El avance de los truchos

En los últimos ocho años, se triplicó la cantidad de colectivos truchos en el área metropolitana. Son 250 las víctimas fatales de este sistema.


Por Paloma Navarro Nicoletti y Marina Dragonetti

En 2004 la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros había contabilizado 3.500 unidades de “transporte alternativo”, eufemismo que alude a aquellos colectivos y combis ilegales que circulan por el conurbano bonaerense. En ese momento, los empresarios del sector aseguraban que este sistema les causaba un perjuicio de 300 millones de pesos por año. Seguramente, hoy esa cifra se habrá triplicado ya que el negocio se expandió y actualmente se estima que 9800 unidades clandestinas circulan por distintos puntos de La Matanza, Florencio Varela y Gregorio Laferrere.

En la práctica, el término “alternativo” significa que los coches no cuentan con seguro, ni con las condiciones técnicas para circular, que los choferes no tienen habilitación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y que muchas de las empresas responden a cooperativas no registradas de las que se desconoce sus responsables.

A pesar de no contar ni con número de línea, muchas de ellas tienen paradas en distintos puntos de su recorrido y según representantes de organizaciones y familiares de víctimas de tránsito “nadie las controla”. Como resultado, desde 2008, 250 personas fueron víctimas fatales de accidentes de tránsito, según un relevamiento de la Comisión Nacional de Víctimas del Transporte Público (CNVTP).

¿Quién se hace responsable? “Nadie, nadie en lo inmediato. Después pueden haber responsabilidades terciarias, como por ejemplo el Municipio”, admitió el concejal de La Matanza Gustavo Ferragut.

Martín Lescano, presidente de la CNVTP apunta directamente a responsabilidades políticas y judiciales: “La justicia es cómplice de estas corporaciones que nosotros denunciamos: son narcotraficantes vinculados a viejos intendentes del peronismo del conurbano, con el aval del sistema judicial y de la propia Comisión Nacional de Regulación del Transporte. La CNRT sabe que para trabajar en zona sur, para que no ingresen a la ciudad autónoma de Buenos Aires, tendrían que poner inspectores, pero cobra 300 pesos por unidad para seguir circulando. Se maneja muchísima plata. Hemos advertido a los funcionarios de diferentes formas”.

 

Zona franca

 

Lescano presentó en 2008 una denuncia penal contra Eduardo Sícaro, interventor de la CNRT y el jefe de fiscalización, Alejandro Rusconi por incumplimiento a los deberes de funcionario público. Después de la muerte de Yamila Morán, la justicia ordinaria de Quilmes ordenó una investigación sobre el transporte ilegal, que nunca se llevó adelante. La causa 1245 fue hecha ante la Justicia Federal, porque la CNVTP considera que las faltas de controles por parte de la CNRT ha permitido que los truchos sigan funcionando.

Desde 2003, la Comisión realiza un extenso trabajo de campo basado en material fotográfico, filmaciones, testimonios y documentos. Mediante las pruebas que serán presentadas en la causa, se demostraría la complicidad de inspectores del organismo de control con los truchos y el pago de coimas.

Los ex trabajadores de líneas truchas avalan esta hipótesis. “Daniel Parisi (uno de los dueños de la línea Verde) tiene una flota de 100 colectivos o más que opera en González Catán y Virrey del Pino, lo más evidente que hay es el recorrido al Mercado Central, en donde tienen parada. En todo el recorrido no hay una sola inspección”, explica Roberto un ex chofer de la línea.

Sin inspecciones, es difícil tener un panorama de situación. Ferragut, que presentó un proyecto para crear una Comisión especial destinada a regular el transporte alternativo, dice que en La Matanza, uno de los municipios con mayor circulación de truchos, “no se sabe exactamente cuántas unidades son, solo tenemos un estimativo. En lo que es transporte de colectivos son entre 50 y 70 unidades y alrededor de 900 remises también en esas condiciones”.

Por qué existen los truchos

 

El éxito de estos transportes estuvo en un principio vinculado a los costos y a las distancias. Viajar mal, pero más rápido y barato era para muchos la mejor opción. Sin embargo, actualmente la situación se ha revertido ya que el boleto mínimo de los truchos es de $ 1,50, mientras que el transporte regular pelea, con ayuda del subsidio, un mínimo de $1,10. Para la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, ésta podría ser una de las causas de la disminución de este tipo de transporte.

Martín Lescano, por su parte, no opina lo mismo: “Rodolfo González, secretario de la Cámara de Transporte me dijo en el 2004 que esta gente de los irreglulares se iba a caer en tiempo porque no recibían subsidios, pero hoy hay más unidades, entonces quiere decir que el negocio es redituable para ellos y para los funcionarios”.

