Las denuncias que investiga la Justicia sobre desvío de fondos en el ferrocarril. Cómo están implicados los actuales gerenciadores del Sarmiento. El rol del subsecretario de Transporte Ferroviario.
A la derecha, Antonio Luna, definido por José Pedraza como «un par».
Mientras el subsecretario de Transporte Ferroviario y sindicalista ferroviario Antonio Guillermo Luna denunciaba ante la justicia que la culpa de la tragedia de Once le correspondía al maquinista Marcos Córdoba –y que a él como funcionario sólo le cabía vigilar el buen uso de los millonarios subsidios a los empresarios–, en una fiscalía de esta capital se confirmaba la radicación de una denuncia que pone en cuestión el desempeño de Luna en sus funciones. El ex gerente de pagos de Ugofe José Luis García se había presentado en la Fiscalía Criminal de Instrucción nro. 19, a cargo de la doctora Graciela Alicia Bugeiro, y declaró que su sueldo, como el resto de los de los trabajadores de Ugofe, se veía disminuido en un treinta por ciento desde que los subsidios monetarios salían desde la subsecretaría de Transporte Ferroviario hasta que llegaban a su bolsillo. La denuncia, que quedó radicada con el número 119-18729/11 y que surgió como una derivación de la investigación judicial sobre el asesinato de Mariano Ferreyra, no sólo apunta a los funcionarios del área, sino también implica a los empresarios de Ugofe (compuesta por TBA, Metrovías y Ferrovías), que acaban de hacerse cargo de la administración de la línea Sarmiento por decisión presidencial.
García, que debido a su rol en Ugofe tenía acceso a la información sobre sueldos de todo el personal –salarios que, en su totalidad, son sostenidos con fondos del Estado– notó que había una notable merma (cercana al treinta por ciento) entre lo que correspondía recibir y lo que efectivamente recibían. Además de su testimonio personal, García presentó su recibo de haberes y un mail de un superior en el que reconoce las irregularidades. Según el recibo de haberes del propio García le correspondía un salario en bruto de 6287 pesos, cuando por la categoría a la que adscribía debía recibir la suma de 10341 pesos. Esa diferencia es reconocida en el correo electrónico que se reproduce a continuación. La identidad del superior de García, que consta en la denuncia realizada en fiscalía, será resguardada.
Recibo de sueldo de José Luis García, aportado a la Justicia.
De: XXXXXXXXXXXXXXXX
Enviado el: Mié 25/01/2009 12:15
Para: Garcia, José Luis
Asunto: RE: Consulta.
José Luis: Te escribo hoy domingo que estoy un poquito contento luego del partido de boquita.
Es verdad que las empresas se mueven en forma individual y los cierres de acuerdos también son individuales, no obstante existe un recupero por niveles que deberíamos cumplir, toda vez que si hay una auditoría, por parte del Estado, seguramente tendríamos que justificar el por qué se paga menos de lo que se recupera. No obstante todo ésto y sin entrar a pelearte con tu Gerente de RRhh, creo oportuno decirte que tu puesto debe ser 2 y el importe de recupero es de $10.341,63, si es puesto 3 como el caso de Romero que me mencionás es de $6.828,36. Lo único que te digo por último que no pelees y se cauto ya que Guillermo se enoja muy facilmente pero no ve lo que se hace mal en la Empresa.
Un abrazo
XXXXXX
El término “recupero” es la manera de referirse a los subsidios otorgados por el Estado, que permiten a las empresas “recuperar” el dinero de los salarios, pagado en su totalidad por la subsecretaría de Transporte Ferroviario. El entramado que permitía que ese treinta por ciento de los subsidios se perdiera en el camino desde que Antonio Guillermo Luna los emitía desde sus subsecretaría hasta que llegaban a los trabajadores estaría siendo investigado por la Justicia. Se apunta a una asociación de empresarios, funcionarios estatales y sindicalistas que permitirían esta situación.
García también había denunciado otras irregularidades que contaban con la participación del ministerio de Trabajo y jerárquicos de Ugofe. “Cuando se hizo el traspaso de razón social desde la antigua concesionaria a Ugofe, se acordó en el Ministerio de Trabajo un ‘resarcimiento’ que se le pagaría a los trabajadores –relata García–. La plata salió de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. Cuando llegó el momento de pagar, no se les daba el monto tal cual venía en las planillas. Héctor Mesineo, jefe de Recursos Humanos, se sentaba enfrente de cada trabajador. ‘El número dio 30, pero la empresa puede pagar 15 mil’. El empleado, que venía de llevarse cero, aceptaba. Yo fui testigo presencial de esa operatoria.”
El armado de este funcionamiento irregular implica que no sólo en TBA –empresa a la que se le quitaron las concesiones de las líneas Sarmiento y Mitre– se desviaban subsidios estatales, sino que es una operatoria común a todas las empresas concesionarias del ferrocarril. Como Metrovías, del grupo Roggio, o Ferrovías, del grupo Romero, que hoy se hicieron cargo de las vías quitadas a TBA. En las denuncias es notoria la participación de la subsecretaría de Transporte Ferroviario, que dirige Antonio Guillermo Luna, hombre del sindicato La Fraternidad, en el cargo desde 2005, cuando acompañaba la gestión del corrupto Ricardo Jaime. Luna, a quien José Pedraza –detenido como sospechoso de encabezar la asociación ilícita que terminó con la vida de Mariano Ferreyra– llamó en su declaración judicial: “un par”. Luna, que -cuando en una reunión con trabajadores tercerizados del ferrocarril realizada dos días antes del asesinato de Ferreyra- fue informado sobre las medidas que se tomarían, respondió con pasmosa calma: «Nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer si los tercerizados cortan las vías». Luna, el hombre que –pese a la responsabilidad del área a su cargo en el accidente de Once que dejó como resultado 51 víctimas fatales– continúa siendo la persona elegida por la presidenta Cristina Fernández para comandar los destinos del ferrocarril.
Sólo en un país como el nuestro con una justicia paupérrima estos ñatos no están en cana