Procrear: Zonas en conflicto

La semana pasada la Presidenta anunció un llamado a licitación de tierras fiscales en cinco barrios porteños para la construcción de viviendas. Dos terrenos ya estarían en disputa.

Foto: La Mañana de Neuquén

Una de las zonas más codiciadas para emprendimientos inmobiliarios es Palermo: allí el gobierno nacional planea el traspaso de un amplio predio perteneciente a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSE), para la puesta en marcha de un segundo tramo del tan publicitado plan Procrear. Dentro del proyecto se incluyeron también a los barrios de Liniers, Parque Patricios, Caballito y Pompeya para comenzar los llamados a licitación.

“Estoy segura que vamos a poder reunirnos las autoridades nacionales con la ciudad de Buenos Aires” para acordar en conjunto las vías legales para llevar adelante los proyectos habitacionales, señaló Cristina Fernández de Kirchner durante su discurso, al tiempo que llamó al gobierno de Mauricio Macri a “bajar un cambio”. Parece poco probable este escenario, ya que en uno de los “terrenos ociosos” -como dijo CFK- en cuestión se está desarrollando un mega emprendimiento comercial con el visto bueno del Gobierno de la Ciudad.

Se trata de un predio ubicado entre la avenida Santa Fe, Juan B. Justo, Godoy Cruz y Niceto Vega. En una buena parte de ese terreno la empresa IRSA invirtió 230 millones de pesos para la construcción de un shopping a cielo abierto que sería inaugurado el año que viene, según informó Perfil. Lindero al flamante Polo Tecnológico construido en las ex Bodegas Giol, en el lote se encuentran trabajando desde hace meses los obradores, máquinas excavadoras y grúas que pueden verse desde afuera. Desde el comienzo, la obra generó polémica entre vecinos y legisladores ya que la Legislatura no fue consultada para aprobar la adjudicación, tal como se dispone para aquellos terrenos catalogados como “Urbanización Futura”. Según informó Perfil el 15 de septiembre: “El predio, de 2,4 hectáreas, fue cedido por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) –sucesora de la Onabe– a la empresa de Eduardo Elsztain hasta 2036”. IRSA es una de las empresas inmobiliarias con mayor presencia en el país, ha desarrollado importantes emprendimientos en hoteles, centros comerciales y residenciales. Casualmente, la misma Cristina la mencionó durante el anuncio del Polo Productivo Cinematográfico, como una de las compañías convocadas a un concurso de ideas sobre el proyecto en la isla Demarchi.

Sin embargo, el decreto firmado el viernes pasado por la presidenta entraría en contradicción con la autorización dada por el gobierno de la ciudad. La normativa dispone la desafección de los inmuebles a cargo de la “Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado para destinarlos a proyectos integrales de urbanización o inmobiliarios por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”.

Palermo no sería la única zona en disputa. Según denunció en FM Palermo el representante de la Proto Comuna Caballito, Gustavo Desplats, el terreno en donde se encuentra ubicada la cancha de Ferrocarril Oeste sería otro de los lugares que el Gobierno Nacional planea ceder para la construcción de viviendas. Los predios colindantes a la traza del Ferrocarril Sarmiento que pertenecen al club también estarían afectados por el decreto. En respuesta a la denuncia, ANSES emitió hoy un comunicado aclarando que «de ninguna manera está previsto afectar a dicho club para tal fin» y que «todos los proyectos diseñados buscan integrar la infraestructura y el equipamiento existente». En la misma línea, el organismo informó que la delimitación definitiva de los predios será definida luego de un estudio técnico, catastral y dominial a cargo de la Agencia de Adminstración de Bienes del Estado a fin de identificar y excluir del programa a los terrenos ya transferidos a terceros.

La resolución prevé además la utilización de las utilidades generadas para cubrir el 25% del costo del soterramiento de la línea Sarmiento y convoca a la Sociedad Central de Arquitectos a “participar del proceso de convocatoria de Concurso Abierto de Iniciativas y Proyectos”, entidad dilapidada por un informe periodístico de la Revista Veintitrés.

La nota publicada con motivo de los derrumbes en la CABA sindicaba al Presidente de la Sociedad, Enrique García Espil como parte de una “banda de arquitectos” responsables del descontrol en materia de medidas de seguridad en las construcciones y modificaciones a la medida de las constructoras en el Código de Planeamiento Urbano: “‘Es una acción corporativa’ la que despliega en la ciudad la Sociedad Central de Arquitectos, presidida por el radical Enrique García Espil, en conexión con las grandes constructoras y con las autoridades del área designadas por el Ejecutivo porteño”, aseguraba la publicación filo kirchnerista. Un perfil que a primera vista parece contradictorio con los objetivos anunciados por la presidenta durante su discurso en que el admitió que “hay que convocar con proyectos de licitación a desarrolladores urbanos privados, no para hacer un negocio inmobiliario, porque todo lo que se obtenga por parte del Estado Nacional con motivo de la venta de esos terrenos de altísimo valor en Caballito, Palermo y Liniers serán destinados íntegramente a un fideicomiso para financiar las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento”.

Otro de los “invitados” por medio del decreto a participar del proyecto es el gobierno de la Ciudad. Es para integrar el Comité Evaluador de Proyectos. Las autoridades porteñas todavía no contestaron.