La idea de que todos somos iguales ante la Ley es una ficción: no somos iguales, así es que el derecho debe tratarnos como si lo fuéramos. Esto cobra especial importancia en el derecho penal, y resalta en los casos cuyos protagonistas son personas notorias. Aunque pueda parecer lo contrario, tradicionalmente la fama ha sido un factor perjudicial para los imputados, en muchos aspectos. Por ejemplo, con respecto a la prisión preventiva, su encarcelamiento durante el proceso para garantizar que no se fuguen o entorpezcan la investigación.
Meses (caso Schoklender, caso “Hiena” Barrios) o aun décadas atrás (caso Monzón), se han considerado como fundamentos para negar la excarcelación la fama del imputado, su poderío económico, sus vínculos con el exterior y otras cuestiones semejantes. Esto ha sido muy discutido: ¿la fama eleva o disminuye la probabilidad de fuga? Parece que el conocimiento popular de los rasgos de un imputado, cuanto mayor es, más dificulta su ocultamiento.
Ahora bien, casi siempre la fama se hace pesar en contra del imputado de manera no explícita. La imparcialidad y la independencia de los jueces se ven amenazadas no solo en los casos de corrupción o influencia directas (por ejemplo, dádivas o amenazas), sino también por la presión de la opinión pública, más espontánea o más mediatizada. Esta incidencia ha tenido mucho peso en la cuestión de las prisiones preventivas de imputados notorios.
El estado de inocencia, derivado del principio de igualdad, supone que nadie deba ser privado de su libertad sin un debido proceso; es decir, que solo en casos excepcionales se mantenga detenido a quien aún no ha podido defenderse. Esto más allá del beneplácito o desagrado que pueda causar a las partes, y más aún a los terceros, la decisión garantizadora; y de la simpatía o el rechazo que los propios actores del proceso generen en la opinión pública.
En definitiva, es cierto que la opinión de los ciudadanos sobre la tarea judicial (no la crítica genérica dirigida contra la Justicia, sino la concreta para ciertos jueces y alguna de sus decisiones) es importante, porque en última instancia su fuerza está basada en la razón y no en el poder. Pero de esto no se sigue que los jueces deban fallar con un ojo puesto en los medios de comunicación.