#ChauCirigliano #HolaRoggio

El gobierno rescinde el contrato con TBA para entregarle el Sarmiento a sus socios en UGOFE. ¿Cambio de figuritas cosmético? ¿Más negocios al megapulpo Roggio?

A tres meses de la masacre de Once, ¿cambio cosmético de figuritas?

 

A tres meses y dos días después de la masacre de Once –que costó 51 vidas y provocó más de 700 heridos– el gobierno nacional, mediante el decreto 793/12, rescindió el contrato que le otorgaba la concesión de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre a la empresa TBA, propiedad del grupo Cirigliano. El anuncio fue realizado por Julio De Vido, al frente del ministerio de Planificación desde 2003, cuando el fallecido Néstor Kirchner asumiera su presidencia, hace 9 años. Las primeras voces celebratorias debido a la caída de la concesión a TBA –responsable por brindar un servicio infrahumano a los miles de usuarios que cada día toman el tren del Oeste– se expresaron en, por ejemplo, afiches como los que sacó la JP Evita, en las que se agradecía a la “compañera coraje” (en referencia a la presidenta Cristina Fernández) y en los que se postulaba que “soberanía es recuperar lo que nos robaron”. Sin embargo el decreto no planteaba la estatización del servicio ferroviario en esas líneas, sino que se lo otorgaba a Metrovías, del grupo Roggio, y Ferrovías, del grupo Romero, bajo control de la secretaría de Transporte, que depende del ministerio de De Vido.

                                                                                                                                                                        Soberanía es recuperar para entregar a los Roggio.

 

Roggio es un grupo empresario emblemático de la burguesía nacional, sujeto social central para el kirchnerismo, cuyo programa estableció la necesidad de “reconstruirla” luego de la enorme crisis económica que tuvo su pico en 2001/2002. Los orígenes de la compañía se remontan a 1908, cuando el patriarca Benito Roggio, inmigrante italiano, instaló en Córdoba una pequeña empresa constructora continuada luego por sus hijos Marcelo y Vito. El caudal de la compañía dio un salto exponencial en la década del treinta, se consolidó en el segundo mandato de Juan Domingo Perón y tuvo un crecimiento inaudito en los setenta de la mano de contratos convenidos con el Estado que se multiplicarían una vez llegada la dictadura en 1976. Entre 1976 y 1983, el grupo construyó las instalaciones del canal ATC en la avenida Figueroa Alcorta; la Central Térmica de Tucumán; el aeropuerto, los Tribunales y la Central de Policía de Córdoba; el estadio mundialista Chateaux Carreras y empezaron a recoger la basura en la ciudad de Buenos Aires gracias a su relación con el intendente Osvaldo Cacciatore. En una entrevista con Luis Majul para su libro Los dueños de la Argentina, el actual mandamás de la compañía Aldo Roggio expresaba: “Yo parto de que acá hubo una guerra y en la guerra pasan cosas. En ese momento yo estuve de acuerdo con la guerra contra la subversión. Ha sido un parto doloroso pero necesario para el país”.

La empresa expandió sus áreas de intervención e incursionó en la informática y las privatizaciones menemistas de la década de los noventa les permitieron quedarse con Metrovías, el ferrocarril Urquiza, los peajes de varias rutas mediante las empresas Covisur, Coviares y Puentes del Litoral y el servicio de recolección de basuras a través de Cliba, además de que le fueron otorgadas las concesiones para el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas. En esos años los Roggio fundaron en Córdoba, su ciudad de origen, el think-thank neoliberal del ministro menemista de economía Domingo Cavallo conocido como Fundación Mediterránea.

La presidenta Cristina Fernández junto a Aldo Roggio y al ministro Julio De Vido, al frente de esa cartera acusada de corrupción desde 2003.

 

El subte fue escenario de sus salvajes políticas de ajuste antiobrero, que incluyeron la extensión de la jornada laboral, el despido de gran parte del plantel de trabajadores y la recontratación de nuevos trabajadores bajo el sistema de empresas tercerizadas. Este estado de las cosas sólo comenzó a recomponerse debido a la recuperación gremial de la parte laboriosa del subterráneo cuando sus operarios lograron dotarse de un cuerpo de delegados combativo. Sin embargo, su metodología de crear empresas tercerizadas contratadas por la empresa madre Roggio, que le permitía acaparar no sólo mayor cantidad de subsidios estatales, sino extraer una mayor cantidad de ganancia de la fuerza de trabajo al establecer convenios a la baja, mayores ritmos de trabajo y menores salarios, se extendió en todo el grupo y se profundizó durante el kirchnerismo.

El grupo Roggio no sólo creó empresas para realizar el procedimiento de la tercerización, sino que también lo hizo para acaparar contratos y subsidios. En la actualidad, el subterráneo no sólo es comandado por la empresa madre Metrovías –del grupo Roggio– sino que establece contrataciones estatales con otras empresas del mismo grupo: Metronec, encargada de la explotación de los espacios comerciales y publicidad; Benito Roggio Transporte, que presta servicios de asesoramiento en la gestión y administración del servicio; Taym, encargada de la limpieza; Cía. Metropolitana, empresa de seguridad; CPS, que le vende a Metrovías el sistema de comunicación a través de fibra óptica y softwares; Cía Latinoamericana, para cableados e infraestructuras; Neoservice para llevar adelante servicios en general; Benito Roggio Ferroindustrial, para brindar soluciones para la industria ferroviaria en general; Prominente SA, encargada de la operación del departamento de Sistemas de Metrovías, y otras compañías como Ferrometro, Traditum o Metroline. En 2010 Metrovías repartió 150 millones de pesos entre sus accionistas, mientras que las ganancias de las otras empresas del subterráneo del mismo grupo no revelaron sus balances públicamente.

