Operación salariazo

Peor que el silencio: cuando el Gobierno responde un pedido de información con una burda operación con un medio amigo. El periodista de Clarín cuenta su experiencia.

Bloquear las vías de acceso a la información pública e ignorar los pedidos formales que se formulan de acuerdo al decreto 1172/03 no es lo peor. Este año descubrí que el Gobierno podía hacer algo aún más perverso: utilizar una solicitud de Clarín para montar una operación ridícula a través de uno de sus medios cautivos.
Cuando en febrero se conoció que los legisladores habían duplicado sus salarios y se reavivó el debate sobre los sueldos de los funcionarios  públicos, intenté conocer el salario actualizado de la Presidenta y los ministros de Gabinete, un dato que en muchos países se actualiza permanentemente en los sitios gubernamentales en Internet. Aquí, mis intentos fueron en vano. La mayoría de los ministros no respondió los llamados y algunos voceros sólo indicaron números aproximados en estricto off the record. Por eso, entre el 15 y 16 de febrero presenté pedidos formales para acceder a esa información ante la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Planificación, Economía, Interior y Transporte.
A fin de mes, recibí por correo las repuestas. Me solicitaban los diez días de prórroga a los que habilita el decreto 1172, una dispensa que se entendería para el caso de información compleja pero resulta curiosa cuando se trata de proveer un simple número. Hubo sin embargo una excepción: la carta que llegó desde la oficina de Oscar Parrilli informaba que el salario de la Presidenta podía encontrarse en el apartado correspondiente del Presupuesto Nacional publicado en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda.
Se trataba de una información falsa. Allí sólo figuran los gastos totales en salarios del área presidencial, pero nada que permita conocer cuánto percibe mensualmente Cristina Kirchner. Ante el engaño, insistí con un nuevo pedido ante Parrilli a principio de marzo, mientras corrían los diez días hábiles de prórroga para los ministerios.
Para mediados de ese mes comenzaron a llegar, otra vez por correo, las respuestas definitivas. Los ministros de Planificación, Julio de Vido, y de Economía, Hernán Lorenzino, me anunciaban que no revelarían sus salarios amparándose en dictámenes de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Mientras las respuestas de Juan Manuel Abal Medina y Julio Alak se seguían demorando, el único que envió una fotocopia de su último recibo fue el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
Entonces, ocurrió lo inesperado.
El 21 de marzo, el diario Tiempo Argentino publicó un extenso editorial que arranca en tapa bajo el título “¿Cuánto gana la Presidenta?”. La nota, acompañada por un cuadro con los sueldos de Cristina y todo su gabinete, estaba lejos de brindar esa información a los lectores como parte al debate sobre los salarios de los funcionarios. Por el contrario, el artículo firmado por el entonces director Roberto Caballero, relató con un razonamiento tan enrevesado que vale detenerse a leerlo , que Clarín se había complotado (cuándo no) con parte de la oposición, con el sólo objeto de denunciar la imposibilidad de acceder a la información sobre los sueldos oficiales como parte de un “embate” que “quería el daño” del Gobierno.

No salía de mi asombro de lo que leía. Pero el mismo editorial dejaba las huellas de la burda operación. Allí se afirmaba, con precisión, que Clarín había cursado su pedido el 15 de febrero. ¿Cómo obtuvieron ese dato? Sólo pudo salir de las oficinas gubernamentales donde fueron presentados los pedidos. Y luego, se indicaba que la información con la nómina salarial completa había sido publicada el 6 de marzo (justo al día siguiente del segundo pedido a Parrilli presentado por Clarín) en la web de la Secretaría General. ¡Y que “una vez que estuvo accesible” a Clarín “le resulto irrelevante” pues no la publicó! Pequeño detalle: Clarín nunca fue informado al respecto, un dato que hubiera sido simple de chequear si el director de Tiempo Argentino se hubiera comunicado con nuestra redacción. En este punto, no se sabe si Caballero es cómplice de la mentira o fue burlado por el propio funcionario que le filtró los datos sobre mi pedido.
Por si no quedó claro: mientras me demoraban las respuestas, me enviaban una respuesta equivocada (como en la primera respuesta de Parrilli) o directamente me confirmaban por carta que no me proveerían los datos solicitados (como hicieron De Vido y Lorenzino), el Gobierno publicó la información en una web gubernamental poco utilizada (la de la Secretaría General, que para entonces estaba repleta de información desactualizada) sin que nunca se me informara al respecto. Luego, la Casa Rosada le filtró a Tiempo Argentino los datos sobre el pedido que había realizado Clarín el 15 de febrero y le otorgó toda la información que nos habían negado con el inverosimil argumento de que no la queríamos publicar. Con ese lindo paquete, Tiempo montó un nuevo capítulo del falaz relato oficial.
Así estamos.

 
* Periodista del diario Clarín.