YPF desde los ’90 como es De Vido

La esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, fue síndica de YPF cuando se vendió a Repsol y también durante la estafa a 30 mil ex ypefianos. Los directores de YPF desde 2003.

 

Los vínculos entre el kirchnerismo y la YPF privatizada empiezan antes del 2003. Durante los 90s, los actuales interventores Julio De Vido y Daniel Cameron, el ministro de Planificación que no planificó y el secretario de Energía que nos llevó a la crisis energética respectivamente, fueron “miembros activos” -expresión literal del currículum de De Vido- de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Cuando se privatizó YPF en 1992, Néstor Kirchner era el presidente de la OFEPHI, a la vez que secretario de Acción Política del Consejo Nacional del PJ.

 

 

Alessandra, tu síndica

 

Como parte de los acuerdos con el gobierno nacional de Carlos Menem, la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, fue síndica suplente entre el 30 de abril de 1996 y el 14 de octubre de 1999. Integró el directorio de YPF durante la venta a Repsol. También durante la estafa a los ex trabajadores ypefianos. Como síndica representaba las acciones del Estado nacional, los provinciales y el 10% que se le había otorgado a los trabajadores por el Programa de Propiedad Participada (PPP) a principios de los noventa. Pero esas acciones nunca fueron repartidas como se había prometido. En la época en que la esposa de De Vido era síndica, el Estado nacional se las apropió para inmediatamente venderlas en la Bolsa de Nueva York, lo que significó la primera compra de acciones de Repsol en YPF. 4.677 trabajadores fueron obligados a desprenderse de sus acciones y cobraron un valor menor al real, mientras que 30 mil ex ypefianos (despedidos durante los 90s, posteriormente al PPP) no vieron un peso. La operación se hizo mediante el decreto 628/97 de Menem, con el aval previo de una reunión del Directorio de YPF que realizó un prospecto en donde se señalaba, falsamente, que se habían recabado las autorizaciones de los trabajadores accionistas. Por tal motivo, Alessandra Minnicelli fue procesada junto con otros funcionarios (el resto del directorio, Cavallo, Menem y otros) en la Causa Penal 8568/99, acusada de ser corresponsable por “acción u omisión” de hechos fraudulentos. A Miniccelli la defendió el estudio de Esteban Righi. Sobreseída por el juez Bonadio en 2006, en 2007 la causa -y la imputación- fue reabierta, y finalmente en 2011 la Sala I confirmó el sobreseimiento, en un fallo dividido ya que un juez (Horacio Cattani) votó por seguir la investigación. Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun utilizaron un curioso argumento: “una mala administración no se traduce en la comisión de un delito” aunque quede claro “la toma de decisiones que, vistas a la distancia, indudablemente no fueron las más convenientes para el universo total de los trabajadores de la empresa”.

Por lo tanto, aunque las acusaciones no se hayan correspondido con tipificaciones penales, Farah indicó que “la eventual exclusión de la responsabilidad penal no coarta la posibilidad de la existencia de una responsabilidad política, civil o de otra naturaleza”.

 

Previamente al sobreseimiento, en 2001 la Corte Suprema dictaminó en el “Caso Antonucci” que el 10% de las acciones debería haber pasado a todos los trabajadores. En respuesta a ello, en 2002 el Congreso votó una ley de indemnizaciones, cuya resolución y reglamentación ocurrió durante los años 2003 y 2004, ya en plena gestión de Néstor Kirchner. Los ex ypefianos criticaron los bajos montos allí fijados, a pagarse en bonos (negocio para financieras y especuladores), y que además el cobro implicase la renuncia a toda acción judicial, según determinó el decreto 821/04 firmado por Kirchner, estableciendo incluso que el decreto pase por encima de las normas fijadas en la Ley de Contrato de Trabajo. La crítica de los ex ypefianos prosiguió, no sólo por una cuestión indemnizatoria, sino considerando todo el proceso de la venta de acciones como ilegal y nulo -planteo que Kirchner eligió desoír. Dichas acciones volvieron a ser noticia estos días por un fallo de la jueza Edith Cristiano del 23 de abril, bloqueando una venta de acciones realizada por Repsol en 2011, dado el reclamo de 25 mil trabajadores enrolados en la Federación de Ex Trabajadores de YPF. En la compra de acciones actual ningún funcionario hizo referencia a esta situación ni ningún porcentaje se destina a los trabajadores.

 

 

Alessandra, de regreso

 

Tal vez por el éxito de su desempeño como síndica en YPF, además de haber sido funcionaria provincial (síndica también en una empresa estatal), Néstor Kirchner la nombró en 2003 -y permaneció en el cargo hasta diciembre de 2007- Síndica General Adjunta de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Organismo de control que debería supervisar a su marido.

