Electroingeniería quiere demoler la memoria

En Valentín Alsina Electroingeniería y el intendente K proyectan un negocio inmobiliario en predios sospechosos de haber sido un campo de detención clandestina.

 

Frente de la antigua fábrica Campomar, donde se encontraron restos óseos humanos y que era vigilada por militares.

El relato hizo que la memoria histórica argentina se hiciera presente en el tribunal. Declaraba Antonio Marcelino Vargas, oriundo de Valentín Alsina, de oficio obrero, detenido desaparecido en 1977 y que asegura haber pasado parte de su cautiverio en las instalaciones de la antigua fábrica Campomar. Instalaciones que hoy conforman un terreno en disputa.

“Le digo adónde trabajo, que él me conocía y todo eso –contó Vargas en el tribunal, según consta en las actas de la sesión, en tiempo presente, como si reviviera ese día-. Nada… ¡adentro! Por la ventana me metieron, y… Y bueno. Iba la camioneta del Ejército adelante, o sea… A mí, urgente, me encapuchan y me van sacando la ropa y me van tirando. Me van tirando, yo quedo desnudo”.

“¿Usted iba en el Chevrolet 400?”, le preguntó el doctor Compareid.

“Claro –respondió Vargas-. Y el Ejército también acompaña. Y después de todo estoyo me doy cuenta de que adonde estuve fue en la Campomar, fábrica Campomar. ¿Por qué estuve ahí? Porque me acuerdo del portón. Ellos por más encapuchados que me tenían, yo siento cuando abren un portón, y me doy cuenta de que era chapa, chapa de esa galvanizada, de esa… ¿Vio cuando le ponen cadena y candado? Y está todavía… hasta ahora está el portón. Está en la fábrica abandonada todavía”.

Campomar es un predio donde funcionó una gran fábrica textil enclavada en la geografía de Valentín Alsina, en la localidad de Lanús. En 1975 la compañía dejó de funcionar, dejando 24 hectáreas y una mole de cemento como recuerdo de su existencia. Luego del golpe de Estado de 1976, en medio del silencio que produce el terror, los vecinos de la fábrica vieron soldados custodiar sus puertas, helicópteros aterrizar durante la noche, escucharon disparos y ráfagas de metralletas. En los años ochenta, accidentalmente se encontraron dos cráneos, uno con un orificio –quizás de bala- en la parte frontal. Muchos años después, los vecinos decidieron recuperar esa parte de su pasado y formaron la Comisión de Vecinos Por Campomar, Memoria Verdad y Justicia, que reunió los testimonios que dan cuenta de la percepción de aquellos años. Querían que se investigue si ese predio había sido un campo de detención de la dictadura. Sin embargo, algo interfirió con su objetivo.

Las veinticuatro hectáreas que componen los terrenos de la ex fábrica Campomar fueron destinados por la municipalidad de Lanús para la realización de un extraordinario negocio inmobiliario de la mano de Electroingeniería, la constructora preferida del gobierno K, y la inmobiliaria Díaz Pérez S.A., ligada al intendente kirchnerista de Lanús, Darío Díaz Pérez. El millonario proyecto de torres de departamentos pudo ser detenido debido a la acción de la Comisión de Vecinos, que recurrió a la Comisión Provincial de la Memoria y a la justicia para que se investigue las actividades que tuvieron lugar en esos terrenos durante la dictadura. El juez Lepopoldo Schiffrin llegó a hacer una recorrida por el lugar y luego decidió que no se podían tocar el área correspondiente a unas escuelas construidas en el lugar. La Cámara que investiga los crímenes de la Junta Militar decidieron descartar el testimonio de Vargas ya que tenía una causa en aquella época por “robo”, y señalaron que era posible que esa haya sido la causa de su detención que lo apartaría de la figura del detenido-desaparecido (aunque al momento de la legalización de los presos, muchas veces los militares les adjudicaran una causa para lograr su blanqueo). Los vecinos de la Comisión sospechan que tales decisiones corresponden al poder del dinero.

