Starc System: el fiscal que judicializaba obreros

Responsable de 15 investigaciones sobre piquetes obreros bajo la lupa del Proyecto X. Su paso por el sciolismo, vínculos con juez del menemismo y filiaciones ideológicas con Blumberg.

 

El juzgado federal de San Martín mantiene su producción a pleno. Como si se tratara de una factoría judicial, continúa generando causas judiciales contra los trabajadores de la zona norte del conurbano, fundamentalmente por la transgresión del artículo 194 del Código Penal, aquel que se refiere a la interrupción del transporte terrestre. Esta intensa actividad judicial se cierne sobre los piquetes que los obreros realizan sobre la ruta nacional número 9, es decir, la Panamericana.

La matriz productiva de esta factoría de judicializaciones tiene por eje al tándem conformado por el juez Mariano Larrea, a cargo de la Cámara Federal de San Martín, y al fiscal Paulo Starc. Entre ambos acumulan “investigaciones” sobre al menos 15 cortes realizados entre los años 2009 y 2011, protagonizados por trabajadores de las empresas Kraft, Pepsico, Paty y Finning, entre otras. Por caso, Javier Hermosilla -dirigente del cuerpo de delegados de Kraft – acumula la friolera de 11 procesamientos por su participación en estos piquetes obreros.  Muchas de estas causas están basadas en el trabajo de inteligencia realizado por personal de Gendarmería Nacional en el marco del Proyecto X.

 

 

Quién es el fiscal Starc

 

El fiscal Paulo Starc está a cargo de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero. Hijo del brigadier Luis Starc –quien en los años 90 era señalado como testaferro del oscuro empresario Alfredo Yabrán-, Paulo, desde muy joven y apenas iniciada su carrera judicial, estuvo involucrado en casos –y también situaciones- resonantes.

Comenzó su carrera en los 90, como secretario del juez Carlos Liporaci, uno de los jueces preferidos del menemismo. Liporaci dejó su cargo en 2001 para evitar ser sometido a juicio político y en 2004 fue procesado por enriquecimiento ilícito. Starc cobró notoriedad tempranamente, cuando en mayo de 1996 –ya siendo fiscal- fue a “apretar” a Daniel Barindelli, un ex oficial del juzgado a cargo de Liporaci, para que renunciara a su puesto en el marco de una fuerte pelea interna. En aquel momento, Liporaci había sido imputado por los delitos de amenazas, abuso de poder, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho. Se lo acusaba de haber ordenado intervenir ilegalmente los teléfonos de sus empleados. Aquellas grabaciones fueron transcriptas por otro aficionado a las escuchas ilegales: el entonces comisario Jorge Alberto “Fino” Palacios, amigo personal de Liporaci.

Hay lealtades que perduran. La esposa del fiscal Starc, María Eugenia Talerico, es socia del buffet de abogados que defiende al “Fino” Palacios en la causa que se le sigue por espionaje. Talerico, para más detalles, milita en la agrupación de abogados “Será Justicia”, que en las últimas elecciones del Colegio porteño sostuvo la candidatura del ex funcionario de la dictadura militar y ex decano de la Facultad de Derecho, Atilio Alterini.

Starc nunca ocultó sus aspiraciones políticas. Simpatizante de los planteos del supuesto ingeniero Juan Carlos Blumberg, fue convocado por el gobernador bonaerense Daniel Scioli para ocupar la Subsecretaría de Investigaciones e Inteligencia Criminal, un virtual vice del ministerio que en aquel entonces se encontraba a cargo de Carlos Stornelli. A principios de 2010, Starc fue eyectado de ese cargo tras el papelón que protagonizó en el caso Pomar, en el cual había asumido un fuerte protagonismo. Como se recordará, la familia Pomar había “desaparecido sin dejar rastro” y sus cuerpos sin vida fueron hallados a la vera de la ruta tras 24 días de infructuosa y resonante búsqueda. Un caso de incompetencia que le costó a Scioli más de un dolor de cabeza. Desde su salida como funcionario público, Starc le dedica buena parte de su tiempo a exhumar denuncias contra obreros que reclaman por sus derechos interrumpiendo el tránsito.

 

 

El método Starc

 

El 21 de octubre de 2010, los trabajadores de Kraft y de otras fábricas aledañas cortaron la Panamericana en repudio por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. Por ese corte, Starc pidió el procesamiento de los trabajadores de Kraft Lorena Gentile, Oscar Coria y del delegado de Pepsico, Leonardo Norniella. Starc los que define como los “dirigentes gremiales que encabezaron y comandaron las masas (sic) que permitieron el desarrollo de las conductas que concluyeron (sic sic)” en la interrupción del tránsito vehicular. Los tres fueron identificados por la gendarme Elizabeth Calisaya, vestida de civil e infiltrada entre los manifestantes para identificar a los “cabecillas”. Las actas labradas –que el fiscal Starc cita en su escrito- se encuentran en la comisaría número 3 y en la “Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales ´Campo de Mayo´ de la Gendarmería Nacional”, la base de datos del Proyecto X. La gendarme Calisaya también funge como testigo contra los tres trabajadores. Nuevamente según el escrito de Starc, los gendarmes se encontraban en el lugar “dada la previa información que poseían” sobre el desarrollo del corte.

