diferencia la ha asegurado la propia ausencia del Estado que avaló la ineficiencia de las operadoras así como también la propia existencia de la economía del mercado.
No se puede negar que es necesaria una comunicación móvil que sirva para mejorar y facilitar el intercambio entre los individuos. Esto no ocurre en el presente, en el cual el mercado estropea la comunicación y la interfiere mediante un servicio mediocre y la intervención de la publicidad en las distintas herramientas comunicativas modernas.
En la sociedad de la información, es necesario pensar una comunicación digitalizada en la cual, por encima de las compañías operadoras y el Estado, lleven la rienda los trabajadores y los usuarios.