Elsa Bravo –abogada, profesora de historia, de 58 años- era preceptora, en 1984, en la escuela Media 9, conocida en ese entonces conocido como Normal 2. “Dos alumnas que hacían Educación Física se alejaron de los límites de la escuela porque habían ido a buscar una pelota que se les había escapado –cuenta Bravo-. Justo al lado de dónde había caído la pelota, lo vieron. Vinieron corrienda asustadas. Decían: ‘Encontramos una cabeza’”. Se trataba en realidad de un cráneo semienterrado en la tierra, según pudo verificar Bravo al acompañar a las alumnas. “Tenía un agujero que podía ser de una bala, pero en ese entonces yo no sabía esto. Lo pusimos con la directora en una bolsa de residuos y lo llevamos hacia la comisaría  3, que está a pocas cuadras. Al llegar el comisario nos tomó la declaración. La directora pidió una copia de la declaración, pero se negó. Todo quedó ahí. Nunca más nos llamaron. Esa comisaría formó parte del circuito Camps de centro de detención en la provincia de Buenos Aires”. Vargas, el hombre que aduce haber estado detenido en Campomar, señala que luego fue trasladado a esa comisaría. Ese mismo año, en otros terrenos de Campomar, otra docente encontró  un cráneo más y restos óseos de un cuerpo.

Haydeé Villar es miembro de la Comisión de Vecinos por Campomar. “Mis dos abuelos vivían frente a la fábrica y estaba todos los días ahí. Mi casa quedaba a cuadra y media –cuenta a plazademayo.com-. En cierto momento se comenzaron a ver tropas que entraban y salían, helicópteros que bajaban en el predio. Salían Ford Falcon a toda hora y se escuchaban tiros, en particular por la noche, ráfagas de ametralladora y tiros sueltos. El tránstio de camiones militares era común y siempre había un militar con un fusil abriendo y cerrando los portones”. Para Villar es claro que en ese lugar funcionó un centro clandestino y sospecha que las resoluciones que impiden la investigación de los terrenos están ligadas al negocio inmobiliario. “En una parte del predio se quiere edificar un complejo habitacional de cuatro torres de departamentos. No se trata ni siquiera de viviendas sociales, sino de un negocio millonario –explica-. El problema es que si hubiera funcionado un Centro Clandestino de Detención no se podría edificar nada. Y no se puede edificar sin antes haber investigado. Que lo haya sido es una posibilidad muy fuerte. Nosotros queremos que se investigue”.

-¿No fue recorrido el lugar por el juez Schiffrin?

-El juez no hizo un recorrido sino que hizo una inspección ocular por una de las parcelas donde se encontraron dos cráneos en su momento. No entró a la fábrica porque consideró que debía haber un sobreviviente. Que luego apareció. Pero el testimonio del sobreviviente fue desestimado por razones inconsistentes por la Cámara Federal de Apelaciones. La misma que le dio permiso a Electroingeniería para edificar con el solo requisito de firmar una declaración jurada en la que la empresa se compromete a informar si encuentra algo sospechoso. Es darle permiso para que demuela todo, para que no sepamos qué pasó allí ni los familiares de los desaparecidos tengan la oportunidad de encontrar sus restos.

Inspección ocular del juez Schiffrin, que los miembros de la Comisión de Vecinos objetan por incompleta.

Mariano Musso es uno de los voceros de Electroingeniería y habló con plazademayo.com desde la ciudad de Córdoba. “La Cámara Federal de Apelaciones dictó en un momento la medida de no innovar y en ese momento no hicimos más nada en el predio. Luego hicieron una inspección ocular y decretaron que la medida de no innovar siguiera firme en los terrenos correspondientes a las escuelas que funcionan allí. Eso nos habilita a proseguir con los plantes, pero así y todo estamos a disposición de la justicia. Por eso, ya hemos presentado una declaración jurada para avisar si encontramos algún tipo de prueba ligada a la actividad de la dictadura. Es un tema delicado con el que siempre hemos estado comprometidos”.

“El único compromiso que tiene la empresa es con el capital y con la ganancia –dice Haydeé Villar, de la Comisión de Vecinos-. Cuando la justicia dictó la primera orden de no innovar, ellos siguieron haciendo su trabajo de demolición y derrumbaron lugares que podrían tener información valiosa. Es necesario que se investigue en profundidad”.

El pasado sigue golpeando las puertas de nuestro presente pero, como en todos los tiempos, quizás el ruido de los negocios kirchneristas sea más fuerte que esos golpes. Los vecinos de Campomar siguen esperando saber qué ocurrió con certeza en esos predios. La Comisión Provincial de la Memoria anunció que apelaría la medida de la justicia que permite a la empresa Electroingeniería, de fuertes vasos comunicantes con el kirchnerismo, proseguir con las obras que terminarían demoliendo la memoria.

Comments

  1. Anibal Forje says:

    Uno de los dueños de Electroingeniería fue integrante del ERP y tiene una relación muy estrecha con Carlos Zanini, que es el hombre de mayor confianza política de Cristina y es titular de la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia.