El fantasma de la censura llega al cine

Los documentalistas se encuentran en estado de deliberación y alerta debido a una legislación que plantea recortes a la producción audiovisual y permite la injerencia del Estado en los contenidos.

 

 

La posibilidad de que el relato estatal –esa invención discursiva que hace creer a algunos que se estaría realizando un proceso de transformación en el país, cuando florecen en realidad las historias alrededor del edificio Madero Center– sea exitoso implica que se expanda hacia todos los órdenes de la vida posible. A partir de este mes, esta posibilidad llega al cine, a la producción documental. Al menos, así se desprende de la lectura de la resolución 982, firmada este año por Liliana Mazure, presidenta del Incaa, y que cuenta con el rechazo de la gran mayoría de los realizadores de documentales argentinos –un género que experimentó un florecimiento durante los últimos años, aquí y en el mundo–.

Hasta el momento, la actividad cinematográfica documental que recibía subsidios del Instituto del Cine (Incaa) para su realización se canalizaba a través de un Comité de Evaluación compuesto por representantes de las seis asociaciones de documentalistas que aprobaban los proyectos presentados a la institución. Con la nueva resolución, se elimina tal instancia democrática de evaluación, se limitan los fondos para los subsidios y se crean tres comités que dilatarían la aprobación de los proyectos, uno de los cuales (el “Comité de Visualización”) reviste un caracter altamente polémico ya que podría tener un rol censor de los contenidos. Este comité debería cerciorarse de que el resultado fílmico se ajuste al guión presentado en el proyecto, algo que de no “comprobarse” plantearía la quita de los subsidios otorgados. En cine, como en toda realización creativa, es imposible la traslación literal de lo escrito en un guión a lo realizado para la pantalla, mucho más en un documental, género que trabaja con la realidad, que cambia constantemente, a la vez que la mirada del realizador también podría transformarse. Esta exigencia podría transformarse en un eje extorsivo, censor y de control ideológico de los contenidos audiovisuales.

“Es un retroceso absoluto –sentencia Víctor Cruz, director de La noche de las cámaras despiertas y miembro de ADN–. La forma actual que se quiere eliminar surgió de la lucha y consecuencia de trabajo de las asociaciones que permitieron que se produzcan cada año entre 50 y 60 películas. Con esta medida se imponen trabas que burocratizan el mecanismo de selección de proyectos y no se establece quiénes evaluarán las películas. El ‘Comité de Visualización’ que plantea la resolución supone, por lo menos, desconocimiento sobre cómo se hace un documental”.

“Tira para atrás todo lo que se viene trabajando desde 2006 en materia de documentales de bajo presupuesto y de diversa forma de produccion –asegura Virna Molina, directora junto a Ernesto Ardito de Raymundo, la biografìa del documentalista Gleyzar, y miembro de RDI–. A pesar de tener una buena relación con la gestión de Mazure, toda esa legislación se elaboró a nuestras espaldas. La resolución elimina la posibilidad de documentales realizados para la pantalla grande, como largometrajes, y los plantea como realizaciones para la televisiòn. El Comité de Visualización, como mínimo, condena a la película a una mirada mediocre: todo lo que podría enriquecer al documental podría ser censurado para que se ajuste al guión presentado. En el peor de los casos, podría querer intervenir en los contenidos, y se transformaría en un comité censor”.

“La 982 trata de imponer la censura y el control ideológico y el recorte y el ajuste en la producción documental –dispara Francisco Estrella Gutiérrez, del colectivo Silbando Bembas, cuya última realización es Hecha la ley… (sobre la ley de medios) y miembro de DOCA, asociación que hoy se moviliza a las 13 a las puertas del Incaa para protestar contra la nueva legislación–. A las dificultades de exhibición que tiene la producción documental tanto en pantallas privadas como públicas, se suma un avance que plantea la intervención directa sobre el material del realizador. En mi opinión, forma parte de las operaciones de control ideológico y regimentación que lleva adelante el oficialismo en todas las instancias. Es una resolución claramente regresiva impulsada por los sectores más conservadores del mundo del cine”.

El debate también se inscribe en la polémica sobre el rol del documental en el mercado cinematográfico, ya que ese tipo de producciones suelen tener escaso público, situación que los realizadores atribuyen a el poco impulso que se le da a los lanzamientos de las películas por parte del Incaa y a la escasez de salas en las que exhibirlas. Cierto sector del periodismo de espectáculos plantea que se debería privilegiar un cine industrialista en lugar de otorgar subsidios al cine documental.

El 8 de abril las seis asociaciones de documentalistas (DOCA, ADN, DIC, DAC, RDI, PCI) entregaron una carta a la dirección del Incaa rechazando los términos de la resolución, que ya había sido firmada a sus espaldas. El debate sobre el recorte al cine documental ha llegado y, sobre todo, el temor a la injerencia ideológica estatal en los contenidos audiovisuales.