El problema de la gestión de residuos: se destinaron US$ 49 millones a un programa ambiental que no se hizo. Las sanciones del BID.
Los basurales a cielo abierto son un paisaje recurrente en muchas zonas del país: toneladas de basura agolpada en predios linderos a pequeños distritos, fuente de trabajo para mucha gente y un foco de contaminación y riesgo sanitario son algunas de las características que los acompañan. Estos, junto a los rellenos sanitarios en las grandes ciudades son las dos modalidades más frecuentes para tratar las 12 millones de toneladas de residuos domiciliarios que se producen anualmente en Argentina. “El tema residuos está en todo el país en una situación más que crítica. El método que han venido usando hasta ahora es una vía que se ha convertido imposible de seguir utilizándola”, opina el referente de Los Verdes, Juan Carlos Villalonga.
El caso emblemático es el de la Ciudad de Buenos Aires en donde ante el colapso de los rellenos sanitarios, se aprobó en 2005 la ley de Basura Cero, que continúa con tibias iniciativas para tratar el problema. En los municipios la cuestión también es grave: a pesar de que la basura es el principal rubro presupuestario de los gobiernos locales, no se han impulsado soluciones alternativas para debilitar el impacto ambiental y sanitario que supone: “En los basurales a cielo abierto el riesgo sanitario se da por la propagación de enfermedades. Por otro lado, se producen incineraciones, con todo lo que eso implica en materia de emisión porque hay quemas de productos plásticos y químicos. Eso es un foco de contaminación atmosférica, y por supuesto, lo lixiviado -producto de un proceso en el que un disolvente líquido pasa a través de una materia sólida pulverizada- que termina contaminando las napas y los cursos de agua que pueda haber alrededor”, explica Villalonga.
En ese marco, surgió el programa de Gestión Integral de Residuos Urbanos en Municipios Urbanos, administrado por el Ministerio de Turismo, para implementar actividades tendientes a mejorar la recolección, tratamiento y disposición final de desechos. Uno de los principales objetivos del plan aprobado en 2007 consistía en la construcción de 10 rellenos sanitarios, sin embargo, un informe de la Auditoría General de la Nación reveló que poco se hizo en este sentido. Según señaló el documento, el programa “presenta una significativa subejecución financiera”. Hasta el momento, -y promediando su finalización- solo se ejecutó el 17% de los 49 millones de dólares que se presupuestaron para dicha tarea. Como la mayor parte de los fondos fueron aportados por el BID (39 de los 49 millones de dólares), este aplazo le valió al Estado el pago de una penalidad financiera: el pago de US$ 126.216 en concepto de “créditos excedentes”. La desidia en gestión también se tradujo en que ninguno de los 10 rellenos sanitarios que estaban previstos, se construyeran.
Además, la AGN detectó varias deficiencias en la aplicación del programa. La auditoría señaló que la dependencia la falta de “un rol activo” para la coordinación del trabajo con los municipios y que el programa no fue “suficientemente conocido entre los municipios elegibles”. Sobre este punto, los auditores concluyeron que hubo fallas en la difusión ya que 8 de los 21 municipios suceptibles de llevar adelante el programa lo desconocían por completo. Una cuestión que se suma a la problemática es un síntoma generalizado de negativa ante la instación de los rellenos. Villalonga apunta a la falta de planificación que establezca un plan de contingencia sustentable para estos casos: “El no haber actuado a tiempo, va a ser que se necesiten más rellenos sanitarios. No va a haber localidades dispuestas a recibirlos y no hay tiempo para producir un cambio y recibir rápidamente residuos.”
El informe también señaló discrepancias sobre los criterios utilizados para seleccionar los municipios. Cuando fue aprobado, el texto del programa señalaba la definición de “Turístico” como “municipios colindantes a parques nacionales”, que según la ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, la basura generada en estos lugares y áreas protegidas debe gestionarse en los distritos más próximos. Sin embargo, los responsables omitieron este filtro, iniciando proyectos en 5 municipios que no cumplían el requisito: Chilecito, Perito Moreno, Los Antiguos, Puerto Deseado y Tigre. Una falta de definición que“evidencia que la difusión del Subprograma entre los municipios potencialmente interesados no se ha desarrollado oportunamente”, según consideró la AGN.
El documento también recoge algunos indicadores del Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Seretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentables. Según las observaciones del organismo el 44% de los Residuos Sólidos Urbanos son arrojados en basurales a cielo abierto o en lugares que no cuentan con los controles adecuados. La situación es más grave en los municipios pequeños: el 70% de ellos tiene basurales a cielo abierto, muchos forman parte de los 77 municipios próximos a parques nacionales y otra áreas protegidas.
