#PresosPolíticosParaTodos

Por Andrés Hansy (@AndrsHansy)

Nuevos detenidos y causas judiciales contra activistas obreros y luchadores sociales.

 

 

La aprobación de la llamada ley “antiterrorista”, las revelaciones sobre la infiltración de la Gendarmería conocida como “Proyecto X”, la represión a los ambientalistas del noroeste cordillerano y los fuertes ataques de la presidenta y sus ministros contra las huelgas docentes y las movilizaciones de los desocupados se sucedieron uno tras otro en el curso de los apenas 4 meses que transcurrieron desde la reasunción de Cristina Fernández al frente del poder ejecutivo. En el mismo período, se produjeron nuevas detenciones de trabajadores y nuevas causas judiciales contra activistas.

 

Hay quienes advierten sobre un “giro represivo” del gobierno, ligado a su programa de “sintonía fina” -esto es, a la eliminación de subsidios, el reajuste de las tarifas de los servicios públicos y el transporte y los intentos de fijar topes a las discusiones salariales de las paritarias-.

 

La cuestión coincide con una crisis de los mecanismos de contención. La relación del gobierno con los sindicatos atraviesa uno de sus peores momentos. Los sindicalistas –muchos de ellos, cuestionados por sus bases, apremiados por los fondos de las obras sociales y agobiados por causas judiciales de diferente índole- tampoco parecen dispuestos a pagar el pato de la boda. Así se produjo, por ejemplo, el primer paro nacional por aumento de salarios de los maestros afiliados a Ctera, un gremio que abiertamente apoya al gobierno de Cristina Fernández.

 

La cuestión de la política oficial frente a las protestas parece estar horadando al gobierno en un terreno en el que se sentía fuerte, el de los derechos humanos. Así parece confirmarlo la masiva marcha opositora del pasado 24 de marzo y la ruptura con el oficialismo de organismos de derechos humanos que hasta poco apoyaban al gobierno que decía venir a “terminar con la impunidad” y “no reprimir”.

 

 

Dos por uno en Santa Cruz: liberaron a Oñate y detuvieron a otros dos petroleros

 

Debido a un fallo unánime del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, fue liberado el delegado petrolero Víctor Oñate, aunque continúa procesado por “coacción agravada y amenazas”. Casi simultáneamente con su liberación, el juez Quelín –el mismo que detuvo y procesó a Oñate- ordenó la detención de otros dos trabajadores petroleros, Lautaro Leyes y Gonzalo Arroyo, quienes en estos momentos se encuentran privados de su libertad en la localidad de Perito Moreno.

 

Oñate fue liberado el viernes 30 de marzo, tras nueve meses de detención. Se encontraba recluido en la alcaidía de Pico Truncado, frente a la cual una semana antes, los sindicatos de la Mesa de Unidad Sindical, organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda conmemoraron el 24 de marzo reclamando por su libertad.

 

Oñate fue uno de los dirigentes de la toma de la planta LH3 de YPF en Las Heras, a mediados del año pasado. Aquella lucha generó una fuerte crisis política en la provincia y en el sindicato petrolero, que desde entonces se encuentra intervenido.

 

 

Lautaro Leyes es delegado en la empresa Transporte Figueroa, que provee servicios a la petrolera SINOPEC en la localidad de Las Heras. Desde el 3 de marzo, los trabajadores de Transporte Figueroa instalaron un piquete frente a la empresa, reclamando la reincorporación de dos despedidos, Gonzalo Arroyo –detenido junto a Leyes- y Juan Ponce. Según otro de los delegados petroleros, Omar Leguizamón,  la empresa “mandó a denunciar a Arroyo y Ponce para iniciarles causas penales y justificar sus despidos” y criticó a la intervención del sindicato por no ocuparse de “las persecuciones y despidos que sufrimos todos los días”. Arroyo y Ponce están denunciados por “atentar contra la propiedad y la actividad comercial de la empresa”.

 

El juez Quelín  ordenó la detención del delegado Leyes y el despedido Arroyo el martes 27, tres días antes de la liberación de Oñate. El primero en ser apresado fue Leyes. Dos días después, se entregó Ponce. Ambos están acusados de coacción agravada. El juez Quelín ordenó su traslado a la localidad de Perito Moreno, a 170 kilómetros de Las Heras, para “evitar incidentes”.  Este magistrado ha sido objeto de múltiples escraches, ya que es quien lleva adelante los procesamientos de más de un centenar de personas por participar de protestas en esta convulsionada localidad del norte santacruceño. Los sindicatos de la Mesa de Unidad Sindical (MUS) están debatiendo solicitar su juicio político.

 

PlazadeMayo.com se pudo comunicar con Víctor Oñate, en momentos en que se encontraba en la sede del sindicato petrolero de Las Heras. Tiene la expectativa de hacer llegar sus reclamos a Alberto Roberti, el titular de la Federación sindical petrolera.

