Los DDHH no son para los presos

Radiografía del servicio penitenciario argentino. Cómo viven y mueren los presos de un sistema que está lejos de ser “modelo”.

 

Foto: 20minutos.es

 

En mayo, Cristian Ibazeta se sentía cerca de la felicidad. O, al menos, más cerca de lo que había estado en los últimos ocho años, tiempo que había pasado rebotando de cárcel en cárcel. A Cristian le faltaba menos de un mes para sus salidas transitorias. Pero no era un preso más. Desde 2004, se había convertido en una molestia para el servicio penitenciario porque era el testigo fundamental de una causa contra 27 guardias del la Unidad Penal N°11 de Neuquén. En abril de ese año, los detenidos de tres pabellones se habían rebelado por los malos tratos. La protesta terminó de una manera salvaje: durante cuatro noches y tres días, las sesiones de tortura se sucedieron sin pausa.
Seis años después, los 27 imputados llegaron a un juicio oral que demostró cuán profunda puede ser la connivencia con el Poder Judicial. La Cámara Criminal II neuquina penó con condena efectiva sólo a dos de los procesados, con pena condicional a otros cuatro y absolvió a los otros 21. Pasado el juicio, la Justicia se olvidó de los agentes. Pero en la 11 no se olvidaron de Cristian. Los castigos continuaron y, luego de otras siete denuncias por torturas, fue trasladado a un penal de Chaco. Pero Ibazeta quería estar cerca de su familia y pidió volver a Neuquén. El 21 de mayo de este año, Cristian apareció herido con 24 puñaladas. Tres días después, murió. A pesar de que estaba alojado en un calabozo individual, los guardias aseguraron que lo habían matado otros internos. El asesinato de Cristian conmueve por su alevosía, pero su historia es, quizás, la prueba más cruda del sistema punitivo que rige en Argentina.

 

Números que hablan

Según los últimos datos oficiales, que surgen del Informe Anual del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) de 2010, hay 59.227 detenidos. Esos números ubican a la Argentina en el puesto número 30 a nivel internacional, en un ranking elaborado por el International Centre for Prison Studies de la Universidad de Londres y compuesto por 220 países, entre los que tienen más detenidos. La tendencia, en la última década, ha ido in crescendo: tomando como referencia el año 2000, la tasa de detención aumentó un 56 por ciento. Del total de detenidos, sólo el 47 por ciento ha sido condenado.

En la provincia de Buenos Aires, jurisdicción que absorbe el 51 por ciento de los presos a nivel nacional, la situación es peor. Según el informe 2012 del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el porcentaje de encarcelados preventivamente asciende al 62 por ciento y las unidades “padecen deficiencias estructurales”, además de condiciones de vida infrahumanas. De hecho, el SPB cuenta con 18.640 plazas y, en este momento, tiene casi 10.000 detenidos más.
Pero no sólo las unidades provinciales mantienen estos niveles de vida vejatorios. Por más que desde el discurso oficial se ha intentado instalar que el Sistema Penitenciario Federal (SPF) es un “modelo”, como lo definió la misma Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, los informes anuales realizados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo desmienten. En la reseña presentada este año, el organismo alerta que “los informes de la PPN (Procuración Penitenciaria de la Nación) muestran deficiencias estructurales en las condiciones materiales de alojamiento, fallas de infraestructura, deficiencias en la provisión de alimentos y en el acceso al sistema de salud”.

 

Premios y castigos

“Nuestras cárceles son lugares de castigo, porque una cosa es la privación de la libertad y otra es que se produzcan actos vejatorios contra determinados sectores sociales marginados dentro y fuera de las cárceles”, analiza Alcira Daroqui, a cargo del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto Gino Germani de la UBA. En ese sentido, las estadísticas del SNEEP revelan que el 44 por ciento de los presos estaba desocupado al momento de su detención, el 47 por ciento no tenía ningún oficio y el 82 por ciento no había completado el ciclo de educación obligatorio. Y esa situación difícilmente se modifique tras las rejas, porque el 56 por ciento no accede a los programas de escolarización y el 81 por ciento no participa de ninguna capacitación laboral.
Por eso, para Karina Mouzo, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, “el endurecimiento de la política carcelaria responde a la reactivación de la cárcel como la herramienta privilegiada del sistema penal, como un espacio de castigo y de disciplinamiento de los sectores más desfavorecidos”.  Ese castigo parte de las pésimas condiciones de vida adentro de los penales y pasa por la sobrepoblación y el hacinamiento; situaciones que, según Daroqui, muchas veces, son intencionales. “El presupuesto que se destina al sistema es alto, pero se pierde por los altos niveles de corrupción. Pero, por más que ese dinero se robe, podrían no darles comida podrida, o evitar que hagan sus necesidades en botellas. Y la sobrepoblación es un problema intencional: hay pabellones cerrados a propósito porque la cárcel tiene que ser un lugar muy feo donde los presos sientan que están en peligro”.

