El doble castigo de estar preso

Las muertes, la enfermedades y las heridas son consecuencias del abandono y el mal trato dentro del Sistema Penitenciario Bonaerense.

Actualmente existen 54 cárceles y 310 comisarías en la Provincia de Buenos Aires en donde se reparten 34.050 personas privadas de su libertad. Según un informe de Comisión Provincial por la Memoria, desde 2001 hasta 2011, se han registrado 582 muertes de detenidos en el Servicio Penitenciario Bonaerense, de las cuales casi la mitad se calificaron de “traumáticas”, esto es, como producto de agresiones entre internos, heridas de arma blanca, quemaduras, ahorcamientos o suicidios. Otras 350, se deben a causas naturales y enfermedades, y quedan 24 sin causa especificada.

Violaciones a los derechos humanos, hacinamiento, privación de asistencia médica, deficiencias edilicias, son las principales causas del extremo deterioro de un sistema que, a pesar de las innumerables denuncias que ha recibido, parece permanecer en las mismas condiciones.

Roberto Cipriano, director del Comité Contra la Tortura explicó que “la provincia de Buenos Aires ha mostrado algún tipo de preocupación pero no se han visto cambios visibles en la cotidianidad del sistema de encierro”.

Las prácticas de tortura y violencia son variadas y tienen plena vigencia. El submarino seco o húmedo, la picana eléctrica, los palazos con bastones de madera o goma maciza, los “manguerazos”de agua helada, el aislamiento y los constantes traslados, fueron y siguen siendo las armas predilectas para “disciplinar” a los reclusos. Como prueba, 1200 hechos de violencia institucional fueron registrados sólo en 2011 en el ámbito provincial.

Las condiciones de detención son otro foco de vulnerabilidad. Deficiencias edilicias, como problemas de desagües y cloacas, la falta de instalaciones eléctricas, filtraciones de agua y un acceso reducido a la luz natural, instalan un clima de convivencia que, sumado al extremo hacinamiento, provocan violencia entre los detenidos, accidentes y una constante exposición a todo tipo de enfermedades.

 

Tocar Reja

Diego Céspedes tenía 28 años cuando murió en la Unidad Nº 13 de Lomas de Zamora. Antes de pedir su trasladado, contaba que se encontraba en pésimas condiciones de alojamiento. Sin agua, imposibilitado para una higiene básica, su celda luego de una reclusión de 24 horas, estaba repleta de pulgas. El 24 de enero falleció de una herida de arma blanca dentro del mismo pabelllón. La causa de la pelea nunca se supo, pero algunos de sus compañeros lo asociaron con su insistencia para ser trasladado.

El de Diego, es un caso que insistentemente se repite con algunos matices de por medio. Los informes del Comité contra la Tortura dan cuenta de ello. Según estos documentos, la mayoría de las celdas de la Provincia de Buenos Aires no tienen puerta, las duchas son un agujero en la pared de donde sale el agua, los inodoros son pozos, y en algunas comisarías ni siquiera cuentan con baños en el sector de los calabozos: “en este caso los detenidos deben pedir al personal policial que los lleven al baño, los llevan de manera conjunta, los dejan unos pocos minutos y muchas veces los hacen orinar o defecar en bidones o bolsas”, reza el informe.

 

Cortocircuitos en la oscuridad

La precariedad de las instalaciones eléctricas constituye un riesgo para la vida de cualquier habitante carcelario. Se han constatado más de veinte muertes por cortocircuitos durante los últimos diez años.

La luz natural es un bien escaso y preciado, que puede provocar en el peor de los casos, una ceguera inmediata. Roberto Cipriano Garcia sostiene que “en la mayoría de las comisarías los detenidos no tienen acceso al patio, si es que se cuenta con uno. Para los menos afortunados, la vida transcurre en una celda que no alcanza para albergar a todos”. Veinticuatro horas de hacinamiento, sin circulación de aire y de luz, peleando por ver a través de una pequeña ventana en donde se divisa una porción del afuera.


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