Liberaron al periodista Juan Pablo Suárez

Tras la presión de organismos nacionales e internacionales, la justicia de Santiago del Estero tomó la decisión. Entrevista con Sandra Wede, esposa de Suárez.

 

Luego de 10 días de detención, finalmente hoy fue liberado el periodista detenido en Santiago del Estero por filmar la protesta policial en la que se reclamaban mejoras salariales. Pero más allá de la buena noticia, el episodio que vivió Pablo Suárez dejó un sabor amargo y muchas dudas sobre el ejercicio de la libertad de expresión en la provincia de Gerardo Zamora. El accionar policial y judicial son las principales causas de estos resquemores. Aunque no son los únicos protagonistas.

La jueza provincial Rosa Falco fue quien ordenó verbalmente la detención del periodista y el allanamiento de su oficina y domicilio para secuestrar el material vinculado a la protesta. “Llegaron a la redación 60 policias con una orden de allanamiento verbal emitida por la Dra. Rosa Falco, quien pedía el video de la detención para que no fuera utilizado políticamente”, relató Sandra Webe esposa de Suárez. Bajo la carátula de “Conspiración para cometer el delito de petición sediciosa” se encarceló a Suárez y al policía que había dirigido las protestas salariales, Norberto Villagrán. Pero entre las pruebas secuestradas no había elemento alguno para demostrar el delito imputado, como luego concluiría la fiscal que intervino en la causa. Por otra parte, el delito del que se lo acusó a Suárez prevé una pena de tres meses a un año, y en caso de no haber antecedentes, es excarcelable. Sin embargo, el periodista no fue liberado.

En una conversación entre la jueza Falco, el abogado defensor, Dr. Nazar y Sandra Webe, grabada por esta última; la magistrada admite que la detención tuvo causas políticas. Durante los incidentes que llevaron a la detención de Suárez y Villagrán, la policía también incautó los celulares de la gente que estaba filmando lo que sucedía. Ante la pregunta del procedimiento, la Dra. Falco dijo con total naturalidad que “la finalidad (del procedimiento) era que no se difunda una cosa así que puede generar pánico”. La misma finalidad tuvo la arbitraria detención de Suárez: “preservar el orden”.

A pesar de tener todas las pruebas en su contra, la jueza Falco no ordenó desestimar la causa, sino que se declaró incompetente y dejó recaer la decisión en la justicia federal.

En el trascurso de estos acontecimientos, la prensa local hizo mutis por el foro. Los periodistas santiagueños no difundieron inmediatamente la noticia de la detención, con la excusa de que Suárez no calificaba como digno colega. Cuando la noticia llegó a Buenos Aires y se abrió el debate, muchos periodistas salieron a poner un manto de dudas sobre la víctima: que se dedicaba a la compra-venta de autos usados, que se trataba de un operador político, que había intercambiado una serie de mensajes con un alto dirigente radical para organizar los saqueos en su provincia. Lo cierto era que Suárez había sido detenido en esa oportunidad por ejercer su derecho de libre expresión, que la justicia actuó de forma autoritaria y que su encarcelamiento era ilegal a todas luces. Pero todo eso pareció un débil argumento.

Afortunadamente, la intervención de organizaciones nacionales e internacionales, como Periodistas sin Fronteras y APJ, y de algunos diputados nacionales, lograron ejercer a presión suficiente para que Suárez quede en libertad.