 

El brazo duro de la ley

El peligro del que habla Daroqui puede tornarse demasiado real. A fines de julio, se publicó el primer informe del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos, elaborado por la CPM, la PPN y el GESPyDH, con el que se relevaron tanto los casos denunciados judicialmente como los comunicados a estos organismos en 27 penales y tres institutos de menores. Allí, se detectaron 791 víctimas de estos hechos, ocurridos durante todo 2011. En tanto, el año pasado, la CPM realizó 2.371 presentaciones judiciales que incluyeron la denuncia de un total de 7.089 violaciones de derechos humanos. Además, se registraron 10.458 hechos violentos y 2.093 hechos de represión, lo que da un promedio de casi seis hechos represivos por día. Las muertes en ese contexto aumentaron un 30 por ciento.
Pero la respuesta de la Justicia está lejos de ser la esperada. Consultada por plazademayo.com, Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, criticó al sistema judicial: “La impunidad y la situación de violencia en las cárceles tiene una pata fundamental en las graves deficiencias de los poderes judiciales, que no han estado interesados en investigar los hechos que suceden”.

 

Verdugos

La violencia en los lugares de detención es ejercida tanto por guardiacárceles como por efectivos policiales destinados a las unidades penales. Por eso, se pone en discusión la formación militarizada del personal: la ley orgánica 20.416 del SPF fue sancionada en 1973, durante el gobierno de Alejandro Lanusse, y ese modelo se mantiene al interior de las fuerzas.
Un ejemplo de esa mirada sobre los presos se evidencia en el grupo de Facebook Suboficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense. Diversos comentarios realizados en ese muro a partir de la muerte del detenido Patricio Barros Cisneros, asesinado en enero en la Unidad 46 de San Martín por cinco agentes, derivaron en una denuncia judicial. Luego de que los guardias destruyeran un santuario en homenaje a Patricio y que la jefa del SPB, Florencia Piermarini, ordenara reconstruirlo, se sucedieron comentarios denigrantes hacia la familia de la víctima y la funcionaria. El secretario de Ejecución de San Martín, Juan Manuel Casolati, radicó una denuncia por las amenazas expresadas en el sitio.
Plazademayo.com habló, en exclusiva, con M.G, uno de los administradores de ese grupo que pidió reservar su identidad. “Nuestro principal problema es que se les da más bola a ellos (por los internos) que a nosotros”, cuestiona. Las condiciones laborales en las que trabajan están lejos de ser las ideales: “Para dormir, tenemos un colchón para dos personas y, muchas veces, tenemos que tirarnos en el piso. Además, tenemos que cumplir la guardia de 24 horas y sumarle un recargo de entre ocho y doce horas más”. Por ese combo de 36 horas de trabajo cada 36 horas de franco, reciben unos 4.000 pesos por mes. Y están sobrepasados porque, así como faltan plazas, el personal también escasea. En el penal federal en el que trabaja, M.G tiene que cuidar a 240 internos, cuando debería estar a cargo de 50. Para los 1.400 internos de esa unidad, que debería albergar a 900, hay cinco vigilantes externos y doce oficiales para los pabellones. Para llegar a ser penitenciario, hace casi diez años, M.G pasó por un curso de formación que duró tres meses durante los que se los instruyó en tiro, en algunas cuestiones sanitarias y penales. Nunca volvió a actualizarse. “Tendríamos que practicar tiro cada seis meses, pero se ponen 25 millones de excusas. Entonces, tenés que andar con un arma que no sabés manejar”, asegura.

 

-¿Considera que no sabe usar el arma que porta? -, le pregunta plazademayo.com.

-Eso depende de la onda que le ponga cada uno. Si te interesás y preguntás, vas a encontrar a alguien que te enseñe, pero corre por tu cuenta.

 

Para M.G, la falta de entrenamiento y las jornadas interminables explican los excesos: “Hay guardias que se pasan de vuelta, pero hay que preguntarse las causas: porque no estás capacitado, estás encerrado un día entero y, estando de guardia, sos un preso más. Si tuviéramos derechos laborales, la relación con el preso sería otra”. Las valoraciones contra los internos en el grupo que M.G administra -como las que piden “que vuelva la mano dura así nos respetan como antes”, o las excusas para los abusos, como se lee en comentarios como “si se maltrata a los internos no es de onda, seguro se quieren hacer los vivos. Y a los que se hacen los vivos, hay que darles un correctivo!” -, demuestran la profundidad del problema.