 

En la noche del 16 abril de 2012, día de la intervención a YPF, la agencia EFE registró la salida del ministro de Planificación en el intervenido edificio de Puerto Madero, aunque no estaba solo. Alessandra volvió a YPF.

 

 

Dos semanas antes, la pareja había recibido otro sobreseimiento, esta vez en una causa por enriquecimiento ilícito. La Sala IV de Casación rechazó una apelación de otro organismo de control, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, por considerar que no entraba en su competencia, sin entrar a responder la critica de no haberse completado las medidas de prueba, en el previo sobreseimiento dictado por el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid. Aquel dejó el cargo tras ser imputado por recibir sobornos para beneficiar a Pedraza, en el caso del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.

 

 

Los Directores del Estado en YPF entre 2003-2012

 

Durante la venta de casi todas las acciones a Repsol en 1999, se modificó el estatuto para que el Estado, mientras contase con al menos un acción -siguió con mil-, tuviese un Director en YPF, quien ademas tendría derechos especiales y poder de veto por ser la suya una “acción de oro” (Kirchner sin embargo declaraba públicamente, todavía en 2007, que la acción de oro se había perdido). El Estado podía nombrar un Director titular y otro suplente, pero nunca se ocupó ese segundo cargo. También designa, mediante la SIGEN, a un síndico titular y otro suplente.

 

A la llegada de Kirchner al gobierno, el director estatal en YPF era Carlos Tempone, amigo muy cercano de Eduardo Duhalde. El 11 de mayo de 2004 Kirchner designa por el decreto 595/04 a Ernesto Dardis en su reemplazo. Dardis venía de ser un funcionario de primer orden en Santa Cruz: desde 1991 Director Provincial de Energía hasta el 2003, cuando escaló a Secretario de Producción del Ministerio de Economía. Ya con el cargo en YPF, trabajó también como asesor ad-honorem del ministro de Economía y Obras Públicas santacruceño.

Néstor Kirchner designaba a un hombre de su riñón, que le respondía completamente. Dardis declaraba por esa época que “el accionista es el Estado Nacional, yo sólo soy el director designado por el accionista”.

 

Posteriormente, Héctor Masnatta, un viejo cuadro peronista, ex juez de la Corte, funcionario de Menem, constituyente en 1994 y consultor para la re-reelección de Menem, luego de trabajar de asesor para Néstor Kirchner es nombrado por decreto el 28 de junio de 2006 como Director de YPF.

 

En marzo de 2007 Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, fue nombrado Director de YPF en representación del Estado. En febrero de 2008 pasó a ocupar el cargo el contador Santiago Carnero, ascendido en 2011 a superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. En su reemplazo, en abril de 2011 Baratta volvió al directorio.

 

La burguesía nacional en el Directorio de YPF

 

En el directorio de YPF, además de los representantes del Estado y de aquellos vinculados directamente a Repsol, los españoles nombraban todos los años “directores independientes” y funcionaba también, de acuerdo a la Ley de Sociedades, un Comité Auditor. En ambos espacios pasaron durante estos años grandes empresarios locales, que nunca cuestionaron la política de Repsol. Algunos de ellos son: Miguel Madanes, de Fate y Aluar, quien también fuera vicepresidente y presidente de YPF entre 1995 y 1999. Luis Pagani de Arcor. Mario Vazquez, director en varias sociedades como Telefónica, Santander, Mercado Libre, asesor en la “reestructuración” de YPF a principios de los 90. El presidente y el vicepresidente del Banco Hipotecario (banco que recibe prestamos a una tasa ínfima por parte de la ANSES), Eduardo Elsztain (grupo IRSA) y Mario Blejer respectivamente. Jorge Brito del Banco Macro y presidente de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA). Carlos De la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Alejandro McFarlane de Edenor y Edelap, yerno de Hugo Anzorreguy, el ex jefe de la SIDE menemista.

 

Siempre, siempre

 

Pese a la interpretación de los sueños a posteriori propuesta por la Doctora Fernández, Néstor se oponía a la renacionalización. El accionar de sus representantes en el Directorio de YPF durante 9 años siguió ese camino. Nunca criticaron la gestión, por el contrario la alababan. Así fue hasta fines de 2011, recién este año el director Baratta se opuso al giro de utilidades. La contradicción del Relato no es sólo respecto a un pasado escondido sino en el mismo presente, con el viceministro Kicillof afirmando que han sido “amigos de Repsol” cuando “iban en la dirección adecuada”, mientras que la Ley votada indica que el vaciamiento fue “progresivo” desde 1999.

Estos y otros hechos alertan sobre el futuro de YPF, la capacidad del gobierno para solucionar la crisis energética y los negocios y nuevos precios que habrá con la asociación de YPF a petroleras como la Exxon, Chrevon y Conoco Philips.

 

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