Río Turbio: Una usina mal concebida

El polémico emprendimiento energético en Santa Cruz. Despilfarro de recursos, negocios poco claros y anuncios demagógicos.

 

río turbio

 

El 13 de junio de 2004 se produjo una tragedia, un tanto olvidada, que terminó con la vida de 14 mineros en la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz. Este episodio es el inicio de una historia que da cuenta de la irracional política energética nacional y del intento constante de supeditar la realidad al relato ficcional. Eran los inicios de la era K a nivel nacional.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es la empresa que explota la antigua mina de carbón en esa localidad santacruceña, ubicada a 300 km de Río Gallegos, en el extremo sudoeste de la provincia. Esa noche del 13 de junio los operarios estaban realizando el cambio de turno y quedaron atrapados por el derrumbe generado tras un incendio en una de las galerías de la Mina 5, a unos 600 metros de profundidad y a varios kilómetros de la salida. Las condiciones de funcionamiento anticipaban la tragedia. Los alertas fueron ignorados por autoridades provinciales y nacionales. A pocos días del desastre el diario Página/12 publicó un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) que aseguraba que el yacimiento tenía un índice de siniestralidad que duplicaba el promedio.

La historia reciente de la YCRT se remonta a los años noventa. Dentro del proceso de transformación del Estado, en 1993, la YCRT y el servicio ferrovial entre las terminales del puerto de Punta Loyola y Río Gallegos habían sido concesionados de manera integral a los hermanos Sergio y Alberto Taselli. La concesión fue acordada por el Gobierno Nacional, a cargo de Carlos Menem, y del Gobierno provincial, en manos de Néstor Kirchner. Esta etapa en la historia de Río Turbio volvió al tapete en el mes de marzo pasado, cuando la justicia procesó al actual Secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Cameron, integrante de la Comisión Fiscalizadora de la empresa YCRT durante el período concesionado, fue señalado por la justicia como partícipe del desvío de fondos públicos recibidos por la empresa en forma de subsidios entre 1993 y 2002 (unos 16 millones de dólares anuales).

Luego de casi 10 años de esa concesión, con denuncias por corrupción y un enorme incumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa, en el año 2002, mediante el Decreto 1034/02, del entonces presidente Eduardo Duhalde, se rescindió la concesión a los hermanos Taselli. La situación de la YCRT era desastrosa. Ese mismo año, por otro decreto nacional, el 1052/02, se dejó en claro que la mina no seguiría siendo explotada dadas las pésimas condiciones en que se encontraban las instalaciones. Sin embargo, esa decisión fue resistida. Por iniciativa de legisladores nacionales por Santa Cruz, autoridades provinciales, los gremios y el entonces interventor de YCRT, Eduardo Arnold (ex vicegobernador de Néstor Kirchner entre 1991 y 1999 y hoy kirchnerista arrepentido), hacia finales de ese año, la mina comenzó nuevamente con las actividades sin mediar ningún tipo de mejora. Menos de dos años después, en junio de 2004, Río Turbio sufrió el peor accidente de su historia.

Lejos de imponer mesura en los anuncios respecto de la viabilidad de la producción de carbón en Río Turbio, el accidente hizo que diversos funcionarios provinciales y nacionales, junto al entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, promovieran una nueva e improvisada política: la inmediata construcción de una usina a carbón, la central termoeléctrica en Río Turbio (CTRT). Si la viabilidad del yacimiento ya era incierta, la CTRT era una completa irracionalidad.

Mucho antes de su “privatización”, YCRT mostraba un declive sostenido en su producción y su viabilidad económica era improbable. En su mejor momento, durante los años 70, Río Turbio alcanzó una producción oscilante entre 700 mil a un millón de toneladas por año. Los últimos años la extracción llegó apenas a unas 200.000 toneladas anuales. Las características geológicas del mineral y sus costos hicieron muy poco atractiva la explotación de ese mineral y, lejos de pensar en una alternativa realista y colocar a la mina en un nivel de producción acorde a sus reales posibilidades, se optó por construir una epopeya sobre la tragedia de los mineros.

