De civil y sin identificarse, la policía bonaerense detuvo a delegados sindicales de ATE bajo la figura de coacción agravada.
Conmoción causó en La Plata la detención de cinco delegados sindicales de ATE de manera violenta realizada por policías no identificados que actuaban de civil. Los detenidos están acusados de «coacción agravada» por haber sido los firmantes del acuerdo con la Dirección Provincial de Escuelas en el marco del conflicto sindical del año pasado.
«Fueron todas detenciones realizadas orquestadamente y por personal de civil que permaneció sin identificarse y a los golpes contra los compañeros -cuenta Damián Hernández, miembro de la Junta Interna que mantiene la libertad, en medio de la movilización desarrollada para reclamar la libertad de los detenidos-. Los delegados habían concurrido a la Dirección de Escuelas para tramitar unos subsidios para los compañeros que habían sufrido las consecuencias de la inundación cuando, al salir y sorpresivamente, fueron abordados por hombres armados que no se identificaron, los detuvieron a los golpes, los metieron en un auto y los trajeron a la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata. A otro delegado lo detuvieron en el edificio que se encuentra en 12 y 51, en su lugar de trabajo, donde fue esposado y reducido con mucha violencia física». El video de la detención por parte de personal de seguridad de civil se puede ver a continuación:
Video de la detención de uno de los delegados.
Al momento de publicar esta noticia, los manifestantes rodeaban el edificio donde permanecen detenidos los representantes gremiales de los trabajadores estatales con el objetivo de bloquear la salida de los detenidos, que debían ser llevados a distintos penales. La causa es llevada adelante por el Juez de Garantías César Melazo. Plazademayo.com intentó comunicarse sin éxito con el magistrado.
La figura de coacción agravada que se atribuye a unos trabajadores que firmaron un acuerdo respaldados por una movilización -tal como fue el caso de la movilización del año pasado que logró un acuerdo con la funcionaria Nora de Lucía, constituye una anomalía grave, ya que de considerarse como un antecedente toda movilización gremial podría ser considerada una extorsión plausible de ser penada judicialmente. De ser así, se alcanzaría un nuevo peldaño en la escalada de criminalización de la protesta social.
La manifestación en La Plata votaba, al cierre de esta nota, permanecer hasta la liberación de los sindicalistas detenidos.