Bariloche: 5 presos políticos de los K

Por los saqueos quedaron detenidos miembros de la Cooperativa 1º de Mayo acusados de robo y extorsión. Los procesados denuncian una cama política ¿Quiénes son los verdaderos culpables?

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La serie de saqueos que azotaron distintos puntos del país continúa irresuelta. Los incidentes tuvieron su piedra angular en Bariloche, donde un grupo de alrededor de 200 personas arrasaron el hipermercado Changomas situado en las afueras de la ciudad. A partir de allí, confusos ataques se replicaron en Santa Fe y el conurbano bonaerense. Y todavía quedan en la ciudad del sur cinco presos políticos por estos hechos.

En el distrito rionegrino el episodio alcanzó inusitadas dimensiones políticas y puso al descubierto internas locales que aún no fueron esclarecidas. El intendente Omar Goye fue vinculado con los presuntos instigadores de los saqueos y removido de su cargo provisionalmente. Por caso, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró en otros medios que el intendente realizó un pago de $100 mil a los cooperativistas un día después de los incidentes “aparentemente para hacer veredas” y manifestó que dicha organización “había hecho de la extorsión y del apriete su forma de trabajar durante el año”.

José Paredes, Miguel Mansilla Catalina Lineros, Haydé Grande y Giselle Poblete, miembros de la Cooperativa 1º de Mayo, son los únicos procesados bajo la carátula de Extorsión en concurso con robo agravado. Antes de su procesamiento, Mansilla y Paredes fueron ubicados en el penal de Viedma a mil kilómetros de Bariloche, para luego ser trasladados al de Dina Huapi. Las tres mujeres permanecen con arresto domiciliario. Los acusados aseguran que se trata de una “cama” política.

“A nosotros nos arrestaron el 13 de enero, estábamos acampando en el Centro Cívico protestando a raíz de que nos echaban la culpa a nosotros de los saqueos –relató Paredes a plazademayo.com–. Estábamos con un petitorio de mercadería, con una nota que se había entregado hace dos meses atrás al supermercado Changomas. Ahí nos arrestan a nosotros, con un favorecimiento político porque sacaron a un movimiento social de la calle mediante hacernos cargo de la causa”, Según el acusado, era de público conocimiento que la Cooperativa 1º de Mayo iba a realizar una movilización al supermercado para reclamar por mercaderías que los directivos de la empresa se habían negado a entregar. “No entendemos por qué nos vinculan, yo creo que se nos tendió una cama porque se había dicho en asamblea que el día 20 a las 10 de la mañana se iba a hacer una protesta en Changomas por un reclamo de mercadería que nos habían prometido. Nos dieron vueltas durante dos meses, después nos llamaron y nos dijeron que no era su política donar y nosotros íbamos a ir a protestar, pero se ve que la información se filtró. Nosotros estábamos ahí y de repente llegaron 500 personas a saquear”.

La protesta de la Cooperativa 1º de Mayo se dio en el marco de una serie de reclamos que la organización venía realizando ante las autoridades locales que responden al kirchnerismo: “Al gobierno provincial veníamos reclamándole trabajo hace tiempo, estábamos armando un proyecto de fábrica textil, lo iba a subsidiar la provincia. La provincia nos pide que para que las cosas salgan rápido había que estar alineado con el gobierno y nosotros somos un movimiento social independiente. Como nosotros nos negamos a eso, se nos pusieron en contra nuestra”, aseguró José Paredes.

Algunas de las pruebas que obran en la causa son filmaciones, registros fotográficos y testimonios de guardias de seguridad y policías presentes en el momento de los hechos. Según explicó el fiscal a cargo de la investigación Eduardo Fernández, a partir de estas pruebas se individualizaron a 7 personas. Dos de ellas permanecen prófugas y no se pudo establecer un vínculo con la Cooperativa 1º de Mayo: “Hay mucha gente, la mayoría tiene su rostro tapado, pero estamos hablando de un inicio y de varios acometimientos en los que cada vez intervienen una mayor cantidad de personas”, declaró. La hipótesis de la investigación es que los procesados fueron los instigadores de los ataques, a los que luego se sumaron otros actores cuya pertenencia al movimiento aún no está probada.

“La Cooperativa está formada por no más de 40 personas y cualquiera que ve los videos va a ver que hay más de 200 personas en el saqueo, hay 37 vehículos secuestrados y los únicos que están presos son mis clientes”, argumentó el abogado defensor Edgardo Corvalán.

Durante el proceso se realizaron 60 allanamientos y según palabras del gobernador rionegrino “50 dieron resultados positivos”. Sin embargo, José Paredes asegura que dicho procedimiento no arrojó ninguna prueba en sus domicilios: “Los allanamientos hacia nosotros fueron negativos, incluso después se robaron una neetbook de estudios que era de mi hija y una cámara de fotos que teníamos”, concluyó. Consultado por plazademayo.com el fiscal Fernández dijo que “no recordaba” los resultados de los allanamientos.

Además, se secuestraron artículos electrodomésticos y 37 vehículos. Según el abogado Corvalán “no pudo establecerse un vínculo entre los artículos secuestrados por la policía y los acusados. No se puede comprobar que los artículos secuestrados pertenezcan a Changomas porque el supermercado ni siquiera hizo una lista de lo que le faltaba”, afirmó.

Plazademayo.com sostuvo el siguiente diálogo con el fiscal Fernández:

–¿Se realizó un listado del stock faltante?

–Esa es otra pregunta que no puedo responder porque cuando se le da lugar al trámite de la apelación, la causa va a la Cámara para que los jueces puedan evaluar el auto de procesamiento y la prisión preventiva, por esto yo no puedo tener contacto con la causa. Este es mi problema, porque yo necesito avanzar en la investigación porque esta es una causa que recién empieza y le faltan innumerables diligencias para poder avanzar. Hasta que no se resuelva la situación procesal de los imputados no voy a poder seguir avanzando.

–¿Cuál fue el criterio utilizado para secuestrar los artículos?

–El criterio fue la inicial investigación basada en testimonios y en elementos fotográficos y de filmaciones que fueron analizadas por la policía.

Actualmente, la investigación se encuentra en un impasse mientras la Cámara de Apelaciones resuelve el pedido de revocatoria del procesamiento interpuesto por la defensa. El abogado de los acusados Corvalán se mostró positivo sobre el futuro desenvolvimiento de la causa y sostuvo que sus defendidos “no se quedaron con un papel. Los que fueron ahí aprovecharon la protesta anunciada, conocida por toda la gente de Bariloche y ahí se congregaron y sacaron una buena tajada y fruto de esto fue removido el intendente”.