“Democratización” de la justicia: una agenda pesimista

El ambicioso paquete de medidas propuesto por Cristina Fernández de Kirchner: ¿se resolverán los problemas de una justicia cada vez más cuestionada?

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La noticia comenzó a correr a fines del 2012. Inmediatamente generó discusiones y polémicas. La Presidente habló de la necesidad de “democratizar de la justicia”. Durante el verano proliferaron los debates y las notas periodísticas sobre el tema. Finalmente, el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa en marzo nos permitió despejar las dudas. De las elucubraciones pasamos a los hechos concretos. Ya sabemos de qué se trata.

El gobierno tuvo su primera victoria al haberse apropiado del término “democratización”. ¿Quién no está de acuerdo con esa etiqueta? ¿Quién desearía estar en la otra vereda cuando se impulsa democratizar la justicia? La Presidente golpeó primero y ganó la discusión semántica.

La segunda victoria es incierta aún. El paquete de propuestas de la Presidenta deberá pasar por el Congreso. La lista es ambiciosa: elección por voto popular de todos los representantes del Consejo de la Magistratura de la Nación; modificación del Código Procesal para limitar el efecto de las medidas cautelares; publicación de las declaraciones juradas de jueces; acceso a información sobre la gestión judicial; y la creación de varias cámaras de casación. También incluyó una invitación a la Corte Suprema para que derogue la acordada que impide que los jueces paguen impuesto a las ganancias.

¿Es relevante la agenda impulsada por gobierno? ¿Ayudará a democratizar la justicia? Mi reacción frente a estos interrogantes es puro escepticismo. Nuestro sistema de justicia tiene serios problemas de muy diversa índole y ninguna de las propuestas de la Presidente paciera apuntar a resolverlos. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura atraviesa una severa crisis y se encuentra virtualmente paralizado: no logra elevar ternas al Ejecutivo; en los últimos dos años solo terminó seis concursos; la designación de jueces ha caído a sus niveles más bajos mientras la cantidad de magistrados subrogantes llega a niveles inaceptables (20% del total); y las vacantes continúan creciendo (en algunos fueros llega al 50% de los cargos). Sin jueces, es imposible brindar un servicio de justicia adecuado. Sin embargo, no hubo en los anuncios presidenciales nada sobre este tema.

Por otro lado, el poder judicial tiene un serio déficit en materia de acceso a la justicia. El propio Ricardo Lorenzetti, señaló este tema como prioritario en su reciente discurso por la apertura del año judicial. La cuestión es tan compleja como preocupante. El caso de los jubilados es uno de los muchos ejemplos. Sus reclamos por el reconocimiento de un haber digno se acumulan por decenas de miles mensualmente en los juzgados. Las respuestas no llegan, las vidas se acaban, y los derechos se vuelven efímeros. Muchos otros grupos vulnerables enfrentan serias barreras para acceder al sistema de justicia, empezando por los sectores de bajos recursos, las mujeres, las personas privadas de libertad, y los pueblos originarios. Ninguna mención a este tema en la agenda presidencial.

Resulta evidente que las propuestas del gobierno no están en sintonía con las necesidades concretas del ciudadano que necesita un sistema de justicia efectivo y eficiente para proteger sus derechos y resolver sus conflictos. Por el contrario, se trata de cuestiones, en su mayoría, cortoplacistas, vinculadas a necesidades políticas del gobierno, pero que pueden tener efectos negativos duraderos. La elección de jueces por voto popular es una estocada al corazón del poder de las asociaciones de magistrados. Recordemos que este sector está duramente enfrentado con el poder ejecutivo y sus aliados judiciales. Pero nadie explicó cómo esta reforma ayudaría a solucionar la incapacidad del Consejo de la Magistratura para completar el altísimo número de vacantes.

La propuesta de crear cámaras de casación en fueros donde hoy tramitan causas que incomodan al poder político tampoco parece estar alineadas con las prioridades de la sociedad. El gobierno hasta ahora no brindó los fundamentos de su propuesta, solo recordemos la experiencia en la década de los noventa cuando el ex Presidente Carlos Menem puso en marcha la Cámara Nacional de Casación Penal como parte de una reforma que buscaba que el poder ejecutivo tuviera un mayor control de la labor judicial en materia criminal y así, garantizar impunidad en los procesos por corrupción.

Sin embargo, hay que destacar como positivas las reformas que impulsan mayor transparencia, como la garantizar la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces o mejorar el acceso a información judicial. En una institución históricamente opaca, toda iniciativa que traiga luz, que permita al ciudadano tener información sobre la labor del poder judicial, siempre será una buena noticia. Aquí se esbozan algunos trazos de la tan mentada democratización. De todos modos, no puedo dejar de remarcar cierta contradicción entre esta propuesta de la Presidente y su reticencia en lo que se refiere a transparencia en el poder ejecutivo. No hay que olvidar la reciente pérdida de estado parlamentario del proyecto de ley de acceso de información, que pese a tener media sanción del Senado feneció en Diputados por decisión del partido de gobierno. Dicha iniciativa hubiera permitido asegurar el acceso a información pública de los tres poderes del Estado.

El pago al impuesto a las ganancias también es un avance, especialmente por su valor simbólico y su efecto igualador. Los magistrados y funcionarios judiciales gozan de un privilegio legal y políticamente insostenible. Pero no seamos ingenuos; aunque encomiable, esto no cambiaría los patrones autoritarios u opacos en el funcionamiento de algunas instancias y sectores del poder judicial.

En síntesis, el sistema de justicia argentino necesita reformas fundadas en un diagnóstico realista, implementadas a través una estrategia acordada entre los distintos sectores políticos, y con las necesidades de los ciudadanos en la mira. Sin consensos, los cambios serán efímeros y reversibles. Las etiquetas y logos pueden ser atractivos, pero si están vacíos de contenido no ayudarán en nada en generar un cambio sostenible que garantice la doble función del poder judicial: árbitro de las reglas de juego de nuestro sistema político y administrador de los conflictos sociales.

* El autor es Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), PhD en Ciencia Política – Oxford

Comments

  1. Gustavo says:

    Para mi eso es complicado. Porque la mayoria de la gentes no sabemos como funciona realmente. Lo que si deberian pagar impuesto a las ganancias como la mayoria. Tambien si no lo hacen deberian hacerlo los politicos. Despues lo que se ve es una ensalada donde conviven jueces honestos como Lorenzetti, Argibay, Zaffaroni, etc junto a otros como Oyarbide que no se quen lo puso. Para mi deberian ser gente capacitada, decente y que conozca el tema. No se puede elegir a cualquiera. Sea a dedo o por voto popular. Y la mayoria de los ciudadanos, al menos yo, no se si conocemos demasiado sobre asuntos judiciales para elegirlos mediante las urnas. Es todo un tema

  2. edy says:

    La democratización de la justicia así como la ley de medios son grandes “doradas de píldora” para controlar y dominar opositores, llama la atención la ingenuidad o la necesidad de creer en este tipo de iniciativas, que por muy loables que sean, no llegarán a existir plenamente sino en la medida en que logren cooptar, prohibir y limitar voces críticas y que provienen de personas, comenzando por ELLA, sin antecedentes comprobables en luchas sociales tan importantes para librar en la sociedad.

    Una gran parte de la sociedad que ha decidido apoyar estas iniciativas descreen de los intereses hegemónicos de los que controlan el gobierno y los apoyan por los motivos válidos de las dos iniciativas mencionadas, pero viniendo de peronistas y kirchneristas no hace falta aclarar a donde apuntan.