¿Cuál es la ventaja?: “Ese consumo no corresponde al costo del boleto, es más, al no estar subsidiados el costo sería aún mayor que del transporte común; sino que los ramales legales no llegan a esas zonas, entonces a la mayoría de las personas no le queda opción”, asegura Marta Rodríguez, coordinadora general de la Comisión de Seguridad de La Matanza.

 

Un tiro por una moneda

Los usuarios no son las únicas víctimas de este sistema. Los trabajadores conviven todos los días con episodios de inseguridad que en varias oportunidades les ha costado la vida. Alejandro Sinchicay era chofer de la Verde, una línea que recorría desde el Mercado Central hasta el kilómetro 38 de la ruta 3 en Virrey del Pino. La semana pasada estaba volviendo de su recorrido cuando, tras resistirse a un asalto, fue asesinado.

Al no contar con máquinas expendedoras de boletos, los choferes deben hacerse cargo de la caja diaria de cada unidad: “Nosotros cobrábamos los boletos, trabajábamos con el viejo sistema en el que el pasajero subía con el dinero y le pagaba al chofer. Había mucha inseguridad, nosotros estábamos con efectivo todo el día, desde que empezaba el primer coche a las tres menos diez, hasta la doce de la noche”, explica Leonardo, ex compañero de Sinchicay. La línea Verde respondía a la Cooperativa La Esperanza, también llamada 1 de Enero, una empresa no registrada en INAES que, según los trabajadores, tenía como presidente a Mario Belfiore, y de socios a Daniel Parisi, José Espejo y Jorge Eduardo Rossi.

Desde la Unión de Tranviarios Automotor indicaron que desconocían las condiciones en que se operaba el servicio. Carlos Franco, integrante del consejo de la UTA en La Matanza admitió que si bien “estaban al tanto de la situación y a pesar del tiempo que queremos legalizar (las líneas) todo se apresuró como consecuencia de la muerte de uno de los trabajadores. Hace años que la gente se queja, nosotros solo conocemos algunas denuncias por parte de los sindicatos pero no sabíamos en qué condiciones trabajaban las personas”.

Trabajo en negro, jornadas de diez u once horas, suspensiones injustificadas, amenazas y violencia por parte de los empleadores, colectivos sin luces, ni frenos, ni embrague, fueron algunas de las cuestiones que denunciaron los compañeros de Alejandro Sinchicay durante un corte de ruta.

De mafias y mafiosos

 

A Roberto, ex chofer de la línea Azul que respondía a la misma cooperativa, le tocó asistir a otro episodio de violencia: “en una oportunidad me tocó socorrer a un compañero que se llama Martínez porque dos supuestos delincuentes en un Falcon le reclamaron la plata, y a pesar de que se las dio, le pegaron dos tiros en el estómago. Hoy todavía no está curado, tiene que hacerse una operación bastante riesgosa, se quedó sin trabajo, nadie se hizo responsable de lo que le pasó. Yo no sé quién los mandó, pero que la mafia se mueve adentro no va a ser la primera vez. En algunos otros casos se supieron quiénes eran los chorros y en vez de entregarlos a la justicia, se los llevaban a un galpón X y los reventaban a golpes para que no volvieran a afanar, pero al chofer nunca se le devolvía la plata. No había una investigación y alguien que se hiciera cargo de lo que perdía el chofer. Era un ajuste de cuentas”.

Según Roberto y Leonardo, los “ajustes de cuentas” y las amenazas a los choferes eran frecuentes. Los inspectores de la empresa portaban armas y algunos tenían antecedentes.

Roberto: “Las armas estaban dentro del control de la empresa, en la portación de un inspector (llamado Edgar), que en más de una oportunidad subió al colectivo a gritarme y exhibía el arma”.

Leonardo: “Los inspectores que subían a recaudar estaban armados. Si uno tenía un error en el trabajo, lo abofeteaban y hay un compañero al que quisieron tirar para abajo de un primer piso, el compañero zafó y salió corriendo”.

Durante el corte de ruta que mantuvieron la semana pasada, una patota que respondía a los dueños de la empresa intentó levantarlo. Daniel Parisi fue identificado por los trabajadores portando un arma y según ellos los amenazó de muerte. La denuncia será radicada ante la fiscalía de San Justo.

Mientras tanto, se desconoce el destino de la cooperativa y de sus responsables. Alrededor de cien trabajadores de La Esperanza están desempleados, esperando que se efectivice un acuerdo laboral con la Municipalidad de La Matanza. La UTA tomará intervención a través del municipio y dicen que se comenzará a regularizar la situación.