“No queremos un Mariano Ferreyra en Malvinas Argentinas”

* Desde Córdoba. Monsanto avanza con represión y el aval de Provincia y Nación.

“Fuera Monsanto de Córdoba, Argentina y América Latina”, gritaron más de 5.000 personas este martes. En el día internacional de la lucha contra los agrotóxicos, colectivos sociales y ambientales reclamaron en la capital cordobesa por la emergencia ambiental. El tema central fue la instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Luego de una brutal golpiza sufrida a manos de una patota de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentia) y la policía provincial el jueves pasado, desde la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Gastón Mazzalay advierte: “No queremos un Mariano Ferreyra y estuvimos muy cerca de un hecho similar”. Tres rectores de universidades nacionales piden a la Presidenta que intervenga.

 

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Desde hace más de dos meses, la localidad de Malvinas, situada al noreste de la capital, es escenario del bloqueo al predio que la empresa de semillas más grande del mundo tiene en la ruta A88. Asambleístas impiden que siga la construcción de una planta acopiadora de semillas de maíz transgénicos sin precedentes: 216 silos que almacenarán 137 toneladas cada uno. La asamblea pide ser consultada frente al peligro sanitario y ambiental del emprendimiento. Según la página 13 del aviso de proyecto que realizó la empresa, se usarán 350.000 litros de agroquímicos por año en la primera etapa, cuando sólo esté al 20 por ciento la capacidad operativa. En un informe, cuatro cátedras de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba advirtieron que este proyecto será un “golpe a la salud ambiental” de este pueblo.

En estos más de sesenta días de bloqueo, hubo represiones, amenazas y el silencio de los organismos públicos. El jueves pasado, apenas clareaba, unas sesenta personas irrumpieron para destruir las casillas, carpas, y todo lo que permite sostener el acampe. La violencia organizada dejó más de veinte heridos. La policía provincial dio vía libre a la golpiza. “Vino una patota orquestada por la Uocra, a robarnos, golpearnos y amenazarnos con armas de fuego”, cuenta Mazzalay.

El Gobierno provincial no dialoga. En la asamblea temen un caso Ferreyra: “De seguir esta postura se va a generar una violencia mucho mayor”. Tan sólo reclaman seguridad jurídica, institucionalidad. “Lo único que pedimos es democracia, una consulta popular.”

 

 

Estado Monsanto

 

El bloqueo se inició el 19 de septiembre. Pasado un mes, una comisión veedora con representantes provinciales, nacionales e internacionales, con Nora Cortinas y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, buscó mediar con el gobierno de José Manuel de la Sota. Ante la falta de devolución, esta comisión publicó el 1 de diciembre una carta con destino Cristina Fernández. Los firmantes explican la necesidad de intervención, frente a la no aplicación de la Ley General de Ambiente (25.675), de orden nacional. Adhieren al texto Francisco Tamarit, Marcelo Ruiz y Rafael Velasco, rectores de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Católica, respectivamente.

Una cronología: El 16 de marzo de 2012, el intendente radical Daniel Arzani de Malvinas Argentinas otorgó la prefactibilidad de la obra y el 13 de junio el Concejo Deliberante autorizó las tareas preliminares. Tres días después, Cristina Fernández celebró la inversión de Monsanto, de la que dijo estar “orgullosa”. Lo hizo en un acto realizado en Nueva York en el marco del Concejo de las Américas. Ambiente de la Provincia autorizó el aviso de proyecto para la primera etapa, el 24 de agosto del año pasado. El 10 de enero de este año, el Concejo Deliberante de Malvinas sancionó la ordenanza 821 que autoriza las obras de construcción.

Frente al abroquelamiento de arco político, nacional, provincial y municipal, los vecinos apelaron a la vía judicial: presentaron un amparo para que la Municipalidad se abstenga de autorizar la puesta operativa hasta que no se cumplan todos los requisitos dispuestos por Ambiente. Tras fallos y apelaciones, el Tribunal Superior de Justicia negó el amparo.

La semana pasada, el Observatorio sobre prácticas en Derechos Humanos de la UNC publicó un análisis sobre el conflicto. El documento da cuenta de las sistemáticas irregularidades en el proceder del Ejecutivo y el Poder Judicial cordobés a favor de Monsanto. “Tanto la empresa titular del proyecto, como los organismos provinciales y municipales intervinientes, así como de las diversas instancias judiciales intervinientes, dan expresamente por sentado -erróneamente- que la celebración de consultas o audiencias públicas previas” de los potencialmente afectados, “constituyen un resorte facultativo de la Secretaría de Ambiente”. Por el contrario, esa participación “es una instancia obligatoria consustancial a la legalidad y razonabilidad del acto administrativo aprobatorio”, enfatiza el documento en alusión a la Ley General del Ambiente, que prima sobre normativas locales que sean menos progresivas.

Otro punto crítico es que al fragmentar el proceso de autorización en diversas fases, es decir que se autoriza a construir y dejar la planta lista para funcionar, y recién entonces hacer el estudio de impacto, el derecho ambiental pierde todo sentido. En este marco, la evaluación “ya no será previa” sino posterior a la “emisión de sucesivos salvoconductos amoldados a los requerimientos y etapas delineados por la propia empresa”.

 

 

Proyecto Nacional

 

La inversión de Monsanto encastra a medida de los objetivos de la Nación delineados en el Plan Estratégico Agroalimentario 2020, que perfila al país como jugador estrella en el mercado de los comodities agrarios. Dentro de las 9 millones de hectáreas de granos que se deben incrementar, la siembra de maíz pasaría de 3,7 millones, en 2010, a 5,7 millones de hectáreas para 2020. La nueva planta de la trasnacional tendrá una capacidad de producción para 3,5 millones de hectáreas.

Por ahora, “la Nación no ha dialogado para aportar alguna solución”, remarca Mazzalay. Mientras Monsanto tiene el visto bueno de Nación, Provincia, Municipio y el Poder Judicial, la ciudadanía organizada pide decidir su futuro y no ser reprimido por eso.