Un informe en el Chaco Salteño

Por Alan Ulacia  (desde Salta)

Localidades de Hickman, Fortín Dragones, y las comunidades de ruta 53, municipio de Embarcación, departamento de San Martín, provincia de Salta: la situación es crítica.

17 comunidades wichí organizadas en torno a la Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo, y 30 puestos criollos, son tanto las víctimas como el último foco de resistencia contra la perpetuación de una compleja y cruda realidad: la destrucción del chaco salteño y con él el aniquilamiento de los pueblos que lo habitan.

Un conglomerado de empresas agropecuarias, madereras, terratenientes locales y compañías petroleras, como Desafío Chaco S.A (de Juan Carlos Romero, y su administrador Aníbal Caro), El Yuto S.A (de Franco Macri y su administrador Agustín Ocampo), Rumbo Norte S.A (de Daniel Lifchz cuyo operador local es José María del Río), Fernando Cenci, y las argentinas Tec. Petrol S.A y Grupo Plus Petrol, son entre otros, los responsables directos de un proceso de ocupación de tierras ancestrales wichí para la tala, el desmonte en zonas rojas y amarillas de la Ley 26.331, en muchos casos para el subsiguiente monocultivo de la soja transgénica, el cártamo y otros cultivos, y la explotación petrolífera.

Existe en la zona un obsceno avasallamiento de los derechos posesorios de la población tanto indígena como criolla. Los mecanismos de apropiación territorial por parte de los sectores de poder son absolutamente irregulares, y en muchos casos se ejecutan bajo engaño, ardid jurídico o bajo una presión directa que muchas veces adquiere la forma del desalojo violento.

Esta situación no sería posible sin el accionar cómplice o la omisión de instituciones públicas: como el Ministerio de Producción y Medio Ambiente de la Provincia de Salta (con la operación directa de La Unidad de Fiscalización y Control Ambiental) o el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), que brilla por su ausencia, después de haber malversado los fondos para el relevamiento territorial. Mientras que la doctora Ana María Feudis de Lucía, del juzgado de Tartagal, no garantiza en absoluto la imparcialidad judicial, apañando los intereses empresariales y fallando sistemáticamente en contra de los campesinos que han poseídos parte de esas tierras por más de 100 años. La misma que se presenta en los puestos criollos con el abogado de los empresarios y se niega a relevar los cementerios de fines del siglo XIX y principios del XX.

El Intendente de Embarcación, Alfredo Llaya o el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, parecen mirar a otro lado frente a este plan sistemático de devastación humana y ambiental; mientras ponen obstáculos para el accionar del Defensor del Pueblo de la Nación o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Por su parte, el principal diario de la capital salteña, El Tribuno, cuyos dueños no son ajenos a esta devastación sólo publica notas de su conveniencia.

La “impunidad del Interior” aquí no es un prejuicio porteño-redentor sino una realidad efectiva, producto de una suprapartidaria concepción de nación que históricamente ha coronado a Buenos Aires como una centralizada caja de resonancia. La invisibilidad de los sectores en situación de marginalidad y emergencia opera de modo tal, que tanto los mecanismos de desarrollo, asistencia y protección social del Estado, el acceso de los medios de comunicación, y de la opinión pública en general, llegan a la zona con gran dificultad y con un reducido margen de maniobra. Nombrar los excepcionales casos de la ONG anglicana Fundación Asociana o el Observatorio Petrolero Sur que realizan un trabajo de asesoramiento, apoyo y visibilización en pos del fortalecimiento organizativo de la alianza indígena-criolla, forjada en el año 2010.

El hambre por la depredación del monte, la falta de acceso al agua potable, la ineficacia y el racismo de un sistema de salud gerenciado, que favorece el aumento alarmante de tuberculosis, la falta de una educación bilingüe intercultural de calidad, y la falta de documentación personal son otras perlitas de la exclusión a la que son sometidos los indígenas. Amplios sectores, en especial niños y ancianos, no cuentan con ningún documento de identidad ni actas de nacimiento. Los hospitales se niegan a entregar las actas de nacimiento a los partos domiciliarios, que son mayoritarios, porque sería una manera de evidenciar su ineficiencia. Todos estos factores confluyen dramáticamente y de a poco están condenado a la población a un silencioso y lento exterminio. En este sentido, mencionar que un promedio actual de vida de 50 años y tres generaciones con problemas de desnutrición condenarán a las nuevas generaciones a un ya irreversible subdesarrollo psico-físico.

A su vez, el machismo y la violencia de género, cuya forma local es el “chineo”, es decir, la violación colectiva de niñas indígenas por parte de criollos, sigue siendo “una herida abierta” entre ambos sectores, de la que recién se comienza a hablar.

El avance territorial de los mencionados intereses político-empresariales coartan las posibilidades económicas de las poblaciones indígenas y criollas, siendo en ambos casos, con sus especificidades, la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca las principales actividades productivas. Existe también una sistemática violación de derechos indígenas de rango constitucional e internacional, fundamentalmente el Artº 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. Mientras que se viola flagrantemente la aplicación de la Ley Nº 26.160/26.554 de Relevamiento Territorial, y la Ley de Bosques (Nº 26.331). Todas estas normativas carecen de una aplicación efectiva, son prácticamente letra muerta.

Por otro lado, se ponen en marcha mecanismos de cooptación laboral y fragmentación organizativa, posibles a causa la necesidad material y la urgencia: “divide y reinarás”, reza una máxima política. Y los más poderosos la aplican, en muchos casos con éxito. Explotan los índices de analfabetismo e ignorancia técnico- jurídica para marear y desactivar las demandas y reclamos en un laberinto de formalidades burocráticas: el racismo y la segregación son moneda corriente en estas instancias; explotan los conflictos y diferencias inter-étnicas para debilitar cualquier ascenso organizativo; explotan la necesidad y la pobreza extrema, ponen a las poblaciones bajo su yugo a cambio de salarios de miseria y traición que obturan más aún la articulación de una resistencia y/o una alternativa social eficaz; por último, explotan los recursos naturales con una lógica predatoria e insustentable que genera una catastrófica mixtura de desertificación, deforestación, calentamiento global, contaminación agrotóxica, y hasta la aparición de nuevas patologías en la zona, como la leishmaniasis.

Aquellos que han “hecho patria”, los chaqueños criollos, que han combatido el “problema del indio”, que han construido el ferrocarril primero y la Ruta Nacional Nº 81 después, están siendo cercados por el avance de la frontera productivo-depredatoria, y paradójicamente, cuentan con leyes más débiles que las que “el indio”, que “el mataco”, ha ganado gracias a años de lucha colectiva. Proceso que encuentra en la reforma constitucional de 1994 valiosos frutos. Ahora, al parecer, frutos podridos, deslegitimados.

Existe en el chaco salteño, como en otras tantas latitudes de la República, un desfasaje mortal, cuyos responsables tienen nombre y apellido, una contradicción flagrante e inhumana entre desarrollo económico y progreso humano.