Un freno a Barrick Gold

La justicia chilena ordenó parar el proyecto minero binacional de Pascua Lama. Entrevista a Lorenzo Soto, abogado de las comunidades chilenas afectadas.

 

 

El primer proyecto binacional para instalar una mina de oro y plata a cielo a abierto en la frontera de Atacama y San Juan, sufrió un duro revés en la justicia chilena. Un fallo unánime de la Corte de Copiapó acogió la orden de no innovar presentada por cinco comunidades indígenas, tras denunciar una serie de irregularidades ambientales. La firma canadiense Barrick Gold encargada de la explotación anunció la paralización de los trabajos de construcción en el lado chileno “mientras trabaja en requerimientos ambientales y otros de tipo regulatorio”.

Uno de los requisitos básicos para la explotación contenidos en la Resolución de la Calificación Ambiental era el de no afectar la zona glaciar. Compromiso que asumió la empresa y que difundió en su página oficial: «la compañía solamente accederá al mineral de manera tal que no se produzca ninguna remoción, reubicación, destrucción ni intervención física de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza».  Sin embargo, la denuncia presentada en la justicia incluye actividades no autorizadas en los glaciares y contaminación de los recursos hídricos que presentan altas concentraciones de metales pesados.

En nuestro país, la Corte Suprema realizó un pedido de informes a las autoridades provinciales para conocer los estudios de impacto ambiental y recovó las medidas cautelares que impedían la aplicación de la Ley de Glaciares. Sin embargo, la empresa aseguró que por el momento las actividades en Argentina “no están afectadas”.

El abogado chileno que representa a las comunidades diaguitas que viven en donde está emplazada la mina, Lorenzo Soto explicó a Plazademayo.com que los damnificados “nunca tuvieron información sobre el proyecto, ni apoyo del estado, han estado desamparados”.

 

– ¿Qué irregularidades ambientales se detectaron?

– Hoy en día los glaciares se encuentran cubiertos de material sedimentario y hay denuncias que los glaciares están siendo intervenidos, atravesados con maquinaria pesada y removido parte del hielo del glaciar. Por otro lado, hay una serie de irregularidades vinculadas a la contaminación del río Huasco. Esta es una cuenca frágil que se alimenta de las aguas glaciares y de los cursos que llegan al mar. El agua de esos ríos está contaminada. Ambas situaciones están acreditadas por los servicios públicos chilenos. Presentan alta densidad de materiales pesados como el aluminio, cobre y arsénico y las obras para impedir que se produzca esta contaminación no están ejecutadas, además hay obras que no fueron autorizadas y que la empresa ha construido.

 

– ¿Cómo han actuado los organismos de control en este caso?

– La empresa no da información, no entrega los monitoreos y no los hace. Esto ha llevado a que hoy se produzca esta situación. Hay organismos de control que tienen escasos medios y escasas condiciones para poder controlar, sumado al hecho de que hay una gran complacencia del sector político que ha avalado que este proyecto se instale en Chile. Esta es una empresa poderosa y tiene muy buenas redes para poder llegar a todas las esferas. Recién ahora con una nueva institucionalidad ambiental, ha sido la Superintendencia de Medioambiente la que ha podido llevar adelante las acusaciones en infracciones ambientales. La Dirección de Aguas es el único organismo que ha actuado con la mayor diligencia denunciando las situaciones hídricas que se han presentado.

 

– ¿En Chile se exige una licencia social para llevar adelante este tipo de emprendimientos?

– No. En Chile se necesita un permiso ambiental, y en este caso se debería haber considerado la variable cultural e indígena porque Chile adscribe al convenio de la OIT que obliga a la consulta previa de las comunidades indígenas suceptibles de ser afectadas por grandes emprendimientos como este. Eso no ocurrió.

 

– ¿Cómo continúa la causa?

– La Corte ordenó una paralización provisional hasta que se trate el fondo del asunto, esto quiere decir que la causa va a llegar a la Corte Suprema de Santiago en los próximos meses y ahí se va a tomar una decisión definitiva para la paralización de la construcción.

 

– ¿Tienen información sobre la situación del proyecto en Argentina?

– Solo tenemos la información que emana de las redes sociales y los medios de prensa y entendemos que ahí también está la Ley de Glaciares y que ha habido obstáculos para implementarla. En Chile no tenemos esa legislación, la Corte Suprema se niega a tomar algunas medidas, pero la verdad es que entendemos que el proyecto sigue adelante por el lado argentino, que solo se va a suspender del lado chileno hasta que se cumplan con algunos requerimientos ambientales que no han querido precisar.

 

– ¿Cómo cree que va a resolverse el conflicto?

– La empresa está jugando el juego de decir que siguen adelante en Argentina y la verdad es que si quieren entrar en ese terreno, deberán asumir las consecuencias de llevarlo adelante en una parte, aunque tengan que poner en riesgo todo lo que hayan avanzado. Responsablemente, lo que debiera ocurrir es que esto paralice completamente el proyecto, sin embargo, eso no es una decisión que pueda adoptar un tribunal extranjero, como en este caso sería la Corte chilena. La única posibilidad es que sea una decisión comercial, que entendemos la empresa no está adoptando. La otra posibilidad sería que los colegas argentinos despertaran invocando los antecedentes que ya existen y se presenten en las cortes argentinas.