Discapacitados morales

Familiares del intendente Carlos Flores y de funcionarios del municipio de Candelaria en Misiones cobran ilegítimamente la pensión por discapacidad.

 

 

Desde que Carlos Flores asumió en 2007 como intendente de Candelaria, el candidato del Frente Renovador Peronista ha consolidado una carrera de desaciertos y reiterados incumplimientos de la ley. La última denuncia que cobró estado público en la provincia es por el discrecional otorgamiento de la pensión por invalidez de la que resultaron beneficiarios familiares del intendente y de funcionarios vinculados al gobierno. Uno de los nombres que figura en el registro de aquellos que cuentan con una Pensión No Contributiva por invalidez, es el de Cornelio Flores, hermano de Carlos.

Entre los requisitos estipulados por el Ministerio de Desarrollo Social se establece que la persona adjudicataria no debe “encontrarse trabajando en relación de dependencia. No tener bienes, ingresos ni recursos de cualquier tipo que permitan la subsistencia del solicitante y de su grupo familiar”, además de que el cónyuge no debe cobrar ningún tipo de pensión.

El caso de Cornelio no solo es irregular porque se desempeña como empleado municipal; su esposa e hijos también integran la nómina de beneficiados que perciben 1200 pesos por mes. Ni Cornelio, ni Ana María Verón, ni Alejandro Flores, ni María del Carmen Flores cumplen con las condiciones de “invalidez” definidas como una incapacidad “total y permanente (…) es decir una disminución del 76% o más”, y entre los tres suman 4800 pesos extra, como resultado de la generosa contribución familiar. La dadivosa cadena de favores de los Flores, incluye también al yerno de Cornelio, Carlos Wilfrido Silverio , y a su nieta, Morena Ayele Silvero.

Sin embargo, en Candelaria no hace falta pertenecer al núcleo consanguíneo para poder participar de esta ganancia no contributiva. Según el Diario El Territorio existen por lo menos ocho personas más que cobran esta suerte de atención y que están o estuvieron contratados por la Municipalidad. El periodista local, Antonio Villalba obtuvo algunos de los nombres que cobran por cajero automático estos fondos que vienen de la Nación. Nélida Alejandra Butof, empleada municipal; la esposa del edil Leandro Guimaraes Añais, quien por entonces era presidente del Consejo Deliberante y comenzó a cobrarlo en 2009, al igual que Silvia Yolanda Fariña, esposa de Carlos Hugo Lescar quien goza de un aporte municipal registrado y Mónica Liliana Butof que comparte el beneficio con su sueldo de secretaria del Concejo Deliberante desde septiembre de 2011, son algunos de los casos.

 

Misiones, la tierra con más discapacitados

La Comisión Nacional de Pensiones depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación, tiene como objetivos, dentro de tantos otros, dar el beneficio de las Pensiones No Contributivas (PNC), dispuesto por el decreto Nº 1.455/96.

Estas pensiones se destinan a mayores de 70 años, la madres de 7 hijos o más, y a personas con algún tipo de invalidez, según el caso.

Según el Boletín Estadístico de Seguridad Social, hasta el tercer trimestre del 2011 habían en Misiones 49.896 habitantes que cobraban el beneficio asistencial por invalidez. Teniendo en cuenta los datos provinciales del último censo, un 4.53% recibe una pensión. En relación a la cantidad de pensiones que otras provincias obtienen, Misiones es, junto a Formosa, Chaco y Santiago del estero; el distrito que más otorga.

Certificados falsos

La persona que pretenda acceder a la pensión debe acercarse al Centro de Atención más cercana con su DNI y completar una encuesta socio- económica con todos los papeles que acrediten el cumplimiento de los requisitos que el estado pide a través de las normas que regulan el otorgamiento de la pensión no contributiva. Este estado certifica, tanto la jubilación, como los antecedentes sobre los bienes, y el estado del cónyuge del solicitante. Por último, se averigua la obtención del certificado de invalidez permanente, total o parcial, sumándole un certificado clínico aprobado por un profesional.

Según la página del la Acción Social de la provincia, el hospital Roque González es el encargado de dar estos certificados en Candelaria . Sin embargo, El territorio, confirmó a este medio que el director del hospital habría realizado una denuncia por robo de sello y falsificación de su firma, que habrían servido para avalar la obtención del beneficio por quienes no cumplían con las condiciones necesarias.

Los datos que no se publican

La cantidad de pensiones distribuídas en esta localidad continúa siendo un misterio. La presidenta del Consejo por Discapacidad de la provincia de Misiones, Marcela Álvez aseguró a plazademayo.com que el Ministerio de Desarrollo “mantiene bajo llave los nombres de los beneficiarios”.

Carlos Castagneto, contador de la secretaría de la Coordinación de la Nación y Monitoreo Institucional afirmó que “están realizando una auditoria, y una vez que la finalicen estaría el listado completo de las personas que cobran la pensión por discapacidad”, recién a partir de allí podría determinarse quiénes estarían en condiciones de cobrar. Mientras tanto, se presume que existen más casos irregulares: “supongo que concluida la auditoría van a sacarles la pensión a las personas que no le corresponden, que aparentemente son muchos más de los que sabemos” aseguró Antonio Villalba.

Desde el Consejo por Discapacidad se confirmó que la denuncia ya está realizada ante las autoridades nacionales y ahora es la justicia quien deberá proseguir con la “investigación de los casos particulares”. Según Álvez las autoridades provinciales están a la espera del registro completo de las personas que reciben está pensión, para poder así “concentrarse en las personas que realmente necesitan de este beneficio”. Por el momento, a partir de la denuncia, el centro de atención en Candelaria se encuentra cerrado. Las personas interesadas en recibir la pensión por discapacidad deberán viajar hasta el Hospital de Madariaga en Posadas.

No se sabe cuál será el destino de los «incapacitados» y sus generosos familiares. La posibilidad de apercibimiento a los funcionarios responsables, ni si quiera suena como un eco lejano. Parece poco probable que sean los mismos miembros del Concejo Deliberante, que gozaron con beneplácito de la filantropía municipal los que cuestionen la idoneidad de las autoridades políticas.