Secretaría de Debilitamiento de la Democracia I

El decreto de acceso a la información, sancionado por Néstor Kirchner, que no cumplen ni quienes deben hacerla cumplir. 

 

Foto extraída del Diario La Nación

 

Andrés “Cuervo” Larroque. Mientras fue subsecretario de para el Fortalecimiento de la Democracia no informó ninguna reunión, contra lo indicado por la ley.

Una de las patas que compone el derecho a la libertad de prensa –la otra es la libertad de expresión- es el libre acceso a la información. Esta herramienta permite que el periodismo, uno de los nexos entre la ciudadanía y el Estado, pueda conocer y dar a conocer la gestión de gobierno, sus formas y sus usos.  El gobierno kirchnerista es adepto al secretismo -que es una de las formas que adquiere la gestión cuando es realizada por un grupo arbitrario, una camarilla-, incluso cuando ese secretismo va en contra de leyes adoptadas durante su mandato. De este modo, la Ley de Acceso a la Información Pública es violada reiteradamente, una y otra vez. A pesar de que fue implementada mediante un decreto firmado por el ex presidente, fallecido, Néstor Carlos Kirchner en 2003.

Uno de los anexos del decreto establece un Reglamento para la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. De ese modo, todas las reuniones y “toda actividad desarrollada —en modalidad de audiencia— por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en representación de terceros —con o sin fines de lucro— cuyo objeto consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional” debe ser dada a conocer. En otras palabras, las agendas de encuentros de los funcionarios deben tener carácter público. La norma, según la ley, debe cumplirse por:

“a) Presidente de la Nación;

b) Vicepresidente de la Nación;

c) Jefe de Gabinete de Ministros;

d) Ministros;

e) Secretarios y Subsecretarios;

f) Interventores Federales;

g) Autoridades superiores de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del PODER EJECUTIVO NACIONAL;

h) Agentes públicos con función ejecutiva cuya categoría sea equivalente a Director General.”

Las reuniones deben ser publicadas esta página

 

Llama la atención que los titulares del área encargada de dar cumplimiento a esta norma, la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, sean los menos adeptos a informar sus audiencias. Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los líderes de La Cámpora y que asumió en esa secretaría en mayo de 2010, no informó de ninguna reunión. Su sucesor, Franco Vitali, desde que asumió en diciembre de 2011, anunció una audiencia. María Cristina Perceval, antecesora de Larroque, duró desde diciembre de 2009 a mayo de 2010 en ese puesto e informó 5 reuniones. Marta Oyhanarte, que había inaugurado la subsecretaría, detalló 235 audiencias desde noviembre de 2003 a noviembre de 2009.

Los titulares de las carteras que componen al poder ejecutivo tienen un déficit con la publicación de sus actividades –en cambio, la presidenta Cristina Fernández informó  798 desde que asumió en diciembre de 2007-.

El ministro de Defensa Arturo Puricelli no se reunió nunca con nadie, según sus declaraciones de audiencias.

Hernán Lorenzino tampoco recibió a nadie desde que es ministro, aunque en este caso es más creíble ya que es conocido como “El silencioso” y hasta “El mudo” y, por lo tanto, quizás no se reúna con nadie ya que su fuerte no es hablar ni la comunicación en general.

Axel Kicillof, viceministro de Economía, tuvo 9 audiencias desde enero de este año.

Carlos Tomada, ministro de Trabajo, tuvo apenas 12 audiencias desde agosto de 2009. Sin embargo, como muestran las escuchas judiciales del caso Mariano Ferreyra, Tomada llamaba por teléfono al jefe del sindicato ferroviario José Pedraza para asesorarlo sobre los modos de evitar el ascenso de la izquierda en su sindicato, “simulando cursos de formación” y “haciéndoles la cabeza”. Por lo tanto, tal vez no tenga audiencias personalizadas, sin que esto afecte su capacidad de lobby con personajes de la más baja estofa.

La viceministra de Trabajo Noemí Rial, que se solidarizaba con Pedraza el día en que la Justicia lo allanaba, no tiene reuniones desde octubre de 2009.

El ministro del Interior Florencio Randazzo no tiene audiencias desde junio de 2011.

El ministro de Salud Juan Manzur no las tiene desde enero de este año. El ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao no se reúne con nadie desde febrero de 2012. Déborah Giorgi, ministra de Industria, no tiene audiencias desde octubre de 2011.

Norberto Yauhar, titular del Ministerio de Agricultura, no tiene reuniones desde que asumió el 10 de diciembre de 2011.

En cambio, otros ministros informan su actividad. Julio Alak, ministro de Justicia, señaló haber tenido 38 audiencias desde enero de 2011. El canciller Héctor Timmerman las informa regularmente, así como Enrique Meyer, de la cartera de Turismo. Nilda Garré alterna periodos de publicación de sus audiencias con periodos en los que no las detalla. Desde que asumió la cartera de Seguridad tuvo 108 reuniones. El mismo método usa el ministro de Educación Alberto Sileoni.

La ley de acceso a la información, sancionada durante el primer gobierno, tiene severos déficits en su aplicación. Estas cifras dan cuenta de ese menosprecio por un aspecto del espíritu de “fortalecimiento de la democracia”.

 

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