En el mes de noviembre de 2004, Kirchner formalizó el anuncio de la construcción de la usina de Río Turbio y ante los familiares de las víctimas. Había llegado a la ciudad acompañado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, Héctor Icazuriaga (SIDE), la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y otros miembros del Gobierno Nacional. También estuvieron el entonces interventor de YCRT, Daniel Peralta, hoy gobernador de Santa Cruz y el entonces Gobernador provincial Sergio Acevedo.

Los funcionarios anunciaron también la firma del acuerdo binacional con la República Checa para el financiamiento y suministro de una primera central termoeléctrica de 80 MW, que luego se rompería para dar paso a una licitación por una usina de mayor potencia, de 240 MW y un valor muy superior al inicial. El proyecto ahora había escalado tres veces en potencia y se anunciaba como el inicio de un proyecto de explotación intensiva del yacimiento para producir electricidad. El ministro De Vido anunció también que, para conectar la usina de Río Turbio con el sistema eléctrico nacional, se realizaría la ampliación del tendido de alta tensión hacia el extremo sur de la Provincia, alcanzando a Río Turbio, Río Gallegos y El Calafate.

La obra de la usina fue asignada en 2007 a la empresa española Isolux Corsán. Estimada en un plazo de 42 meses, el costo de la central termoeléctrica sería cubierto por el Estado Nacional y también con la venta del carbón de Río Turbio que no fuera utilizado por la usina. El presupuesto inicial de la obra era de 1.506 millones.

Apenas conocidos los detalles del proyecto de la CTRT comenzaron a llover las denuncias: la primera de ellas puso el ojo sobre el proceso licitatorio ya que la obra terminó adjudicándose en 2.680 millones, casi el triple de lo que cuesta una usina similar en cualquier lugar del mundo. Las denuncias incluían también los impactos ambientales de la explotación del carbón y su quema en la central y los impactos en la salud humana asociados a las emisiones de la quema del carbón en la usina (1).

La ampliación del sistema eléctrico hacia Río Turbio tampoco estuvo excenta de escándalos. Una segunda denuncia, en marzo de 2009, realizada por Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, se basó en las irregularidades en la ejecución de las obras de extensión de las líneas de alta tensión hasta Pico Truncado. La más llamativa, una diferencia del 45% sin justificación alguna entre los costos de la realización del tendido del tramo Choele Choel – Puerto Madryn (Chubut) y aquel que unió esta ciudad con Pico Truncado.

Unos meses más tarde, Greenpeace denunció que la empresa Isolux Corsán había recibido en 2007 pagos por 142 millones de dólares antes de que la empresa presentara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la usina. Es decir, la obra estaba aprobada más allá de lo que arrojase dicho estudio. (Además, una vez presentado el EIA recibió 50 observaciones por parte de un cuerpo técnico que jamás fueron respondidas).

La central térmica de Río Turbio debería estar finalizada para mediados de este año. Las líneas del interconectado nacional están llegando a la zona más tarde de lo previsto. Pero hay un dato que es crucial y que tiene que ver con la raíz de toda esta historia: la usina utilizará unas 3.720 toneladas de carbón por día, eso es 1.200.000 toneladas anuales. Esto implica una necesidad de inversión de enorme envergadura para poner al yacimiento a producir a esa escala. Recordemos que sólo en su momento de mayor producción alcanzó el millón de toneladas, y los últimos datos disponibles hablan de una producción actual de 200 mil toneladas anuales, es decir menos del 20% de lo necesario. Lo más probable es que la usina termine utilizando carbón importado.

El actual Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, quien fuera en su momento interventor de YCRT, dijo al anunciarse la construcción de la termoeléctrica que “sin mina no habría usina”. Pero por estos días, otro ex interventor de YCRT Eduardo Arnold dijo en el programa de TN, “Otro tema” que la CTRT no podrá ser abastecida por el carbón de YCRT, ya que la mina no produce lo necesario. Este dato no es nuevo ya que es “vox populi” en Santa Cruz. Todos saben lo difícil que es que Río Turbio pueda abastecer a la usina, pero admitirlo ponía en riesgo los abultados subsidios anuales que se recibían.

