El pueblo ya sabe de qué se trata

Un recorrido por la historia de la democracia y sus límites. La desconfianza en el electorado toma la forma de la re- reelección.

 

En términos históricos, el vínculo entre liberalismo, progresismo y democracia ha sido mucho menos lineal de lo que algunos suponen. Tan tardíamente como en 1870, según nos dice Pierre Rosanvallon, el socialismo francés aceptaba la inevitable función legitimante del sufragio universal, pero no estaba dispuesto a practicarlo. La causa era simple: los políticos socialistas temían, y con razón, que las masas liberadas a sus impulsos repitieran el “error” de 1848, cuando la segunda república había dejado en manos del sobrino de Napoleón el destino de los franceses.

La necesidad de limitar el ejercicio real del sufragio sólo a los “capaces” era, pues, un tema muy común en la Europa de fines del siglo XIX, y lo fue también en muchos países americanos. Derechas e izquierdas coincidían en reclamar al pueblo soberano que “supiese” diferenciar las acciones correctas de las incorrectas. Mientras las primeras apelaban al mensaje de la tradición y el patronazgo, las últimas recurrían al respaldo, no menos autoritario, de los nacientes saberes científicos. Unos y otros, sin embargo, confundían la voluntad de votar al adversario con un acto de ignorancia, una prueba de la necesidad de expandir la educación y el adoctrinamiento político.

Sólo a partir 1914, con la devastación de la Gran Guerra y la división producida por la experiencia bolchevique, amplios sectores de la izquierda europea comenzaron a realizar planteos moderados que confluían en la certeza de la democracia como el mejor medio para alcanzar el poder. En cambio, los grupos revolucionarios desafiaron esa convicción, señalaron que la democracia y la libertad eran meros engaños, y plantearon modelos políticos basados en la sustitución: la sustitución de las masas populares por el partido, primero, y del partido por su comité central, después. De hecho, estas experiencias de sustitución, que continuaron una tradición de desconfianza hacia los sectores populares, animaron varias de las más feroces experiencias totalitarias.

Estos temas rodearon, ciertamente, el debate por la sanción de la ley 8871, más conocida como Ley Sáenz Peña, que abrió hace exactamente cien años el camino para la ampliación de la ciudadanía política en el país, por el expediente de volver al voto, al mismo tiempo, universal, obligatorio y secreto. Y de nuevo fueron los socialistas, representados por Juan B. Justo, los que reclamaron al pueblo que “supiera” votar –esto es, que votara por ellos-. Con el tiempo, sin embargo, los que resultaron desencantados por la experiencia democrática fueron los conservadores. Asistieron al triunfo radical de 1916 con una mezcla de incredulidad, decepción y espanto. Nunca habían considerado seriamente la posibilidad de perder. Y fueron de nuevo los conservadores los que interrumpieron, en 1930, una experiencia democrática y plebeya que no eran capaces de asimilar. El socialismo argentino, en cambio, siguiendo sus matrices francesas, vinculadas a hombres moderados como Jean Jaurés, así como la fractura de la izquierda internacional antes comentada, gradualmente se convirtió en un integrante estable de los frentes democráticos y populares.

Ríos de sangre y dolor han corrido bajo el puente de nuestra historia desde entonces, y muchas cosas han cambiado para bien. En una nota reciente, por ejemplo, Luis Alberto Romero ha señalado con acierto que el sufragio es una de las pocas instituciones de la democracia argentina que goza de un respeto casi unánime por parte de la ciudadanía. En vista de los múltiples desencuentros de nuestra historia reciente, ello no deja de ser reconfortante. Sin embargo, en los últimos años hemos visto la expansión de ámbitos oficialistas que, sin enfrentar abiertamente la certeza ciudadana, tratan de maniobrar al máximo para que voluntad popular e intereses gobernantes coincidan. Cambios repentinos en el cronograma electoral, introducción de nuevas reglas para la habilitación de candidatos, así como una insólita insistencia en la acción pedagógica de los funcionarios electos, coincidieron con una creciente incomodidad frente a la crítica periodística y ciudadana.

La última versión de esta desconfianza es el proyecto, albergado por un sector del oficialismo, de reformar la constitución para habilitar a la actual presidente de la Nación a un tercer mandato consecutivo, y eventualmente abrir el paso a la reelección indefinida. Quienes proponen el combo reforma – reelección argumentan que nada debe impedir la expresión de la ciudadanía por un candidato, ni siquiera las normas que nos constituyen como comunidad política. Asimismo, señalan la necesidad de tal operación para conjurar el aparente peligro de una “restauración conservadora”, que podría latir en cualquier otra alternativa, incluso dentro del Frente para la Victoria. Finalmente, arguyen que la Constitución de 1994 fue de corte “neoliberal”, esto es, funcional a un modelo económico que ya ha sido superado, y que por ende debe adecuarse la norma a los cambios vividos por el país.

Aquellos que así razonan olvidan la importancia que tiene la aceptación de las normas básicas de la democracia como mecanismo de legitimación de los gobiernos y prenda de paz entre los distintos sectores sociales. A la vez, desconocen los avances logrados en materia legal precisamente en virtud de tratados internacionales incorporadas en 1994, como por ejemplo aquellas generadas en materia de derechos humanos y legislación ambiental. Asimismo, problemas como la escasa participación de las provincias en el porcentaje de los ingresos nacionales proceden menos de la norma como tal que del incumplimiento de las cláusulas transitorias que planificaron los legisladores, entre los que se encontraba la actual presidenta, para los años inmediatamente posteriores a la reforma.

Finalmente, y esto es propio de una extendida tradición política, de lo que se trata es de resolver en la arena pública una falencia interna que el peronismo arrastra hace años, tal y como es la designación de un sucesor adecuado al mandatario en curso. Pasó con Perón, pasó con Menem, pasa con Cristina Kirchner: en lugar de propender a la promoción de nuevos líderes nacionales y, más importante aún, confiar en el raciocinio del electorado para el veredicto final, quienes propugnan este tipo de solución tratan de parar el reloj de la historia, detener el tiempo y el desagradable desgaste que genera. De este modo, por paradojal que suene, los abanderados de la “profundización del cambio” devienen verdaderos conservadores avant la lettre.

Quienes, por el contrario, consideramos que la democracia es, antes que nada, una cultura de respeto y convivencia con aquellos que no piensan como nosotros, no podemos menos que sorprendernos ante la reiteración de esta voluntad tutelar por parte de fuerzas y dirigentes que se dicen y se ven a sí mismos como progresistas. Porque las verdaderas decisiones no pueden aplazarse de manera indefinida, sólo pueden diferirse por un tiempo. Y, sobre todo, porque hemos aprendido que no existe avance alguno que valga la pena defender si previamente no ha encarnado en el pueblo soberano. Eso es lo que los autoritarismos de las más diversas índoles no entenderán jamás.

 

* El autor es profesor de Historia en la UBA.