 

“Hoy a la mañana fijé domicilio por el asunto de la causa y ahora estoy esperando que nos atiendan en la sede del sindicato.  Vengo a pelear por mi reincorporación y el pago de los sueldos caídos. Durante casi un año que estuve preso, la intervención de no se ocupó de nada, pero yo pienso que a un afiliado no se lo puede dejar tirado. Hace 10 años que estoy afiliado al sindicato y nunca tuve un cargo, excepto el de delegado. El único sustento que tuvo mi familia mientras estuve preso, fue lo que pudieron reunir mis compañeros. Lamentablemente eso no fue suficiente y se tuvieron que mudar a Bahía Blanca con los abuelos. Todavía no pude reencontrarme con ellos. Pasaron momentos muy difíciles. Allanaron las casas de mis hermanos y la ciudad sigue llena de policía, es una realidad muy dura la que tenemos acá y que los medios nacionales no informan”.

 

-¿Cuál es la situación actual respecto al conflicto por el que fue apresado?

 

-Ahora el gobierno le reclama a las operadoras lo mismo que yo denuncié hace un año y terminé preso. Me parece bárbaro que ahora les reclamen por las inversiones que no hicieron y que les quiten concesiones, pero si me hubieran escuchado hace un año, no hubiese tenido que pasar por todo lo que pasé. Nosotros salimos a reclamar en el mes de marzo porque las operadoras no cumplían con una resolución ministerial que disponía un pago de $25000 a los trabajadores por el vencimiento del convenio y en mayo paramos la empresa, al mismo tiempo que salían los docentes a la calle a reclamar por lo suyo. En el mes de julio me detuvieron. Ahora vamos a seguir peleando por los derechos que nos corresponden, por poder aspirar a una vida mejor y progresar.

 

-¿Cuál es la situación del sindicato petrolero?

 

-Hay mucha bronca con la intervención. En estos momentos, están tomadas las sedes del sindicato en Caleta Olivia y Pico Truncado. Acá en Las Heras, no está tomado, pero estamos haciendo acto de presencia con otros compañeros.

 

Sobre la situación de Leyes y Arroyo, los dos nuevos petroleros detenidos, Oñate dice que “su situación es similar a la que pasé yo. Esto es algo que le puede pasar a cualquiera que sale a pelear por sus reclamos, los trabajadores o los partidos que están luchando. Nadie está libre de nada”.

 

 

Nuevas causas judiciales

 

El viernes 16 de marzo, desocupados enrolados en el Polo Obrero, el MST-Teresa Vive y Barrios de Pie cortaron durante varias horas cuatro accesos de provincia de Buenos Aires a Capital Federal. Reclamaban por un aumento del monto de los planes “Argentina Trabaja” para todos los inscriptos en el programa. Según sus denuncias, sólo el 20% había percibido un incremento, una discriminación digitada entre punteros oficialistas, intendentes y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

 

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue muy dura con los piquetes. Proclamó que eran “desestabilizantes” y  los calificó de “extorsivos”. Incluso acusó a dirigentes políticos y sociales de la oposición de “esconderse detrás de un reclamo legítimo” y de “actuar irresponsablemente”. En la lista de nombres que dio la ministra –algunos de los cuales ni siquiera estaban directamente relacionados con la protesta-, figuraban Néstor Pitrola (PO), Christian Castillo (PTS),  Fernando Solanas (Proyecto Sur) y Hermes Binner (FAP).

 

 

Pocos días más tarde, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de la izquierda, confirmaron que la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio que encabeza Garré radicó una denuncia que está siendo impulsada por el fiscal Carlos Stornelli. La causa se encuentra en el juzgado a cargo de Servini de Cubría, con quien representantes de estos sectores mantuvieron un audiencia a fines de la semana pasada. “Allí constatamos que hay una causa iniciada por interrupción del tránsito, coacción, extorsión y asociación ilícita”, comentó Claudia Ferrero (Apel),  quien estuvo presente en la reunión. Según Ferrero, “hay un agravamiento de los tipos penales con los cuales se persigue judicialmente a quienes reclaman.

 

El planteo de la asociación ilícita puede llevar a la ilegalización lisa y llana de las organizaciones involucradas. Hay un salto en el planteo jurídico que va de la mano de la aprobación de la ley antiterrorista”. La ley “antiterrorista”, recordemos, incorpora al Código Penal el agravante de “terrorismo” para todo aquel que pretenda torcer la voluntad del gobierno u otras organizaciones estatales, nacionales o extranjeras. Una definición tan amplia que –como alertaron todos los organismos de derechos humanos, tanto oficialistas como opositores- puede caberle a cualquier protesta social.

