Misiones: cárcel para una víctima del Estado

Hace un año y medio que María Ovando está presa por la muerte de uno de sus hijos. El mismo estado que la abandonó, ahora la juzga.

María Ovando es la encarnación del abandono. Hace un año y medio que está presa en el penal  de Villa Lanús, en Misiones por la muerte de uno de sus hijos. Ocurrió en marzo de 2011: María estaba en su ranchito de Colonia Mado, cuando Carolina de tres años empezó a llorar. Le dolía el estómago y buscaba la ayuda de su mamá. María se encontraba sola en su casa, tuvo que esperar varias horas hasta que se acercó su cuñado, le prestó 10 pesos y le dijo que se quedaba al cuidado del resto de los chicos para que pudiera llevarla al Hospital de Puerto Esperanza. A pesar de los fuertes dolores que tenía, María alzó a Carolina y la llevó hasta la ruta esperando que algún auto la levantara para conseguir asistencia médica. Hacía dos meses que había parido a su hijo número 12. «Le levante como pude, me dolía todavía mucho la cintura, pero la alce y cruzamos el puentecito que está sobre el arroyo -Aguarai Guazu-, Carolina se quejaba que le dolía mucho la panza, caminé hasta cerca de la ruta y ahí esperé a que parara alguien, nadie paró, esperé mucho tiempo ahí, hasta que escuche una respiración fuerte y después ya no se quejó más”, cuenta María. Luego de un rato, sintió su cuerpo frío y rígido; “y me asuste mucho, me subió un calor, me desubique, no sabía que hacer, tenía mucho miedo, no sabía que hacer, no sabía como volver a mi casa, me perdí», concluye el escalofriante relato.

Ante la desesperación, cavó una fosa con sus manos y allí depositó el cuerpo de Carolina. En su desorientación, pasó por un arroyo y se tiró al agua. Al cabo de unas horas, volvió a su casa, según explicó la periodista local Alicia Rivas Zelaya a plazademayo.com. Fueron los vecinos quienes denunciaron la desaparación de la nena. Dos semanas después, Carolina fue encontrada por la policía debajo del árbol “uña de gato” en donde María la había enterrado.

Las pericias determinaron que había sido un paro cardio respiratorio el causal de la muerte. La madre de Carolina fue detenida y procesada bajo la carátula de “abandono de persona agravado por el vínculo”. La causa radicada en el Juzgado de Instrucción Nº1 a cargo del Dr. Roberto Saldaña, se sustenta fundamentalmente en los testimonios de la abuela materna y su pareja, Demetrio Ayala, quien había sido denunciado por violencia familiar en reiteradas oportunidades. “Lo que hay son testimonios difíciles, de personas que la rodeaban, incluso el concubino que no está preso, ni ha sido juzgado, ni imputado en la causa; y de la madre del concubino. El procesamiento se basó en que hubo un abandono, un descuido, una negligencia en el cuidado de la niña. De que no se la llevó al médico, de que estaba enferma”, explicó la abogada defensora Ana María Mayerhofer.

En el informe socioambiental realizado por el Servicio Social del SAMIC de El Dorado se dio cuenta de la precariedad habitacional, los problemas de salud y la situación de violencia en que vivía la familia. Sin embargo, en la etapa instructoria no se tomó en cuenta el informe y tampoco se investigó la responsabilidad de Ayala en el hecho. “El fiscal nunca habló ni le vio la cara a María y lo único que hace es acusar. Y usar al golpeador, abandónico y lumpen del padre para condenarla a María. Frente a esa situación, si es la pareja de María tendría que haber tenido una situación de ayuda”, opinó la dirigente del MST Vilma Ripoll.

Consultado por plazademayo.com, el fiscal del Tribunal Penal, Federico Rodríguez declaró que no recuerda si se incorporó la situación de violencia familiar en el expediente y opinó que “No tiene nada que ver. Ella es la madre de la criatura no el señor (Demetrio Ayala). Sobre ella pesa la responsabilidad (…) Desde le punto de vista de la fiscalía está clavado el delito”, sentenció.

