Una cuestión política
El fallo que condenó a parte de los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra, fue presentado por el tribunal oral como un elogio a la razonabilidad y la lógica jurídica. El método de la “sana crítica” les habría permitido llegar a una sentencia objetiva, pura, neutral. Sin embargo, el fallo tiene mucho de ilógico y contradictorio. Detrás de la interpretación judicial hay un profundo interés político. Las normas, las pruebas de los hechos, se utilizaron en la medida que contribuyeron a la defensa de ese interés. Las que no convenían no se tu tuvieron en cuenta. En eso consiste el juego legal: fraseología formal, tecnicismo, maniobras. En determinadas condiciones el poder necesita romper las formas jurídicas establecidas para garantizarse impunidad.
La legalidad o ilegalidad de una decisión judicial, lo justa o injusta que resulte, no se pueden valorar independientemente del interés social e ideológico que posee el intérprete (señor juez). Incluso lo declarativo y universal de los principios constitucionales, desaparece en los juzgados, allí el que manda es el juez. Así lo estima también el gobierno nacional que acaba de reformar la justicia para, entre otras cosas, tener jueces que refuercen y protejan el aparato oficialista.
El terrible sentido común
Lo primero que dijo el presidente del tribunal, Horacio Días, cuando explicó el fallo, fue que habían valorado los hechos y las pruebas con sentido común. Como veremos se trató de un sentido más bien de parte, propio del gobierno nacional.
Hay tres puntos que sirven para entender como razonaron los jueces que absolvieron al Estado, a los funcionarios políticos a cargo de la Secretaría de Transporte y de la policía, a los empresarios y gerentes de UGOFE, e incluso a otros patoteros y policías implicados en el crimen o en su encubrimiento.
En primer lugar el tribunal reconoció que había existido un móvil político y económico. Que se intentó acallar a la oposición del gremio (terciarizados y fuerzas de izquierda) y que se defendió la caja de la Cooperativa Unión del Mercosur, manejada por la Unión Ferroviaria (UF). Lo que se le escapa al sentido común de los jueces es que ese móvil fue y es compartido por los empresarios que se benefician económicamente con la tercerización, por la Secretaria de Transporte que otorga los subsidios, por toda la mafia que se nutre a costas del transporte público.
Reconocen que para llevar adelante el ataque y aleccionamiento a los trabajadores fue necesario reunirse con la policía, pactar la zona liberada, dar licencias a ferroviarios para que formaran parte del grupo de ataque. La “convergencia intencional” para llevar adelante la acción del 20 de noviembre de 2010, reconocida por Días, no lo hace llegar a la conclusión “lógica” de que hubo un plan criminal, o en palabras del propio Código Penal (también racional y lógico) homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. Lindo sentido común este que ni si quiera sabe sumar. Niegan la existencia del pan criminal para cortar las responsabilidades políticas y cerrar la investigación. Reconocerlo implicaría llamar a indagatoria a Schiavi, a Luna, a Tomada, a Fernández. Desestimaron las pruebas que los involucran. La escucha entre Pedraza y Tomada, que se hizo pública días antes de la sentencia, fue interpretada por los jueces como la intención de Tomada de desligarse de Pedraza cuando en realidad le habla amistosamente y le da recomendaciones para mantener su poder en el gremio.
Por otro lado el tribunal afirmó que no hubo intención de matar y que la UF no quería un muerto. El sentido común de los jueces consiste en negar que contratar matones, darles armas, arreglar con los policías para que no se metan y los dejen cometer el crimen, constituye intención de matar. Sobre la base de esta “interpretación racional” atenuaron las penas. Hubo intención de atacar, dicen, pero el resultado fue eventual: la bala que recibió Mariano en el pecho podría no haberlo matado. Ocultan con cinismo la intención clara, lisa de matar. Cualquier doctrinario del derecho penal más o menos progresista, sabe que lo que vale para establecer la culpabilidad es la voluntad, el fuero interno del autor y no el resultado de la acción. Hubo intención de matar, dos tiradores, Sanchez y Favale, son la principal prueba de eso.
El punto culmine de la “razón divina” de los jueces es la negación de la tercerización de la represión. Días dijo que la policía debió haber actuado, que es ella y solo ella la que concentra la fuerza pública y que su función disuasiva no puede ser suplantada por los particulares. Afirmó que el 20 de noviembre de 2010, la UF y la patota se encargaron de evitar el corte de vías y de atacar a los manifestantes porque habían acordado ese traspaso de “responsabilidades” con las fuerzas policiales. Pero esto, para la “lógica formal” no es tercerización de la represión.
La objetividad de clase
Son propagandistas del poder. Doctores propagandistas. Se hicieron evidentes los vínculos del tribunal con el gobierno nacional. Fueron claros cuando dijeron que no querían un fallo ejemplificador. No quieren que los trabajadores metan presos a quienes les chupan la sangre, los dejan sin empleo, los precarizan, los persiguen, los matan. Quieren que los trabajadores sigan aceptando sin chistar la “lógica” capitalista, la “razón” del capitalista.
Días dijo que le aborrecían los dichos del Gallego Fernández respecto a que no habían querido matar a nadie por no dar una bandera. Sin embargo el tribunal tampoco quiso dar una bandera: Perpetua para Pedraza y Castigo a todos los culpables. Su “objetividad” está en la Casa Rosada.
