La mirada que viene desde el norte

El espionaje del gobierno de EEUU sobre los usuarios de Internet plantea la necesidad de discutir los límites del derecho a la privacidad.

Image: President Barack Obama reacts after his first tweet.
La revelación de que las principales compañías de Internet colaboran en dos masivos planes secretos del gobierno de Estados Unidos para espiar a todos los usuarios de los servicios que ellos ofrecen ha puesto al derecho a la privacidad en la tapa de los principales diarios del mundo. La sensación de que los espacios ajenos a la mirada de los otros son cada vez más chicos se confirmó el jueves pasado y planteó un nuevo escenario: ya no se trata de señalar los riesgos que nuestras prácticas en Internet plantean para nuestros derechos, sino de defenderlos ante ataques concretos.

El panorama es complejo y cada día ofrece nuevos detalles y revelaciones. Hasta el momento, de lo que se trata es de la masiva recopilación de información sobre comunicaciones digitales. Esta información no revela –por ejemplo– de qué hablamos, sino con quien lo hacemos y por cuánto tiempo. Y esa información sirve para conocer muchísimo sobre todos nosotros ya que pasamos gran parte del día en interacciones que –según sabemos– son sistemáticamente registradas y analizadas por algoritmos diseñados para catalogarnos como ciudadanos sospechosos o no sospechosos.

El escándalo ofrece una buena oportunidad para pensar varias cuestiones.

En primer lugar, la forma en que una sociedad democrática debe ofrecer seguridad a sus ciudadanos. Algunos creemos que ello debe hacerse respetando la ley, la Constitución y todos y cada uno de nuestros derechos. Otros creen que esas reglas pueden doblarse un poco: en Estados Unidos, por ejemplo, estos programas son ejecutados por agentes cuya entidad desconocemos, aprobados por congresistas en sesiones secretas y revisados por tribunales que se reúnen a puertas cerradas. Difícilmente esas condiciones sean las que exige la Constitución de ese país en su enmienda cuarta y por eso organizaciones de derechos humanos de ese país están luchando contra estos programas ante los tribunales.

En segundo lugar, el caso revela la importancia de los whistleblowers, es decir, de quienes denuncian violaciones a la ley que conocen por las posiciones privilegiadas que ocupan. En este caso, la revelación del analista de inteligencia Edward Snowden es significativa y fue realizada en el interés público: él cree que la sociedad de los Estados Unidos debe debatir si quiere una sociedad de vigilancia con un Estado cada vez más poderoso que sabe mucho sobre nosotros. Este tipo de revelaciones deben ser protegidas y no perseguidas, como hasta el momento hizo Estados Unidos con quienes hicieron filtraciones similares.

Finalmente, el caso nos obliga a preguntarnos sobre la situación aquí. Si los sistemas de control en Estados Unidos nos parecen endebles, excesivamente secretos y fáciles de esquivar, en la Argentina la situación es aún peor. Los servicios de inteligencia directamente carecen de un control efectivo: la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia funciona bajo un secretismo aún mayor que su par de los Estados Unidos. Por ello, la ADC (Asociación por los Derechos Civiles) e ILSED ( Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia) lanzaron la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) como plataforma para generar espacios de debate y discusión para una discusión global que tiene un aspecto local que consideramos muy relevante.

* El autor es Director Área de Acceso a la Información de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)