Los qom todavía no tienen respuestas

La audiencia pública ante la Corte Suprema para resolver el conflicto territorial de la Comunidad La Primavera pasó a un cuarto intermedio.

 

felix audiencia

 

 

Así lo decidió la Corte Suprema tras escuchar a las partes de la causa “Comunidad Indígena Toba La Primavera- Navogoh c/ Formosa, Provincia de y otros s/ medida cautelar”, en la que se dirime el conflicto sobre la titularidad de las 600 hectáreas en las que habitan las 800 familias de la comunidad. En la audiencia de conciliación participaron representantes de la Comunidad “La Primavera”, del gobierno de Formosa, de la Administración de Parques Nacionales y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entre otros. También asistió Cristino Sanabria, quien a pesar de haber perdido las elecciones comunitarias por un amplio margen aún detenta el título de representante legal de la Asociación Civil.
Durante la exposición se trató el conflicto por la ocupación de tierras comunitarias por parte del gobierno provincial, en donde se pretende instalar una sede universitaria; y del Nacional, cuando se creó el Parque Nacional Río Pilcomayo dentro del predio en disputa. Según el líder de la Comunidad La Primavera Félix Díaz: “No hubo una respuesta concreta sobre el conflicto territorial por parte de Formosa”.
Por el momento, sigue vigente la orden de no innovar en el territorio en donde pretende erigirse el edificio de la Universidad de Formosa, sin embargo, un aspecto clave para el avance de la causa es el relevamiento catastral de la Comunidad. “El gobierno de Formosa dice que ya están haciendo un relevamiento técnico jurídico por este tema, pero a nosotros nunca nos avisaron, entonces lo que nosotros pedimos es que tengamos participación en esa propuesta”, explicó Félix Díaz. De realizarse, éste sería el primer paso para definir los límites y la titularidad de las tierras.
El Instituto de Asuntos Indígenas es el organismo que debería ocuparse de hacer el relevamiento territorial. Desde la promulgación de la ley 26.160 en 2006, cuando se decretó la emergencia territorial de las comunidades indígenas; se dio un paso adelante para crear entre otros programas, el de Relevamiento Territorial con el fin de reestablecer la situación histórica de los pueblos originarios. Sin embargo poco se ha logrado en ese sentido. Por caso, un informe de la Auditoría General de la Nación reveló en 2012 que a 3 años de su aplicación y con más de 24 millones de pesos gastados, el INAI solo llegó a relevar a un 4% de las comunidades existentes y que se desconocía el destino del 60% del presupuesto ejecutado. Este año, ese programa cuenta con otros 10 millones para realizarse, y la Corte exigió respuestas.

La semana que viene los funcionarios responsables deberán presentar un plan concreto de relevamiento territorial. ¿Asistirá Insfrán?