 

Ferrero también se refirió al hecho de que “se lanzan las acusaciones desde los estrados oficiales y los fiscales actúan en consecuencia. Ya tenemos cuatro compañeros procesados por extorsión”, en referencia a los ferroviarios que en diciembre de 2010 cortaron las vías del Roca para reclamar el cumplimiento de los compromisos de pase a planta de los tercerizados asumidos por el Ministerio de Trabajo tras el crimen de Mariano Ferreyra. “En aquella ocasión, también Garré fue quien lanzó las acusaciones desde una conferencia de prensa”.  Aunque la causa todavía no tiene imputados, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social afirmaron off the record que estarían apuntando a Eduardo Belliboni (PO), Gustavo Giménez (MST) y Daniel “Chucky” Menéndez (Barrios de Pie). Dirigentes de esta última agrupación también estarían imputados en otra causa muy reciente junto a integrantes del FOL.

 

 

Jujuy

 

En los primeros días de marzo, la jueza Ana Carolina Pérez Rojas ordenó la captura de la comisión directiva, los delegados y los asesores letrados del sindicato azucarero del Ingenio La Esperanza.  Santiago Bonillas, José María Castrillo, José Alvarez y Raúl Maigua fueron detenidos mientras que la orden contra Ricardo Daniel Cuellar, José Tolaba y sus abogados Fabián Tejerina y Enrique Alejandro Wandschneider  no llegó a hacerse efectiva.

 

La jueza debió dar marcha atrás frente al inmediato revuelo que generó su dictamen. Pérez Rojas es la misma magistrada que ordenó el desalojo de los terrenos ocupados pertenecientes al Ingenio Ledesma con el resultado de cuatro muertos y decenas de heridos. La orden de detención contra los trabajadores azucareros se produjo poco después de que Angel Alberto Ledesma (secretario general del Centro de Empleados del Azúcar del Ingenio Río Grande), José Antonio Reales (secretario de Obreros del Azúcar Río Grande) y el abogado Wandschneider solicitaran la destitución de Pérez Rojas y la recusaran en otra causa.

 

 

En el norte azucarero existe desde hace tiempo un proceso de reorganización sindical muy importante -en el que participa la CTA-, que viene desafiando la hegemonía de la Fotia tucumana en las negociaciones salariales y laborales del sector. Para la rancia oligarquía de los Blaquier y compañía (que viene recibiendo ingentes subsidios para la producción de biocombustibles), el reclamo de $5000 de salario mínimo para todos los obreros del azúcar de Jujuy y Salta resultó intolerable.

 

Santiago Bonillas, secretario general del gremio en el Ingenio La Esperanza, relató a PlazadeMayo.com que “nosotros llegamos al gremio en el 2008. Nuestra lucha era por salvar los 2000 puestos de trabajo del ingenio. Las operadoras habían hecho acuerdos de compra anticipada de azúcar con El Tabacal y durante tres años trabajaron de esa forma, con lo cual, en La Esperanza no se plantaba nada, había cada vez menos caña  y la fábrica se deterioraba. Nos reunimos en el juzgado varias veces y presentamos nuestros reclamos, pero la jueza no daba curso a nuestros escritos ni tampoco les daba lugar a los oferentes que traían propuestas por el ingenio La Esperanza. Teníamos derecho a tomar conocimiento de cualquier negociación, por eso salimos a cortar la ruta. Hicimos un piquete de tres o cuatro días. El 10 marzo de 2010, al pasar por el juzgado, nos encontramos que la jueza y un representante de El Tabacal estaban haciendo un nuevo acuerdo en ese momento. Sabíamos que eso era nuestra perdición. La gente se enfureció y ocupamos el juzgado. En ese momento, nos dijeron que no iba a pasar nada”.

 

“Sabemos que gracias a esa toma, la jueza permitió que se puedan presentar nuevos oferentes, entre ellos, Emepa y Benito Roggio, el actual arrendatario. No hicimos nada delictivo, lo que hicimos fue para salvar los puestos de trabajo”.

 

Los siete imputados por la jueza Pérez Rojas continúan acusados de privación ilegítima de la libertad, incitación a la violencia, coacción agravada y entorpecimiento del normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado.

 

 

“Donde hay una necesidad, hay una causa judicial”

 

Según un informe elaborado por los organismos de derechos humanos agrupados en el espacio “Memoria, Verdad y Justicia” –la primera sistematización de datos sobre la criminalización de la protesta que se realiza desde 2005- las causas judiciales contra activistas, delegados sindicales, militantes y manifestantes superan las cuatro mil y suman 167 las organizaciones afectadas.

 

El 64% de los casos se distribuyen en partes iguales entre activistas sindicales y miembros de los pueblos originarios. A ello se agrega un hecho todavía más grave, que son los asesinados en ocasión de protestas o situaciones concomitantes, una lista que ya suma 18 casos desde junio de 2010 y sobre la cual el gobierno parece haber echado un impermeable manto de silencio.