Las inversiones directas parecen no ser suficientes para reactivar la producción de YCRT a pesar de ser elevadísimas cifras las que anualmente devora el proyecto. En el 2012 la mina, YCRT, recibió 1.300 millones de pesos y en el primer trimestre de 2013, los subsidios otorgados a YCRT aumentaron en un 90 por ciento. Subsidios de esta magnitud vienen repitiéndose desde el 2006, pero de estas cifras sólo el 10%, en promedio, fueron destinadas a la inversión directa para la reactivación de la mina, el resto fue dedicado al pago de salarios (2).

El dinero aportado anualmente a la improductiva mina de carbón de Río Turbio es uno de los subsidios más altos del sector energético y ocupa el cuarto lugar en el ranking de subsidios nacionales del sector energético. La inviabilidad económica del carbón se manifiesta en el alto costo que tendrá la electricidad que generará la usina de Río Turbio, si alguna vez lo hace, estimada en más de un 50% por encima el valor que hoy paga el gobierno a los generadores eólicos.

En momentos en que la crisis energética y su consecuencia más grosera – la gigantesca importación de combustibles – es hoy un tema crítico para la economía nacional, casos como el de Río Turbio, muestran la impericia con la que se adoptaron decisiones basadas en anuncios demagógicos, negocios poco claros y un despilfarro de recursos que ahora son imprescindibles. Río Turbio fue una mala idea energética, económicamente inviable y sólo posible en una política que supone que el relato puede tapar todas las tragedias y todos los desatinos económicos.

 

 

Notas

(1) Presentada el 3 de Marzo del 2009 ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, por el Dr .Carlos Manuel Garrido, justo antes de retirarse del cargo. El expediente es el N° 26. 234 y está en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas N° 7 de la Dra. Susana Pernas.

(2) Informe de Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional, Marzo de 2013. ASAP.

 

* El autor es Presidente de la Junta Directiva Los Verdes.

 

Comments

  1. Pero este no es el único tema que apunta: “Es muy importante saber cuál va a ser la figura jurídica de la usina”. Se refiere a la propiedad de la generadora. En Santa Cruz apuntan a integrar a la ya existente sociedad del yacimiento, la central eléctrica. Claro está, dice Peralta, con la debida participación de los trabajadores y del gobierno provincial. ¿Quién será el dueño de la usina, quién venderá la energía y quién comprará el carbón? Estas son algunas de las preguntas que nadie responde.

  2. Gustavo says:

    Yo creo que el tema de la energia no se la puede tomar a la ligera. Ademas no se como seran las obras si en lo que va del año no se cuantos cortes de luz hubo. Y dicen que ni siquiera tienen fondos para renovar los cables que estan todos destruidos. Porque en estos años que dicen que fueron de crecimiento podrian generar molinos con energia eolica a lo largo de toda la Patagonia o pantallas con energia solar en las provincias del Norte. Y no seria mejor ir quitando escalonadamente los subsidios de las tarifas de luz y solo dejarlo para los sectores mas necesitados. Ahora resulta que esta todo atado con alambres. Y cuando exportaban petroleo tildaban de destutuyentes a los que se oponian. Ahora resulta que nos quedamos sin ese material.

  3. Pero este no es el único tema que apunta: “Es muy importante saber cuál va a ser la figura jurídica de la usina”. Se refiere a la propiedad de la generadora. En Santa Cruz apuntan a integrar a la ya existente sociedad del yacimiento, la central eléctrica. Claro está, dice Peralta, con la debida participación de los trabajadores y del gobierno provincial. ¿Quién será el dueño de la usina, quién venderá la energía y quién comprará el carbón? Estas son algunas de las preguntas que nadie responde.