Caranchos en la Subsecretaría de DDHH

La historia oculta de Fernando Cano, ex subsecretario de DDHH de la Provincia de Buenos Aires. La jugada de Daniel Scioli tras las irregularidades  y los aprietes sufridos por los trabajadores disidentes con la política oficial.

 

 

En el ajedrez, el enroque es una jugada que se realiza para proteger al rey. En la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli estaba siendo jaqueado por las denuncias de los trabajadores que habían cobrado estado público, las editoriales de Horacio Verbitsky en Página 12 y porque su vice, Gabriel Mariotto, había recibido a los críticos de Sara Derotier de Cobacho y su hijo político, Cano. Vale recordar que la Secretaria es la madre de dos jóvenes militantes de Montoneros, desaparecidos en los setenta, uno a mano de la Triple A y otro durante los años dictatoriales cuya nieta, Amanda Danielis, está casada con Cano y también trabaja en esa dependencia estatal. Ante el inminente jaque del cristinismo más recalcitrante, Scioli protegió a su reina Cobacho quien negoció un enroque que dejó a los empleados desplazados y a los apretados, con sabor a poco.

El enroque diseñado por el gobernador con el beneplácito de una Sara Derotier convertida en una especie de Hebe de Bonafini de Cano en los tiempos en que la Madre apañaba en todos sus caprichos al Hijo, consistió en reubicar a Cano como director de la Escuela de Gobierno de la Jefatura de Gabinete Provincial mientras sin eyectarlo de la estructura estatal. El funcionario que ocupaba ese lugar pasó a ocupar el de Cano. Se trata del sociólogo Gustavo J. Nahmias, un hombre sin antecedentes en materia de militancia en la defensa de los derechos humanos, con un claro perfil técnico y con un currículo generoso en títulos aniversarios y sin escándalos de corrupción, algo destacable en los tiempos actuales. Sin embargo, los trabajadores denuncian que la estructura diseñada por Cano y Sara Derotier aun permanece inalterable, esto es, parientes, amigos y una red de abogados con un pasado relacionado con el mundo de los caranchos.

La historia es de película pero aquí no están Ricardo Darín ni mucho menos Martina Gusmán, aunque la trama guarda varias similitudes. El pasado oscuro del, hasta hace una semana, subsecretario de Derechos Humanos, se relacionaba con el submundo del delito y de la estafa, en relación con el aprovechamiento de las víctimas de accidentes de tránsito inventando, muchas veces, tales siniestros, como así también de estafas a ancianas desamparadas herederas de jugosas fortunas como fue el caso de la familia Casadey asentado en tres expedientes que descansan en los despachos de la justicia tucumana en los expedientes 3843/72, 6534/06 y 31/86. Según Francisco Casadey, Cano estafó a su familia en la sucesión de sus bienes compuesto por siete propiedades en Tucumán y distintas cuentas bancarias en Córdoba. En el año 2002, el heredero Casadey y su madre, Clelia, le otorgaron un poder a Cano y a su socio Héctor Gabriel Martín para ocuparse de la sucesión de los bienes de su padre.

Misteriosamente, Francisco Casadey comenzó a ser investigado por la justicia tucumana quien lo acusaba de no administrar correctamente sus bienes mientras que su representante legal se presentaba como heredero de una de las propiedades de mayor valor, un hotel situado sobre la Avenida Córdoba al 2000 en Capital Federal, merced a un supuesto papel firmado por la convaleciente Clelia quien, poco después, fallecería. Según las denuncias presentadas por Francisco Casadey, fallecido el año pasado, y reflejadas en un libro La Injusticia al Poder (Ediciones Alfafuerte, 2010) que se puede bajar gratuitamente desde la web, Cano, Martin y otro abogado tucumano de apellido Mena engañaron a su madre, la tuvieron secuestrada, usurparon las propiedades y, con complicidad de un juez de la dictadura que aún dicta justicia en Tucumán, se quedaron con la herencia de su padre.

El hecho que lo colocó en las portadas de medios digitales de la provincia a Fernando Cano y a Sara Derotier fue cuando ambos denunciaron un faltante de dinero de sus oficinas hace dos años. Germán Córdoba, ex integrante de la secretaría, comenzó a sospechar de las supuestas víctimas. Se hablaba de 190 mil pesos, luego de 160 mil, cuando la caja chica que se guardaba en la caja fuerte de la oficina no superaba los 30 mil pesos. Cobacho decía que le habían robado el dinero de su jubilación como senadora provincial pero a Córdoba no le cerraba, ni el monto, ni que la funcionaria cobrase el grueso de sus ingresos para dejarlos todo un fin de semana en una caja fuerte del organismo público. Imaginó las posibilidades de extraer tanto dinero junto y le cuestionó a Cobacho sus dichos. Cuánto más cuestionó la verosimilitud de la versión oficial, más lo alejaron del caso al igual que a otros asesores como Daniel Cabezas que iban quedando relegados por discusiones con Fernando Cano. Robo armado o no, la versión oficial le echó la culpa a los “resabios de la última dictadura militar” que volvían a atacar a los derechos humanos luego del secuestro de Jorge Julio López y que continuaban actuando con total impunidad. Cuando el robo se hizo público, Página 12 le dedicó varias líneas al tema y supuestamente los ladrones se entregaron y devolvieron unos celulares y una parte de la plata. El escándalo no llegó a mayores pero los opositores a Cano pegaron el portazo.

El 20 de diciembre del 2011, Horacio Verbitsky retomó el tema en Página 12 lo que provocó la dura respuesta del jefe de gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, quien salió a defender a la histórica luchadora de los derechos humanos y la ratificó en su cargo. En la nota, el escritor y periodista dijo que Cobacho no estaba calificada para el cargo y que, “debido a su crítica salud ha delegado sus facultades en el esposo de su nieta, Fernando Cano, de comprobada incompetencia”. El autor de Robo para la Corona agregó que todavía nadie había explicado “el origen de los 190.000 pesos que según el oficial policial de la división narcotráfico, Gustavo Mena, fueron robados de la caja fuerte de la Secretaría, suma imposible de justificar. Ni pueden rendir cuentas del trámite vidrioso por el cual los ladrones (uno de ellos también policía de narcotráfico) devolvieron la netbook de Cobacho, de madrugada, en un café, con presencia de oficiales de la policía y del juez César Melazo”.

Si el futuro político de Fernando Cano es sombrío, el de Sara Derotier de Cobacho no está despejado de nubarrones y tormentas. Nahmias, el flamante segundo de Sara, quien ya ha superado los 80 años de edad y que ingresó a la política de la mano de Eduardo Duhalde quien le dio la oportunidad de ser senadora provincial, puede convertirse en una suerte de interventor que reportará a Alberto Pérez para el desembarco de Guido Carlotto o, quedarse por un plazo más extenso.

Por ahora, entre los trabajadores de la secretaría de derechos humanos la tensión no cesa y aguardan que el sucesor de Cano desarticule la red de negociados instauradas por el hijo político de Sara Derotier de Cobacho.

Públicamente, el sciolismo puro habla de una victoria por haber logrado mantener a Sara Derotier en su puesto pero, no son pocos los que auguran que el escenario mutará en derrota en los próximos 60 días. Mientras tanto, la secretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, distrito donde convive un servicio penitenciario caduco y el gatillo fácil de la maldita policía bonaerense, está paralizada, esperando conocer su destino.