El 18 de mayo la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), comandada por Diego Bosio, presentó unas denuncias ante la Comisión Nacional de Valores por irregularidades promovidas por el grupo Roggio a través de la concesión de contratos a empresas de su propiedad que habrían permitido no declarar ganancias por más de 100 millones de pesos. Cinco días más tarde, el gobierno nacional premiaba a los Roggio otorgándole la concesión de las vías que antes administraba TBA.

Los Roggio no son nuevos en el negocio de administrar las vías férreas que pertenecen al Estado pero que, en lógica neoliberal, el kirchnerismo sigue concesionando a empresarios privados. El grupo administra en distintas sociedades las vías del ferrocarril Urquiza, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Cargas y el Roca, el ferrocarril que más usuarios transporta en esta región del continente. En el San Martín, Belgrano Sur y Roca, los Roggio son socios –a través de UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria, en la que se asociaron al Estado) de la empresa Ferrovías, del grupo Romero… y de TBA, de los Cirigliano.

Así se viaja en el Roca, propiedad de los Roggio, nuevos concesionarios del Sarmiento.

 

El ferrocarril Roca, como muestran las fotos, no sólo incurre en un servicio que equipara a los usuarios con el ganado, sino que fue el centro de uno de los acontecimientos fatales que marcaron la política de los últimos años. Ugofe (integrada, como se dijo, por los Roggio, los Romero y los Cirigliano en asociación parasitaria al Estado) lo administraban y copiaron el método Roggio de tercerización, con el aval de la cúpula de la Unión Ferroviaria que solicitó el ingreso de las empresas tercerizadas al ferrocarril al ministro kirchnerista Carlos Tomada, que accedió al pedido. De tal modo, el Estado no sólo se hacía cargo de pagar los salarios de todos los trabajadores de Ugofe, sino de los contratos con las empresas tercerizadas, además de subsidiar los pasajes de los usuarios. Por si no fuera poco el nivel de aprovechamiento de los recursos del Estado, existen denuncias de desvío de fondos de esos pagos. José Luis García, ex gerente de pagos de Ugofe del ferrocarril Roca, declaró ante la justicia que los fondos salidos para pagar salarios y contratos desde la subsecretaría de Transporte Ferroviario, al mano del sindicalista de La Fraternidad Antonio Guillermo Luna, se veían reducidos en un 30 por ciento desde que se asentaban como enviados desde el organismo estatal hasta que llegaban al bolsillo del trabajador. Contra ese estado de cosas los trabajadores tercerizados iniciaron en 2010 una lucha descomunal para reclamar los derechos laborales que les correspondían y -ante los despidos producidos por esa lucha- la reincorporación de los obreros cesanteados a sus lugares de trabajo. El Partido Obrero fue uno de los impulsores de esa lucha y uno de sus militantes, Mariano Ferreyra –principal dirigente de Avellaneda de esa organización– se convirtió en uno de sus protagonistas. La defensa del negocio de las tercerizaciones –que impulsaba la Unión Ferroviaria, involucrada en las ganancias que el mecanismo brindaba– también fue tomada por Ugofe.

El 20 de octubre de 2010 una patota sindical de la Unión Ferroviaria atacó a los manifestantes tercerizados que reclamaban por sus derechos. El ataque, realizado también con armas de fuego, le costó la vida a Mariano Ferreyra, asesinado por una bala de plomo. Testigos afirman haber visto a Pablo Díaz, gerente de Recursos Humanos de Ugofe, en el andén de la estación Avellaneda supervisando la conformación de la patota. Este cronista entrevistó a un testigo que afirma que Cristian Favale, sospechado de ser el autor del disparo fatal, aseguró haber sido contratado por el sindicalista Pablo Díaz (homónimo del gerente de Ugofe), para “cagar a palos a los pibes de Herso”. Herso es una tercerizada propiedad del grupo Romero, dueño de Ferrovías, socio en Ugofe de los Roggio y de los Cirigliano.

Manifestación por justicia por Mariano Ferreyra. En su asesinato habría estado involucrada Ugofe, compuesta por los Roggio, los Romero… y los Cirigliano de TBA.

 

No es ideológico. No se trata simplemente de que formen parte de la burguesía nacional, esa clase social que subsiste y se reconstruye (tal como plantea el proyecto kirchnerista) en base a la hiperexplotación de la fuerza laboral de los trabajadores argentinos. La historia de los Roggio los marca a fuego como parte de ese núcleo de empresarios que usufructuaron los recursos de la república en cada momento en contra de sus habitantes: bajo la dictadura, durante el alfonsinsmo, bajo el menemismo, durante el kirchnerismo y hasta la actualidad. El juicio que dilucidará las responsabilidades por el asesinato de Mariano Ferreyra mostrará el rol expoliador y criminal de estos grupos en el entramado de ese crimen. Hasta ese momento, seguirán siendo premiados.

Lo prueba esta jornada. Mientras los trabajadores del Sarmiento reunidos en asamblea, tanto como los de la seccional Victoria, del ferrocarril Mitre, votaron que el ferrocarril debía pasar a manos del Estado y con la supervisión de comisiones de control obreras, el Estado decidió algo distinto. El gobierno de Cristina Fernández les dio a los Romero y a los Roggio el control de más vías férreas. Un premio. Un cambio de figuritas que simula el cambio para que nada cambie.

 

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