Un detalle: cuando los manifestantes comenzaron a sospechar de la gendarme infiltrada, el delegado Norniella la invitó secamente a retirarse del lugar. Por ese motivo, el fiscal Starc le atribuye al delegado de Pepsico –además de la comisión del corte- el delito de “amenazas coactivas” en calidad de autor.

¿Hay un sesgo ideológico en la febril defensa del libre tránsito vehicular que enarbola el atribulado fiscal Starc? Es que otro de los rasgos característicos de sus ´investigaciones´ también apuntan hacia los dirigentes políticos y estudiantiles –e incluso contra los abogados- que se hicieron presentes en los cortes para solidarizarse con los reclamos de los trabajadores o asistirlos.

Así fue como solicitó los procesamientos de Vilma Ripoll (MST) y Néstor Pitrola (PO), quienes concurrieron a los piquetes sobre la Panamericana en solidaridad con la huelga que los trabajadores de Kraft protagonizaron en el 2009. Finalmente, en febrero de este año, la Cámara de Apelaciones les dictó falta de mérito  a ambos dirigentes. En el marco de aquella causa, Starc solicitó con especial ahínco la “identificación de una persona que dijo llamarse ´Yésica´ perteneciente al  ´Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales´”. ´Yésica´ es Jesica Calcagno, secretaria general del Centro de Estudiantes de Sociales, quien fue llamada a prestar declaración indagatoria en el curso de la investigación, dos años después de los hechos.

La llamada “mega causa Kraft” –que involucra a más de medio centenar de personas por distintas acciones de protesta en el marco de aquella huelga de 2009- está lejos de haber concluido. Los abogados de los trabajadores continúan protestando por la utilización de ´pruebas´ reunidas mediante los métodos de infiltración y delación establece el protocolo del Proyecto X.

En el caso de los cortes que protagonizaron los trabajadores de la empresa Finning en diciembre de 2010 contra el despido de un empleado, Starc pidió el procesamiento del delegado de la empresa, del trabajador despedido, de un militante de los derechos humanos que se había hecho presente con el corte para solidarizarse con el reclamo obrero y hasta del abogado de los trabajadores, Edgardo Moyano, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).

“A diferencia de lo que ocurrió con Ripoll y Pitrola, sigo procesado en esta causa aunque mi presencia en el lugar estaba justificada porque soy abogado de los trabajadores de Finning y me encontraba en el lugar ejerciendo la profesión”, le dijo Moyano a plazademayo.com. Moyano explicó esto, que se encontraba ejerciendo su profesión de abogado en el corte, en su declaración indagatoria. Starc la tachó como una “pueril excusa” y siguió adelante con la imputación.

“Hace pocas semanas, me notificaron que también estoy imputado en otra causa, que se tramita en el juzgado federal de San Isidro, por un corte de los trabajadores de Pepsico del año 2010”.

 

-¿Las pruebas recabadas mediante los procedimientos del Proyecto X siguen vigentes?

-Nosotros pedimos que se anulen y la estamos peleando. Obtuvimos un fallo de la jueza Arroyo Salgado en una causa contra los trabajadores de Paty en el que declaran nulas las pruebas que presentó Gendarmería porque no pudieron explicar de qué modo las obtuvieron, pero es el único por ahora. La denuncia que presentamos contra el Proyecto X continúa en el juzgado de Oyarbide, que trató de desguazarla pero la Cámara se lo revocó y le ordenó que continúe investigando él.

 

 

A modo de cierre

 

Plazademayo.com intentó comunicarse con el fiscal Starc para conocer en forma directa su opinión sobre esta retahíla de procesamientos y sobre el uso de pruebas reunidas en el marco del Proyecto X, a sabiendas de que están muy cuestionadas y que existe una denuncia penal en curso. Ante el requerimiento de la entrevista, se produjo el siguiente diálogo con el empleado de la fiscalía que atendió el teléfono:

 

-¿De qué medio es usted?

-Del portal de noticias plazademayo.com que dirige Gabriel Levinas.

-¿Sobre qué tema es?

-Quisiera preguntarle al fiscal sobre las causas que tiene a su cargo por los cortes de la ruta Panamericana .

-Aguardeme un momento.(La persona se retira. Luego de una pausa prolongada, vuelve.) Dejeme su teléfono y el fiscal lo va a llamar.

-Ok, mi número es…..

-Dígame, ¿de qué orientación política es este portal donde usted trabaja?

-¿Cómo de qué orientación política? Yo escribo sobre derechos humanos y …

-(interrumpe) Muy bien. El fiscal lo va a llamar.

La comunicación se cortó antes de que el cronista pudiera preguntarle al empleado “¿y a vos qué te importa eso?”.

De más está decir que el fiscal Starc nunca devolvió el llamado.

 

 

Comments

  1. roberto says:

    ¡ Que buenos artículos que producen! Felicitaciones

  2. PEDRO says:

    Como se ve la ecencia de la represión sigue vigente y ese “monstruo” que es la Pvcia de Bs.As. parece ser el mayor semillero que desparrama a la misma. Lo que mas llama la atención es el SILENCIO de los” progresistas” que no ponen en claro que este proceso solapadamente represivo cuenta con el visto bueno del gobierno K- PEDRO