Senasa: Cuidando al yuyito

Desde EEUU, un grupo del BID vino a controlar al Senasa y lo obligó a reclasificar los agroquímicos actualmente utilizados. Las evasivas del organismo ante las denuncias.

El “yuyo”, ese forraje tan criticado en épocas de la 125, se expandió en un 60 por ciento dentro de la llamada frontera agrícola, demandando cantidades cada vez mayores de agroquímicos en un territorio donde conviven con los cultivos transgénicos más de 12 millones de personas. Al igual que otras plantaciones modificadas genéticamente, que necesitan de fertilizantes y agrotóxicos para crecer, la soja está generando más que un dolor de cabeza en algunas esferas del gobierno nacional. Tal es el caso del Senasa, quién debió recibir a una comisión inspectora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que los obligó a reclasificar los agroquímicos que actualmente se utilizan en el país. Un país en donde en los pueblos fumigados, el 30% de las muertes son por cáncer.

El organismo, ya había recibido dinero por parte del organismo internacional pero sin embargo, no procedía a realizar los estudios y a reclasificar y los últimos registros eran de 1996. El ojo, lógicamente, está puesto sobre el glifosato, el pesticida tóxico por excelencia, de acuerdo a un estudio del doctor Andrés Carrasco (Conicet) y de otros expertos a escala nacional e internacional. Fue entonces que la abogada ambientalista Graciela Gómez, cansada de recibir respuestas por parte del Senasa que consideraba evasivas como “no le podemos responder ahora porque estamos de mudanza”, decidió recurrir a la justicia internacional. “El 11 de enero pasado, denuncié ante el BID que la reclasificación de los agroquímicos es una norma obsoleta y pedí la intervención del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID”, resume Gómez a Plazademayo.com.

Tanto el Parlamento Europeo como el BID aceptaron peticiones encaradas en el marco de la justicia internacional por parte de la doctora Gómez, para regular el uso de los pesticidas en todo el territorio argentino. Pero, ¿por qué Gómez debe ir tan lejos? “Una de las tantas respuestas que te puedo dar es cuando escribí al ministerio de Desarrollo Social, pidiendo ayuda para Julieta Sandoval, una nena fumigada que estaba en estado crítico. La respuesta me llegó cuando Julieta ya llevaba 3 o 4 meses de fallecida”, recuerda Gómez.

Las denuncias de Gómez apuntaron contra el ingeniero agrónomo Augusto Piazza, empleado del Grupo 0 del Senasa y director de la Consultora Dyehuty SRL junto al ingeniero agrónomo Alberto Ettienot y la doctora Viviana Crapanzano, jefa de Toxicología del Hospital Posadas de Buenos Aires, además de integrante del Grupo 5 de la Comisión de Investigación sobre Agroquímicos, empleada del Senasa, profesora en la UBA y asesora de la fábrica de glifosato Chemtec de Paraguay con sede en San Luis.

“Al Senasa también le pedí información sobre el 2-4-D un veneno que proviene directamente del agente naranja usado en Vietnam y que va a salir de nuevo a la venta para la soja fabricado por Monsanto y Syngenta”, tampoco respondían, apunta Gómez consultada por este medio.

El Senasa ahora deberá cambiar las resoluciones que remiten a los agroquímicos y adaptarlas al protocolo de la OMS del 2009. Si no lo hace, el BID ya no le girará fondos para su labor. Además, se exigió la creación de un registro nacional de aeroaplicadores y manuales que señalen buenas prácticas en torno a la fumigación.

Gómez, miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), recuerda que no hay una ley nacional que regule las fumigaciones. Y sospecha que con los recientes anuncios de inversión de más de 180 millones en Argentina por parte de Monsanto, creadora del glifosato, esa norma siquiera tenga tratamiento.

Como ejemplo, resalta el caso de Fabián Tomassi, quien trabajó como aplicador de glifosato y otros pesticidas en Entre Ríos. Por falta de información y de cuidado por parte de sus contratistas, los tóxicos llegaron a borrarle las huellas digitales y por eso, no podía renovar su DNI. El mismo ministro del Interior Florencio Randazzo, respondió a su consulta y finalmente, logró su documentación. “Una prueba más de que el gobierno reconoce el daño de estos productos”, aseguró Gómez para finalizar.

Dentro de los compromisos asumidos, las partes coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos para evitar potenciales conflictos de intereses de dichos profesionales, para lo cual el Senasa deberá tomar los recaudos necesarios en los currículums donde una cláusula evite faltas de ética y conflictos de intereses. Rubricaron el acta Graciela Gómez (denunciante), Diana Guillen y el órgano jurídico del Senasa; Ricardo Vargas del Valle, por el BID; Ana Luisa Gomes Lima (MICI) e Isabel Lavandez Paccieri (ombudsman MICI-BID).