 

Una historia violenta

María Ovando tiene 37 años. Tuvo su primer hijo a los 13. Siendo todavía una niña, huyó de su casa paterna subyugada por la violencia familiar. Buena parte de su vida transcurrió fuera del sistema. Al no saber leer ni escribir, nunca tuvo un trabajo formal, ni recibió asistencia alguna del Estado. “Es una mujer que trabajó en lo que se te ocurra para poder sobrevivir”, dice Alicia Rivas. Trabajó cosechando yerba cuando falleció su primer marido y aprendió mecánica automotor en un taller. Su faena más reciente fue picando piedras en una cantera del Municipio de Colonia Mado hasta muy entrado su embarazo. Sin embargo sus esfuerzos no fueron suficientes para mantener a la familia. “Pidió reiteradamente que le ataran las trompas. Se lo negaron porque le dijeron que era joven. Tuvo 12 hijos y los alimenataba rompiendo piedras en un cantera aún estando embarazada, con el abandono más absoluto del marido y del Estado”, explicó Vilma Ripoll.

Como parte de la misma escena de pobreza y exclusión, sus hijos más pequeños no tienen DNI y, por lo tanto, no perciben la Asignación Universal por Hijo. La situación de vulnerabilidad en la que vivía la familia era conocida por el Estado. Según Rivas: “El servicio Público de Salud estaba al tanto de la situación de salud de los hijos de María. Ella tenía 12 hijos de los cuales había 5 menores de edad viviendo con ella, en una situación muy precaria, de extrema pobreza. La gente que fue a hacer la inspección ocular de la casa te pueden contar las condiciones en las que vivían. Los médicos y los promotores de salud conocían toda esa situación. Sabían de la enfermedad de la niña y de cómo estaba María después del parto y ahí tampoco hicieron nada. El juez y el fiscal decidieron obviar esa responsabilidad. El municipio también conocía la situación, a través de la Secretaría de Acción Social, de hecho cada tanto los asistían”.

Al momento de su detención, María todavía estaba amamantando a Carmen de dos meses. Desde ese entonces, solo pudo verla una vez. Sus hijos quedaron al cuidado de las abuelas. Como los más chicos se encontraban con la familia Ayala y estaban indocumentados, se desconocía su paradero. Tuvo que intervenir el Secretario de Derechos Humanos para que se los buscara y llevara con su madre.

El juicio todavía está a la espera de su etapa oral. La fiscalía propuso la realización de un juicio abreviado que establecía una condena de 10 años para Ovando. Sus abogados defensores rechazaron la pena e hicieron dos pedidos de prisión domiciliaria, pero ambos fueron denegados: “El Tribunal la rechazó por dictamen negativo del fiscal y también del asesor de menores del la ciudad de El Dorado porque consideraban que no se daban las circunstancias para que ella pudiera retornar a su hogar y hacerse cargo de sus hijos menores”, explicó la Dra. Mayerhofer. El letargo de los tiempos judiciales y el colapso de los juzgados harán que el juicio se postergue hasta el año que viene, según indicaron las fuentes consultadas.

Vilma Ripoll visitó a Ovando en la cárcel. Está preparando una presentación de un Amicus ante la justicia provincial con la firma de organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y mujeres “y se lo vamos a tirar por la cabeza, porque no se puede creer lo que esta justicia está haciendo. No miran el cuadro global en el que viven las mujeres que tienen semejante situación de presión de tener que dar respuestas sin las herramientas necesarias. (…) Los jueces se callan la boca sobre las responsabilidades políticas del Estado. La culpan por ser pobre y por ser mujer. Cuando salió a la ruta con la nena en los brazos, ella recién había tenido a la beba, ni siquiera podía hacer fuerza para levantarla pero en su desesperación la levantó y ningún auto la levantó, nadie paró. Se le murió en los brazos. Todavía me acuerdo y me indigno, entonces a ese fiscal y a ese juez les voy a pedir juicio político porque es todo un sistema de complicidad vergonzoso”, expresó enfurecida.

La dirigente del MST está embarcada en una lucha por la liberación de María Ovando, junto a otras organizaciones de género. Un grupo de mujeres misioneras la visitan asiduamente. Quienes tuvieron oportunidad de hablar con ella dicen que está aprendiendo a escribir porque se dio cuenta “que necesitaba más herramientas para defender a sus hijos”.